Lo que no sucede en las universidades públicas españolas

Tanto en la investigación social como en el periodismo, se escribe, se documenta o se analiza sobre lo que sucede. Dicho así, suena hasta demasiado obvio. Ahora bien, actualmente, en los escenarios sociales de los relatos interesados como las fakenews o de los discursos de la posverdad, quizás la tarea desde el periodismo o la investigación sea observar hacia lo que no sucede o, al menos, hacia donde parece que nada sucede. ¿Por qué?, porque, quizás, lo que se nos presenta como existente sea una realidad construida interesada al poder, ya sea éste económico, político o universitario.

En las universidades públicas españolas no sucede que se logre la estabilidad laboral y vital para el personal investigador y que se reconozca el trabajo real del profesorado asociado, ya que, fundamentalmente, lo que no pasa es que se cumplan las leyes laborales o las propias de la universidad y de la ciencia.

Durante este año, 2022, se ha revisado y modificado la Ley de la Ciencia de 2011, además se han aprobado regulaciones laborales que dejan fuera de lo legal a los contratos por obras y servicios a fin de que se extiendan los contratos indefinidos. Este cambio, realizado para mejorar la situación de los y las trabajadoras y por mandato de las políticas europeas, preocupa a los gobiernos universitarios pues parece que no están dispuestos a establecer relaciones laborales indefinidas por mucho que las leyes les obliguen. En el pasado octubre, en unas jornadas sobre cultura laboral en investigación, escuchamos bastantes casos y situaciones en los que las gerencias universitarias encontraban recovecos para realizar contratos en prácticas a personas con más de diez años de experiencia postdoctoral o para mantener a personal investigador con sucesivos contratos temporales ¡durante 20 años!

La Ley de Universidades, a punto de aprobarse, representa también una buena ocasión para revisar la figura del profesorado asociado. Por ejemplo, todavía en convocatorias de la Universitat de València, publicadas en el mismo Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, para plazas de profesorado asociado aparecen las expresiones “o reincorporación de la persona titular” o “provisión de la plaza vacante”. ¿Se ha usado y se usa al profesorado asociado para hacer sustituciones cuando la Ley de Universidades vigente lo define como profesional de prestigio para aportar su experiencia a la universidad y justifica su relación temporal en esa especial figura? Una definición que se mantiene en la que va ser la nueva Ley. De nuevo, lo que no sucede es que se cumpla la ley.

En la carrera de los y las investigadoras, sus inicios dependen de contratos de proyectos de investigación o de convocatorias para la contratación de personal investigador, como las conocidas convocatorias Ramón y Cajal o María Zambrano. Gracias a esos contratos o convocatorias, las universidades españolas se financian, mayormente de dinero público, para producir investigación ―de la que puntúa alto en los rankings―, al mismo tiempo que niegan la relación estable con el personal investigador. Un caso similar al del profesorado asociado que realiza sustituciones para bajas, sabáticos y disminución de la carga docente a coste muy bajo y que sostiene más del 50% la docencia en grados universitarios. Una oferta académica, la de los grados, por la que las universidades públicas reciben subvención, nuevamente de dinero público, pero también se niegan a establecer una relación estable con el profesorado asociado.

No puntúa en los ‘rankings’

No sucede que al poder universitario le interese dar estabilidad al personal laboral porque su bienestar no puntúa ni en los rankings ni su voto tiene peso en las todavía elecciones censitarias universitarias. Y esto no va a cambiar en la nueva ley de universidades. El poder universitario no ha cumplido las leyes hasta ahora y nada hace pensar que vaya a cambiar.

Es importante ser conscientes de que tampoco sucede que las personas implicadas en estos procesos ―personal investigador y profesorado asociado― puedan permitirse denunciar la situación sin poner en riesgo la renovación contractual de su singular puesto de trabajo, por lo que solo podrán denunciar, con la Ley en su mano, cuando la relación se termine.

Señor ministro de Universidades, como investigador social, debería plantearse analizar lo que no sucede, porque si no puede que nos encontremos con el ejercicio de que todo cambie para que todo siga como está.

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