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Profesorado universitario
Tribuna
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Otro modelo de evaluación del profesorado universitario es posible

El colectivo Uni-Digna defiende un cambio hacia un sistema de reconocimiento de los méritos docentes e investigadores que fomente el servicio de la sociedad y no del negocio editorial

Una profesora imparte clase en la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid.
Una profesora imparte clase en la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid.David Expósito

Dos de las tareas más relevantes de las universidades son la docencia y la investigación. La calidad y el equilibrio entre ambas funciones dependen en gran medida del sistema de evaluación al que son sometidas. La evaluación de las mismas es una exigencia de toda política educativa y de investigación para mejorar su calidad y equidad.

Pero toda evaluación tiene sus efectos, aunque no siempre sean los deseados. El punto nueve del reconocido Manifiesto de Leiden sobre indicadores de la evaluación, suscrito por la agencia nacional de evaluación Aneca, declara que deben reconocerse los efectos sistémicos de la evaluación y los indicadores, pues los indicadores que se utilizan cambian el sistema científico a través de los incentivos que establecen.

Macrogranjas de gallinas ponedoras de ‘papers’

De hecho, una mirada crítica sobre las universidades españolas muestra que estas se han convertido en “macrogranjas de gallinas ponedoras de papers”, como denuncian expertos y expertas: a día de hoy, lo que importa al personal investigador o docente universitario español es disponer de una cesta repleta de papers que cumpla con los requisitos de las agencias de evaluación (Delgado y Martín-Martín, 2022). El peso que se otorga a los méritos de investigación en forma de publicaciones en revistas es desmedido.

La investigación es la dimensión más valorada, con diferencia, por el sistema de evaluación académica. En consecuencia, el personal académico tiende a dedicar todos sus afanes a cultivar esta dimensión, orillando o abandonando, si llega el caso, aquellas actividades que puedan o se perciban como entorpecimiento: la mal llamada “carga docente” (denotación negativa asignada a la tarea docente), la extensión universitaria (la relación de la universidad con la comunidad social en la que está inmersa y a la que se supone que sirve) o la participación democrática en la gestión y funcionamiento de la propia universidad. El resultado es la desvalorización, subordinación y precarización de la docencia respecto a la investigación. Siendo la docencia universitaria una de las tareas esenciales de nuestras universidades, es la que menos se valora en la trayectoria de los profesores universitarios.

Además, este modelo de evaluación de la Aneca también devalúa la actividad investigadora universitaria, pues lo que se valora es la traducción cuantitativa de ella en formato de publicaciones citadas principalmente en dos plataformas privadas pertenecientes a multinacionales extranjeras: Clarivate y Elsevier. Estas multinacionales reciben cuantiosas remuneraciones por parte del erario público español para que sus accionistas sigan controlando y enriqueciéndose de la investigación de nuestras universidades, la cual ofrecemos gratuitamente aunque después tengamos que pagar por poder acceder a ellas. Un negocio privado redondo a costa de lo público.

Este mecanismo decidido por voluntad política de nuestros gobiernos, a través de la Aneca, convierte al docente-investigador en una especie de gestor emprendedor, obligado permanentemente a maximizar y rentabilizar sus creaciones o producciones investigadoras. Se acaba reduciendo el oficio investigador a una especie de operación de cálculo instrumental que organiza el trabajo científico y sus resultados en estructuras estandarizadas promovidas desde esas multinacionales extranjeras comercializadoras del conocimiento y validadas por las agencias de evaluación españolas.

Cultura del impacto

En definitiva, la publicación de un número de artículos, variable según el campo científico, en revistas bien posicionadas que figuren en los rankings de las plataformas de ambas multinacionales, Journal Citation Reports (JCR) o Scimago Journal Rank (SJR), es el requisito exigido para acceder, estabilizar y progresar en la carrera académica (acreditación, sexenios de investigación). Se instala la “cultura del impacto”, obsesionados por el número de veces que es citado mi artículo y la posición en el ranking de la revista en la que he publicado.

Este proceso, de aparente objetividad, no está exento de irracionalidad y efectos indeseados, algunos perversos, por ejemplo:

  1. Al tenerse en cuenta el índice de impacto de la revista, lo que se valora es la calidad del medio en que se publica y no el producto en sí, es decir, se da más validez al continente (tipo de revista) y no tanto al contenido del artículo. Esto también implica que se desechan numerosos artículos valiosos por el hecho de haberse publicado en revistas de menor difusión.
  2. Se impone un estilo narrativo minimalista —”esquematismo científico”—, con un número de páginas y una estructura rígida del formato del artículo. Este estilo, consistente en subdividir una investigación hasta la mínima unidad publicable, limita la capacidad de reflexión crítica y el análisis en profundidad de los temas.
  3. Se incentiva el plagio, el corta y pega, la publicación por entregas para inflar el impacto, incluyendo aspectos parciales de un estudio, con la consiguiente reiteración y pérdida de sentido del conjunto.
  4. Se establece una determinada concepción de “transferencia del conocimiento”, que se identifica con la publicación en determinadas revistas académicas que monopolizan el mercado editorial. En España, el 20% de las revistas de ciencias sociales concentran el 80% de las citas. Además, promueven el dominio de determinados paradigmas de investigación y dificultan la difusión de paradigmas heterodoxos, imponiendo una metodología y formato de producción como hegemónicos para el conjunto de las ciencias.
  5. El sistema genera estrés y situaciones de ansiedad en el profesorado, especialmente en el más joven y precario, introduce una perversa lógica de competitividad extrema, castiga la colaboración y el trabajo en equipo, disminuye y desvaloriza la aportación de la universidad a la sociedad y a la sostenibilidad y alienta el desarrollo de prácticas poco éticas, además de promover el cinismo de los organismos responsables de gestionar la investigación, que se subordinan a los intereses económicos de un mercado editorial, mientras firman declaraciones internacionales sobre prácticas de evaluación que sistemáticamente incumplen.

Esto origina otros efectos negativos añadidos al sistema universitario: dificultad para conformar comunidades de práctica que compartan y revisen su actividad docente (se instala la cultura de la competición); una concepción restringida y mercantilizada de los tiempos universitarios que ignora e invisibiliza todo aquello que no se ajuste a dicha evaluación (cultura de productividad restringida); el aumento de la fragilidad de la comunidad académica que ve peligrar trayectorias biográficas, abandona tareas valiosas o conciliación de la vida personal.

Todas las expresiones de la vida académica quedan afectadas por esa “cultura del impacto”: los concursos de acceso a la universidad dan prioridad a los méritos investigadores, cuando la mayoría de los nuevos aspirantes a la universidad son contratados por necesidades docentes; los congresos y las reuniones científicas ofrecen como reclamo la publicación de los mejores papers en revistas o editoriales de impacto, convirtiéndose en instrumentos para alimentar la carrera de méritos; las tesis doctorales pierden el carácter de investigación global e integrado para fragmentarse en artículos, convirtiendo a las revistas en determinantes de la estructura y plazos de defensa de las tesis; etcétera.

Otra forma de evaluación es posible y necesaria

A pesar de esta situación, sabemos que otra forma de evaluación es posible y, sobre todo, necesaria. Desde Unidigna proponemos unas primeras medidas para avanzar en este sentido. Propuestas que han de completarse con otras y enmarcarse en una reforma global de los procesos de acreditación negociada y consensuada con la comunidad universitaria:

Es evidente que otra universidad es posible. Desde el colectivo Unidigna reivindicamos un modelo alternativo de evaluación del profesorado universitario, como condición para construir una universidad al servicio del bien común y de la sociedad. Un modelo de universidad donde la docencia y la investigación reviertan sobre la sociedad en general, especialmente al servicio de los sectores más desfavorecidos y de las necesidades sociales más importantes, un modelo de universidad que no esté al dictado de empresas editoriales, como sucede en la actualidad, con marcados intereses comerciales y unas líneas de investigación alejadas de los intereses y demandas de la sociedad en general.

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