Alegría advierte de que actuará si las comunidades contravienen la ley de Educación: Murcia, Madrid y Cataluña plantean conflictos
Los límites de suspensos a la hora de pasar de curso, el calendario de implantación del nuevo currículo y las reglas para impedir las escuelas guetos de estas autonomías parecen contradecir la normativa estatal
![La ministra de Educación, Pilar Alegría, el jueves en un colegio de La Rioja.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/NSKYQTX5NPH52YW6PKQY46QP7E.jpg?auth=696eb17b72484131ae1abec30fd4f3e9d06cc12d3aa59c247586412512427494&width=414)
![Ignacio Zafra](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F4d89325c-7f93-4b69-b7eb-b1b3b272c02d.jpg?auth=eb0419eecf558bcf53cd5f7086dca9762dfd83c9619fba0f80a50674db2f041f&width=100&height=100&smart=true)
La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha advertido este viernes que el Gobierno tomará medidas si las comunidades autónomas contravienen la nueva normativa de enseñanza de carácter básico: la ley de Educación y los decretos que la desarrollan. Una vez aprobado el marco general, los Ejecutivos autonómicos están completando la normativa para adaptarla a sus territorios. Y algunos de los planteamientos realizados por Madrid, Cataluña y Murcia parecen contradecir la regulación estatal. En una entrevista en RNE, Alegría ha afirmado: “Las comunidades tienen competencia en materia educativa. Ahora, una vez aprobados los decretos de enseñanza pueden ampliarlos. Lo que no se puede en ningún caso es contravenir una ley aprobada en el Congreso de los Diputados, y si hay alguna cuestión que contraviene, el Gobierno actuará”.
A la ministra le habían preguntado por el caso de Murcia, que según publicó El Mundo, prevé establecer un límite de tres materias no superadas para promocionar de curso en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). La normativa básica de dicha etapa elaborada por el Ministerio de Educación establece que la decisión sobre si un estudiante pasa o no de curso debe adoptarla el equipo docente “atendiendo al grado de consecución de los objetivos y de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno o la alumna”. Para obtener el título de la ESO la norma básica especifica más e indica que las comunidades podrán “establecer criterios para orientar la toma de decisiones de los equipos docentes” acerca de la graduación de un estudiante, siempre que dichas directrices “no impliquen la fijación del número ni la tipología de las materias no superadas”.
Alegría ha dicho que cuando el borrador del currículo autonómico de Murcia pase a exposición pública, el ministerio lo estudiará y si detecta algún elemento que contradice la legislación básica el Gobierno lo advertirá. Recientemente, ha añadido Alegría, el Ejecutivo murciano fue avisado de que su normativa de admisión de alumnado contradecía el marco general y la comunidad gobernada por el PP rectificó.
Requerimiento a la Comunidad de Madrid
Las reglas de admisión de los alumnos, que la Lomloe ha cambiado para intentar que el alumnado con mayores dificultades socioeconómicas sea distribuido de forma equilibrada en los centros sostenidos con fondos públicos (es decir, en las escuelas públicas, donde suelen concentrarse, y en las concertadas), ya ha llevado al ministerio a presentar un requerimiento a la Comunidad de Madrid, al entender que su nueva normativa contradice la legislación básica.
La otra fuente probable de conflicto en el horizonte por el desarrollo curricular es Cataluña. Su Departamento de Educación ha incluido en el primer borrador del currículo autonómico que los alumnos podrán pasar de primero a segundo de Bachillerato con tres suspensos (cuando el marco estatal fija el límite en dos). Y, además, su consejero, Josep Cambray, dijo en marzo, en el contexto de las protestas de docentes contra su gestión, que dejaría en manos de los centros educativos la decisión de empezar a aplicar el nuevo currículo educativo el curso que viene o retrasarlo al siguiente. Algo que, con la Lomloe en la mano, no cabe, ya que el calendario de implantación de la ley orgánica establece que debe comenzar en septiembre.
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