La Junta de Andalucía prohíbe a una niña de Granada entrar en el colegio sin mascarilla

La negativa de unos padres a que su hija de seis años lleve mascarilla impide que la niña pueda asistir a clase desde el viernes 24 de septiembre. Según la normativa de la Junta de Andalucía, todos los niños y niñas de seis o más años deben llevarla durante su estancia en el centro escolar, algo a lo que se niegan los progenitores. Esta situación se inició el viernes pasado cuando los dos progenitores acudieron con su hija al centro, el colegio público Virgen de Fátima en Lancha del Genil, un barrio de la ciudad de Granada, a la hora de la entrada a clase. Ante la negativa de los padres a que su hija vistiera la mascarilla, la dirección del centro les requirió la documentación que legalmente puede exonerarla de llevarla, un certificado médico que pudiera justificar que la menor no use mascarilla. Los padres argumentaron razones médicas —problemas respiratorios—, pero no pudieron justificar su actuación documentalmente. En ese momento, se organizó, según fuentes policiales, un pequeño lío en el colegio, con la niña delante. Este caso recuerda, entre otros, al de dos hermanas de un colegio de Cáceres, que tampoco pudieron acceder al centro por la negativa de los padres a que usen mascarilla.

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La policía local sugirió entonces que retiraran a la niña del lugar mientras se tomaba una decisión. La discusión siguió con el padre, cuentan fuentes que estuvieron presentes, algo alterado. Finalmente, ante la negativa a que llevara mascarilla y la imposibilidad de justificarlo documentalmente, la niña hubo de volver a casa. Desde entonces, según fuentes de la policía local, el patrón de actuación de los padres es el mismo cada mañana: acuden al centro educativo con la niña, sin mascarilla, la dejan en el coche y acuden a dirección a insistir en su intención. Ante la negativa, presentan escritos dejando constancia de que a su hija no la dejan asistir a clase. La policía local, que acude cada mañana al centro desde entonces, ha confirmado a este diario que ha presentado un escrito ante Fiscalía explicando los hechos por si la actuación de los padres fuera constitutiva de un delito. En el caso de Cáceres fue la Junta de Extremadura la que trasladó el caso a la Fiscalía.

La Fiscalía de Menores de Granada, tras recibir el informe este martes de la Policía Local, ha abierto un expediente de protección de riesgo de la menor y ha solicitado al juzgado de guardia que tome testimonio al progenitor para comprobar si existe un posible delito de abandono del menor. El Ministerio Público considera que se podría estar vulnerando el derecho a la educación de la menor. Se trata aparentemente más de una medida preventiva que real ya que aún no han pasado los cinco días necesarios para que se considere la opción de absentismo escola.

Este martes, la niña ha faltado a clase por tercer día consecutivo. A partir del quinto día, en concreto cuando el alumno o alumna falte a clase el 25% del horario lectivo del mes, el colegio puede abrir un expediente de absentismo. Previamente, el centro debe tratar el asunto con la familia y ver las razones de la no asistencia a clase, algo que ya conocen en este caso. A partir de ahí, si la dirección del centro lo considera oportuno deberá abrir el expediente y trasladar el caso a la Delegación Provincial de Educación, que deberá evaluar con el servicio de inspección qué medidas han de tomarse. En situaciones extremas, Educación puede trasladar el caso a la Fiscalía.

A principios de curso, en la localidad mallorquina de Costitx se denegó el acceso a dos alumnos de primaria por negarse sus padres a que utilizaran el tapabocas. Días después, las familias rectificaron. En Extremadura, también se registró el caso de dos hermanas en un colegio público de Cáceres. “El conflicto se solucionó gracias a la mediación y la familia dio marcha atrás”, confirman fuentes de la Consejería de Educación.

En el caso de Andalucía, la Junta ha emitido este martes un comunicado respecto a los casos en los que el alumnado no lleva mascarilla. El escrito recuerda que “en el caso de que las familias no aporten ningún informe médico, el centro aplicará su reglamento, ofreciendo una mascarilla. En el caso de no ponérsela, no permitirá que dicho alumnado acceda al centro”, procedimiento que se está siguiendo en este caso de Granada. A partir de ahí, Educación recuerda que “las faltas injustificadas de asistencia al centro conllevarán la apertura del protocolo de absentismo, cuando se acumule el preceptivo número de faltas. En el caso de aportar informes médicos, el centro educativo estudiará la respuesta educativa más apropiada para el alumnado, en función de la etapa educativa en la que esté matriculado y de los recursos disponibles, contando con el asesoramiento, si fuera necesario, del inspector de referencia”.

El consejero de Educación andaluz, Javier Imbroda, ha explicado en esa nota que “a esas familias quiero recordarles el respecto a la convivencia, y convivir significa cumplir unas normas, y entre ellas están las que nos han dictado las autoridades sanitarias, que no son ningún capricho. Una de ellas es el uso obligatorio de las mascarillas. Si esas familias les dicen a sus hijos que no lleven mascarillas no están facilitando ni respetando la convivencia... Este consejero no va a consentir la más mínima falta de respeto a las normas de convivencia en un centro educativo”. Imbroda ha concluido sus declaraciones recordando que “los docentes lo que necesitan fundamentalmente es tranquilidad, no necesitan ruido”.

La pandemia generó el curso pasado un nuevo tipo de absentismo: el de los alumnos cuyas familias no querían que fueran a clase por miedo a que se contagiaran de la covid. A principio de curso, el Ministerio de Educación pidió un informe a la Abogacía del Estado, que recordó que la educación es obligatoria entre los seis y los 16 años y que la no asistencia podía tener consecuencias penales y en materia de patria potestad. Pero la Abogacía también dijo que en caso de que el alumno o alguna de las personas con las que convivía tuviera problemas de salud que los hicieran especialmente vulnerables a la covid, dicha circunstancia debía ser analizada caso a caso y podía justificar la decisión de no asistir a clase.

EL PAÍS preguntó hace unas semanas a las comunidades autónomas cuántas familias alegaron motivos de su salud para que sus hijos no fueran a clase. Contestaron seis: Andalucía (6.615 alumnos), Canarias (467), Baleares (241), Castilla y León (160) y Galicia (100). En total, 7.610, una cifra que incluye tanto los casos en que la inasistencia se consideró justificada como aquellos en que no lo fue, porque las comunidades en general no hicieron distinciones. Galicia sí indicó que un 30% de los casos fueron remitidos a la Fiscalía. El presidente de la asociación Instituto Andaluz para la Prevención del Acoso Escolar, Rafael Romero, afirma que su entidad asesoró a 2.000 familias en toda España que no querían llevar a sus hijos a clase, de las cuales unas 800 vieron rechazadas su solicitud. De ellas, 500 acataron la decisión. Y entre las 300 que no lo hicieron hubo 80 en que los centros comunicaron a final de curso que sus hijos tendrían que repetir. Varios casos llegaron a la fiscalía, pero ninguno, dice Romero, llegó a juicio.

La decisión de aceptar o no las justificaciones médicas presentadas por los padres quedó en primera instancia en manos de los centros educativos. Un responsable educativo afirma que, tras el dictamen de la Abogacía del Estado, su departamento transmitió a los centros educativos que actuaran con mano izquierda. Según las abogadas del Instituto Andaluz para la Prevención del Acoso Escolar, Almudena Jiménez y Alicia de la Puente, la respuesta de las comunidades fue desigual, y Castilla y León fue especialmente reacia a aceptar peticiones.

Si los centros educativos no consideraban suficientes los argumentos de los padres y los alumnos seguían sin ir a clase se activaba el procedimiento por absentismo, que en un primer nivel implicó, como es habitual, la intervención de los servicios sociales municipales apoyados en ocasiones por la policía local. En parte de los casos, el asunto se elevó a la Fiscalía para que analizara si el comportamiento de los padres podía constituir el delito recogido en el artículo 226 del Código Penal, que castiga el incumplimiento de los “deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad”, que además de pena de hasta seis meses de prisión y de multa puede llevar acarreado la retirada de la patria potestad por un plazo de hasta 10 años. Los casos que la Fiscalía acabó asumiendo fueron, sin embargo, muy pocos, aseguraba a finales de julio a EL PAÍS el Fiscal coordinador de Menores, Eduardo Esteban, y el número de expedientes abiertos por la fiscalía se mantuvo en niveles similares a los de otros años.

El presidente del Instituto Andaluz para la Prevención del Acoso Escolar, afirma que en algunos de los casos en que se comunicó a las familias que los alumnos que tendrían que repetir, después de que no los hubieran llevado a clase y de que los centros se negaran a ofrecerles enseñanza a distancia, los responsables escolares pactaron con las familias que estas llevaran a sus hijos al menos un par de semanas a final de curso y a cambio cerraron los expedientes de absentismo.

Mascarilla obligatoria

En Andalucía, la normativa que rige el uso de mascarillas es una instrucción de la Viceconsejería de Educación del 13 de julio de este año que establece que “será obligatorio en todo momento dentro de las instalaciones del centro docente que el alumnado use mascarillas, exceptuando los menores de seis años. No obstante, para el alumnado entre tres y seis años, también será obligatorio el uso de mascarilla fuera de su clase o grupo de convivencia (entrada y salida del centro, transporte escolar, zonas comunes, recreo, etcétera)”.

Esta obligatoriedad aplica en toda España, según el protocolo acordado para este curso entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Solo podrá quitarse al consumir alimentos y bebidas, por razones médicas y, en algunas comunidades, en actividades en el exterior, como Educación Física.

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