La nueva ley educativa frena la entrega de suelo municipal para colegios concertados

Los Ayuntamientos solo podrán ceder suelo para la construcción de centros educativos si estos son de titularidad pública, según el cambio incorporado este jueves al proyecto de ley de Educación que se tramita en el Congreso. La previsión persigue atajar la entrega de solares para la edificación de centros privados y privados concertados que ha sido frecuente en las últimas décadas en comunidades como Madrid, han señalado fuentes parlamentarias a EL PAÍS.

El cambio había sido planteado mediante una enmienda al proyecto legislativo por Unidas Podemos, y ha recibido el apoyo del PSOE y Más País, la abstención de ERC y PNV, y los votos en contra de PP, Vox y Cs en la ponencia de la Lomloe (Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica de Educación) reunida este jueves por la tarde.

Después de la aprobación de la enmienda, la disposición adicional decimoquinta indica en su punto cuatro: “Los municipios cooperarán con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes públicos”. En el texto original no figuraba la palabra públicos.

Esta disposición adicional es la que regula en la ley la relación que pueden mantener en materia educativa las comunidades autónomas (que son las competentes en la organización escolar y construcción de infraestructuras educativas) con los “municipios, corporaciones o entidades locales”. Y al acotar a los centros públicos la colaboración que pueden prestar en cuanto a suelo, se impide que este pueda destinarse a colegios privados, aunque sean concertados, señala el portavoz de Educación del grupo parlamentario de Unidas Podemos Joan Mena.

El proyecto de ley, aprobado en mayo por el Gobierno, ya había eliminado una referencia al uso por parte de entidades privadas de solares públicos. Se trata de la previsión que figura en el apartado ocho del artículo 116 de la ley aprobada hace siete años por el PP, de momento en vigor, que establece: “Las Administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional”.

Cambio polémico

La tramitación de la Lomloe ha cerrado este jueves la fase de enmiendas, que ha incluido el polémico cambio de la la eliminación de la referencia a que el castellano debe ser lengua vehicular en toda España (una medida pensada para facilitar los programas de inmersión lingüística), una apuesta por la escuela pública y un reparto más equilibrados del alumnado vulnerable entre esta red y la concertada, o el fin de los conciertos para las escuelas que segreguen a los estudiantes por sexo.

Clima muy distinto

El proyecto afronta ahora la recta final en un clima muy distinto al de julio, cuando el Congreso rechazó la parte social del dictamen de la Comisión de Reconstrucción, debido al desacuerdo en las cuestiones educativas. Aquella derrota hizo sonar las alarmas en los partidos que integran el Gobierno por la sombra que proyectaba sobre el proyecto de ley educativa. Las últimas semanas, en las que PSOE y Podemos han logrado aprobar el centenar de enmiendas que presentaron conjuntamente y han pactado un número mayor con distintas fuerzas, han cambiado el ambiente, y ahora ambos grupos creen que la ley está encarrilada.

Aprobar la Lomloe, que es una ley orgánica, exige mayoría absoluta. Es decir, más votos afirmativos que los de la investidura del presidente Pedro Sánchez, que fue por mayoría simple. Socialistas y Podemos confían en que tendrán los apoyos. Piensan, de hecho, que gracias al rechazo que la actual norma (la ley Wert) despierta en muchos grupos de la Cámara, el resultado podría acabar siendo algo superior al estrictamente necesario. La base con la que esperan contar, y que sería suficiente para sacar adelante la Lomloe, incluye a Esquerra, Más País y PNV, los partidos con los que han sacado adelante la mayor parte de las enmiendas (aunque en el terreno de los conciertos el apoyo no lo han recibido del PNV, sino de Bildu). El apoyo de Cs, que parecía muy difícil (el del PP y Vox no han llegado a contemplarse durante la tramitación) parece descartado tras los últimos cambios introducidos en el proyecto de ley.

Objetivo: llegar a tiempo al próximo curso

PSOE y Podemos esperan que el texto de la ley, actualizado con las enmiendas, se vote la semana que viene en la comisión de Educación y sea aprobado definitivamente en el pleno del Congreso y en el Senado antes de fin de año. Si el calendario se retrasa, advierten, se corre el riesgo de que no dé tiempo a aprobar el próximo curso parte de los cambios previstos en la ley y en el resto de normas que esperan desarrollar una vez entre en vigor la Lomloe.

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