La crisis del coronavirus

Universidades endurece la vuelta a las aulas: estas son las medidas acordadas

La mascarilla será obligatoria en todo momento y habrá un responsable covid que rastree los contactos estrechos de los contagiados en el campus

Señalización en el suelo de los pasillos, en la Universidad de Córdoba.
Señalización en el suelo de los pasillos, en la Universidad de Córdoba.PACO PUENTES / EL PAÍS

Ni la mayoría de los rectores ni el Ministerio de Universidades han contemplado nunca una vuelta total a las aulas, que acogen a 1,3 millones de universitarios. En julio, optimistas, apostaron por un sistema bimodal —con parte del alumnado siguiendo desde su casa la lección magistral y parte en el aula, y las prácticas siempre in situ—, pero ahora que arrancan las clases —lo harán escalonadamente hasta la primera semana de octubre― ven la necesidad de endurecer las medidas anticontagio visto el avance de la pandemia, que se ceba especialmente en el ocio nocturno de los jóvenes. Estas son las medidas acordadas este lunes en la reunión del secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, y una representación de los consejeros autonómicos. El ministro Manuel Castells fue operado el pasado viernes y no ha asistido a la cita.

Mascarilla. La ministra de Educación, Isabel Celaá, anunció la semana pasada que a partir de los seis años los escolares llevarían en todo momento mascarilla y, como era de prever, los ministerios de Universidades y Sanidad han determinado que los alumnos de educación superior también se la pongan siempre. En los exámenes de selectividad de julio, a última hora, varias comunidades exigieron a los candidatos portar la mascarilla durante cada examen, mientras otras optaron porque se la quitasen cuando distaban metro y medio sentados en el aula. Para este inicio de curso el anterior protocolo contempló que los alumnos no la llevasen durante la lección.

Responsable covid. Universidades también coincide con Educación en la necesidad de contar con un responsable covid en cada una de las 83 universidades (50 de ellas públicas). Este gestor, a su vez, tendrá que coordinar a responsables covid en cada facultad. Esta es una obligación, no una recomendación, pues emana del Ministerio de Sanidad y prevalece su autoridad frente a la autonomía universitaria.

Rastreo en el campus. El responsable covid de un centro, en el caso de que haya un caso, ayudará a determinar con qué personas de la comunidad universitaria ha tenido contacto estrecho. Se entiende por estrecho a cualquier persona que ha pasado más de 15 minutos a menos de dos metros de distancia del infectado sin mascarilla desde las 48 horas anteriores al inicio de síntomas. Esos contactos se someterán a una prueba PCR y, con independencia del resultado, deberán guardar cuarentena, pues pueden desarrollar la enfermedad a lo largo de los siguientes 14 días.

Cuarentena. La readaptación del protocolo prevé que cualquier estudiante o profesor con síntomas debe quedarse en casa hasta que se someta a la prueba PCR. Si el resultado es positivo, la persona no podrá volver a la Universidad hasta pasados tres días tras el fin de los síntomas, y siempre tras contar con autorización de las autoridades sanitarias.

Aire fresco. El documento de 26 páginas propone que las ventanas de las aulas se mantengan abiertas en la medida de lo posible y si no que los espacios se ventilen entre 10 y 15 minutos entre clase y clase. Durante la selectividad algunas facultades optaron por abrir las ventanas a la vez que mantenían puesto el aire acondicionado, lo que convirtió las aulas en un horno. Estas ventilaciones forzadas obligarán a reducir la duración de las lecciones, que se acerca a la hora en la mayoría de los centros.

Docencia en reclusión. “El estudiante que pasa a una situación de aislamiento tendrá derecho a recibir la docencia correspondiente de forma no presencial, siempre atendiendo a la idiosincrasia y especificidades de cada asignatura”, se acuerda en el documento. Esta medida es menos compleja y comprometida de lo imaginable, porque los campus pretenden grabar las clases de forma que el estudiante que no pueda seguirla en directo —en Galicia hay opciones en caso de que el sistema se caiga, por ejemplo― pueda conectarse en otro momento.

Sin desdobles. El ministerio de Castells no es partidario de que se dividan las clases en dos los grupos para seguir impartiendo las clases presenciales con metro y medio de separación. El presidente de los rectores, José Carlos Villamandos, calcula que para una clase con 100 alumnos necesitarían en la Universidad de Córdoba una sala concebida para acoger a 400. En su caso, han habilitado hasta una capilla desacralizada para impartir clase. “El desdoble implicaría una sobrecarga inasumible para el profesorado”, subraya el documento ministerial. Desde la anterior crisis económica, las plantillas de docentes han menguado y envejecido y los sindicatos ya alertaron en julio que estos no podrían asumir más carga lectiva

En la reunión, se apunta desde el ministerio, no se ha abordado el tema del reparto de los 400 millones del fondo covid destinados a educación superior. Esta etapa formativa incluye la Universidad, FP superior y los conservatorios. Al ser un encuentro con la comisión delegada ―una representación de los consejeros autonómicos— se ha aplazado a la celebración de la Conferencia General de Política Universitaria, en la que estarán presentes todas las regiones y que previsiblemente se celebrará el 11 de septiembre.

Los campus han hecho un esfuerzo económico grande en turnos de limpieza, ordenadores, personal de apoyo, reforzamiento de sus redes de comunicación, simuladores de prácticas, préstamo de materiales a hospitales... Dicen estar por este motivo al borde de la bancarrota. En una entrevista publicada este lunes en este diario el presidente de los rectores asegura, incluso, que al menos cuatro autonomías quieren racanear la partida a las universidades, pues ponen el foco en los colegios, donde estudian 8,2 millones de escolares. Por eso en julio los rectores pidieron ayuda a Castells ―que se comprometió a discutirlo con los Gobiernos autonómicos― y reclamaron que mediase el Ministerio de Hacienda, que según el real decreto del fondo covid puede tomar medidas concretas. A término del encuentro en el ministerio, por contra, Pingarrón ha elogiado cómo “se ha puesto de manifiesto la excelente colaboración de las comunidades autónomas y las universidades” a lo largo de esas tres horas.

Aunque es un protocolo orientativo ―salvo algunas medidas que obliga Sanidad— los campus, que tienen autonomía universitaria, acatan las medidas porque han sido negociadas por la CRUE ―la práctica totalidad de las universidades son miembros de esta conferencia de rectores— con el ministerio y las comunidades. A partir de este documento común, los Gobiernos autonómicos van a actualizar sus propios protocolos, que fueron publicados en los respectivos boletines oficiales, y a su vez sirven de base a los planes de contingencia que cada universidad está obligada a elaborar. Este trajín funcionarial contrasta la imagen de inactividad que tiene la opinión publica, provocada por el oscurantismo en la labor del ministerio.

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