Escuela pública: única garantía del derecho a la educación

La única garantía de que se cumpla el derecho a la educación es que la escuela pública tenga una financiación mayor, porque es la única que puede compensar las desigualdades de las familias, respaldar el derecho a la pluralidad y a que podamos aprender juntos. Por el contrario, la escuela privada concertada es en la mayoría de los casos selectiva porque representa el derecho de elección de las familias con mejor posición social y empobrece la educación socializadora, la convivencia y la integración social. Lejos de desarrollar una ciudadanía democrática, crea escuelas de ricos y escuelas de pobres.

La educación privada concertada surgió en España como una situación provisional hasta que la pública pudiera extenderse, pero estamos actualmente entre los cuatro países europeos con más oferta de enseñanza privada. La crisis de 2008 influyó en el aumento de la segregación escolar, rompiendo la disminución que se estaba produciendo desde el año 2000. A ello ha contribuido la reducción de financiación de la escuela pública, a diferencia de la privada concertada, que ha visto aumentada su financiación, junto a las políticas educativas introducidas con la Lomce [la ley educativa de 2013] de competitividad, elección de centros y desregulación de las zonas escolares, que han conseguido, por ejemplo, que Madrid sea la segunda región de Europa en segregación escolar, con un 45% de escuelas privadas y España el sexto país con más segregación de la Unión Europea.

La privatización va de la mano del negocio, la desigualdad y los idearios particulares; es parte de la cultura elitista y diferenciada que buscan algunas familias, empresarios y políticos. Los centros privados con financiación pública (concertados) no compiten por atraer al mayor número posible de estudiantes, sino al mejor alumnado que garantiza unos buenos resultados académicos. La concertada ha ido en aumento en nuestro país, supone un 30% en la escolarización obligatoria, acogiendo solo al 7,5% de los alumnos/as desfavorecidos. Además, cuando los niveles socioeconómicos inferiores ascienden de nivel educativo se vuelven a utilizar estrategias para que la selección del alumnado siga existiendo. Esto sucedió en España con la ley que amplió en 1990 hasta los 16 años la educación obligatoria y el Gobierno recurrió al incremento de conciertos, que aumentaron en la secundaria un 25%. O con la etapa de 0 a 3 años, que se está cubriendo mayoritariamente con conciertos y de forma precaria.

El derecho de las familias a una educación plural, en igualdad y de calidad también desaparece cuando está sujeta a la demanda. Se convierte en un producto de consumo y los centros se clasifican por segmentos sociales, de primera, segunda y tercera categoría, lo cual contribuye a la segregación escolar y a una creciente desigualdad. Se recubre de derecho individual lo que es una selección social buscada por clases sociales altas y medias.

Carmen Rodríguez Martínez es profesora de la Universidad de Málaga y forma parte del colectivo Foro de Sevilla: porotrapoliticaeducativa.org

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