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Los sindicatos apuntan hacia un maltrato generalizado a la pública

El gabinete jurídico de CC OO estudia demandar a la Comunidad

Alumnos del instituto La Arboleda, en Alcorcón (Madrid).
Alumnos del instituto La Arboleda, en Alcorcón (Madrid).

Los sindicatos han puesto el grito en el cielo. Ya no solo por su guerra abierta contra el cheque escolar, destinado a la enseñanza concertada. El hecho de que la privada haya recibido también fondos públicos ha levantado la liebre. CC OO, de hecho, estudia acciones legales. “Nuestro gabinete jurídico está ya estudiando este caso para actuar por la vía judicial pero además vamos a pedir a las autoridades educativas españolas que actúen y a las fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados que tengan en cuenta lo que está ocurriendo en Madrid para hacer las reformas normativas necesarias para que esto no pueda seguir ocurriendo”, dijo ayer Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza del sindicato en Madrid.

De hecho, CC OO ya denunció ante los tribunales en abril de 2019 contra la Administración regional por fraude de ley y por perjudicar a la educación pública con el cheque escolar. “Es por lo económico y la distribución injusta de los recursos, por lo democrático y que un gobierno no resiste la ley y las reglas del juego y por el futuro que se está hurtando a una mayoría de niños y niñas no garantizando su derecho a la educación con políticas de compensación de las desigualdades que garanticen la igualdad de oportunidades”, zanjó.

Galvín engloba, además, el “maltrato” a la pública en algo generalizado, no solo por el cheque escolar. “En Madrid no se garantiza la igualdad entre madrileños ni el derecho a la educación para todos. Conocemos esta noticia apenas una semana después de que el consejero de Educación dijese que recortaban gastos de funcionamiento en centros públicos como medida de eficiencia porque no había dinero para el alumnado de estos centros”.

Por otra parte, continuaba, según datos que aporta el sindicato, la crisis ha sido la excusa para llevar a cabo una política privatizadora: no hay recursos para las inversiones en la red pública, que descienden en un 58,1% a pesar del crecimiento de su alumnado; y sí lo hay para los conciertos y el cheque escolar que suben en un 28%, superando los 1.100 millones de euros en 2018.

La postura de CC OO la comparte paso por paso UGT. “Consiste en abandonar la escuela pública y fomentar el ámbito privado”, aseguró ayer Maribel Loranca, responsable de Educación de UGT a nivel nacional. Su homóloga en Madrid, Teresa Jusdado, añadió que desde UGT echan de menos “una verdadera negociación colectiva”. “Con el anterior equipo de Gobierno conseguimos sentarnos a negociar y llegamos a algún acuerdo. Ahora están dando bandazos, como con el veto parental. Primero dicen que no lo van a permitir y luego anuncian algo similar”.

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