Por una agenda política de buenos empleos

La revolución tecnológica en curso está provocando cambios profundos que superan en ocasiones la capacidad de adaptación de nuestras sociedades. Si bien no es la primera vez que afrontamos grandes cambios económicos —que en muchos casos trajeron notables mejoras en prosperidad—, la transformación presente se distingue por ser más acelerada y extensa. Anteriores oleadas de automatización hicieron desaparecer empleos tradicionales, rutinarios y exigentes en la agricultura o la industria. Las innovaciones tecnológicas actuales, y en particular la inteligencia artificial (IA) generativa, amenazan con ir un paso más allá, sustituyendo o alterando notablemente empleos creativos y cognitivos en los que hasta hace relativamente poco se pensaba que las personas teníamos ventaja comparativa frente a las máquinas. Este reemplazo de personas por máquinas podría verse además avivado por el incentivo a automatizar en respuesta a los desequilibrios demográficos que ya estamos experimentando, los cuales encarecen el factor trabajo debido a su creciente escasez.

Por el momento, este argumento sobre el reemplazo no se refleja en el mercado laboral en España. La afiliación a la Seguridad Social se encuentra en máximos históricos, el desempleo se reduce de forma sólida. No obstante, tampoco se observan aún incrementos notables en la productividad derivados de tecnologías disruptivas. Los niveles de crecimiento salarial u horas trabajadas apuntan, más bien, hacia problemas para crear suficiente empleo de calidad. En consecuencia, los datos describen una situación de impás, donde los potenciales beneficios y consecuencias de la transformación económica son aún inciertos. Ante esta incertidumbre, es crucial contar con una cierta idea sobre el futuro que queremos. Lo que verdaderamente importa no es solo crear abundantes empleos, sino crear buenos empleos que garanticen una vida digna y con horizonte de mejora. El estudio Hacia una agenda de buenos empleos: propuestas y soluciones de la Fundación ISEAK, en colaboración con el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, trata de abordar esta problemática desde perspectivas viables y socialmente aceptables.

La abundancia de buenos empleos debería ser un objetivo social prioritario en las agendas de los gobiernos. Por un lado, porque estos cuentan con la justificación económica y moral: la escasez de buenos empleos genera amplias repercusiones negativas en la salud, la cohesión social o la polarización política. Por otro lado, porque los gobiernos cuentan con instrumentos apropiados para atajar la escasez de buenos empleos, desde la política industrial hasta la formación para el empleo, pasando por las políticas de innovación tecnológica. En general, estas políticas, bien ejecutadas, tienen el potencial de orientar el desarrollo económico hacia un modelo económico productivo e inclusivo. Si bien los gobiernos ya intervienen desde hace décadas en la educación, la construcción de infraestructuras o la investigación, el compromiso con los buenos empleos constituiría un salto cualitativo, aunando el apoyo público con el compromiso del sector privado, poniendo el foco en el empleo de calidad.

Estas políticas cuentan además con considerable apoyo entre la ciudadanía. El mencionado estudio incluye una encuesta sobre preferencias de la ciudadanía ante diferentes políticas y contextos en España. En general, es una opinión muy compartida que no intervenir y dejar que sea solo el mercado quien responda ante los shocks económicos conlleva costes elevados para la sociedad.

Desde una perspectiva constructiva, las políticas de formación e intermediación que busquen facilitar la transición de trabajadoras/es hacia sectores o empleos en auge se sitúan como la alternativa más apoyada, pues se entiende que formar para el futuro es adelantarse a posibles cambios y no dejar a nadie atrás. Asimismo, más de tres cuartas partes de las personas encuestadas apoyarían intentos más proactivos de generación de buenos empleos, por ejemplo, en sectores estratégicos vinculados a la lucha contra el cambio climático, la salud o el transporte sostenible. Si bien existen costes potenciales, como el apoyo a sectores no exitosos, se considera en definitiva el precio a pagar por fomentar una economía adaptada a las necesidades cambiantes del presente.

En suma, la no intervención ante shocks económicos que puedan reducir el número de buenos empleos disponibles es la opción menos popular. Por ello, una estrategia apropiada para los rápidos cambios del siglo XXI requeriría trascender las políticas clásicas de redistribución e introducir medidas que abordaran la mejora del capital humano, la aceleración de la innovación y el fomento de empresas productivas que ofrezcan buenos empleos, con salarios adecuados y condiciones laborales óptimas. Esta agenda trataría de dejar atrás un contexto de suma cero, donde se reparten los beneficios ya creados sin atender a su origen o sostenibilidad, y buscaría así agrandar la tarta para la generación actual y las posteriores.

Para este fin, hacer más eficaz la intervención estatal es vital. Más allá de incrementar per se el gasto en determinadas partidas relevantes, como la investigación, la atracción de talento o el apoyo a pequeños negocios innovadores, se trata de intervenir mejor. La ciudadanía apoya abiertamente medidas de intervención ambiciosas cuando estas alcanzan los objetivos prometidos. La adaptación del marco normativo a un entorno donde las necesidades varían de forma constante será necesaria para este fin.

En conclusión, el futuro no está escrito, por lo que la resignación no es una opción. Las decisiones sobre qué tecnologías impulsar y qué medidas implementar serán claves para trazar un camino hacia la prosperidad inclusiva. Las soluciones superficiales no permitirán combatir la desafección social y restaurar la confianza política. Solo con propuestas audaces y una visión ambiciosa será posible superar la crisis de expectativas.