Las prisiones privadas se frotan las manos (y la cartera) ante el plan de deportaciones de Trump

Si hubo una industria especialmente pendiente del resultado electoral en Estados Unidos, esa fue la de las prisiones privadas. Los efectos económicos de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca serán generalizados, pero en el caso de este sector, que vive de los contratos públicos para acoger los excedentes de población carcelaria, y espera con ansía convertirse en punto de detención de los millones de inmigrantes indocumentados que Trump ha prometido deportar, la diferencia entre un triunfo demócrata y uno republicano era algo similar a la distancia entre sobrevivir con dificultades y abrazarse a la abundancia.

Así lo han interpretado los inversores: en verano, cuando se produjo el intento de asesinato de Trump, los dos principales grupos estadounidenses, Geo Group y CoreCivic, revivieron en Bolsa porque se entendía que el disparo reforzaba a Trump y lo acercaba a la victoria. Una vez cerradas las urnas, conforme el recuento avanzaba cargado de buenas noticias para los republicanos, llegó la explosión: sus acciones se dispararon hasta cerrar la primera sesión postelectoral con ganancias de un 42% y un 29% respectivamente.

Esos números, muy poco usuales para una sola jornada, han tenido continuidad en los días posteriores. Y han desatado algo parecido a la euforia entre sus altos ejecutivos, que hablan de aumentar su capacidad a millones de reclusos si fuera necesario. “Geo Group se creó para este momento único en la historia de nuestro país y las oportunidades que traerá”, dijo George Zoley, consejero delegado de la firma, a modo de ofrecimiento a Trump.

Según un informe de la ONG The Sentencing Project publicado en verano del año pasado, la población carcelaria en prisiones privadas en EE UU ronda el 8% del total. Esto es, casi 100.000 reclusos habitan celdas de prisiones con ánimo de lucro. La cifra sale de sumar los detenidos bajo jurisdicción federal con los de otros 27 estados, mientras que en los restantes 23 estados no se utilizan prisiones privadas para albergar a presos. A ese número habría que sumar otros 16.000 detenidos por los servicios de inmigración.

El viraje es total. La tendencia creciente era que los grupos de prisiones privados fueran, cada vez más, repudiados. En 2019, la presión de las organizaciones humanitarias en su contra surtió efecto, y los ocho mayores bancos estadounidenses acordaron cerrarles el grifo de la financiación por razones éticas, aumentando así su coste de pedir prestado. Poco después, la mala marcha del negocio por la caída de detenciones durante los confinamientos de la pandemia, y la ingente deuda que acumulan, les obligó a suspender el elevado dividendo que repartían, uno de sus grandes atractivos para atraer nuevos accionistas, lo que produjo un desplome en Bolsa. Para rematar la ristra de malas noticias, el presidente Joe Biden firmó en 2021 una orden ejecutiva en la que prohibía renovar los contratos de las cárceles privadas con la Administración federal, lo que cortaba una de las patas de su negocio y les dejaba a expensas de sus tratos con los Estados.

Geo Group y CoreCivic no se tomaron la afrenta demócrata nada bien. La primera advirtió de que el veto federal podía suponer cientos de despidos y un daño a las comunidades donde se asientan sus instalaciones. Y la segunda defendió que la alta tasa de encarcelados por centro, una de las acusaciones recurrentes, no era culpa suya. Mientras tanto, Biden, según sus propias palabras, trataba de acabar con los beneficios económicos de unas corporaciones a las que acusó de promover un encarcelamiento “menos humano y seguro”.

No se trataba de una cruzada personal nacida de la nada. Las criticas a ese modelo vienen de lejos: a las continuas denuncias por parte de ONGs se sumó en 2016 una investigación del Departamento de Justicia en la que se recogía que las cárceles privadas registran tasas más altas de agresiones, incidentes más comunes por un uso desmedido de la fuerza, y confinamientos más frecuentes. El organismo también instó, ya en aquel año, a no renovar los contratos cuando expirasen o a reducir el alcance de los contratos antes de que expiren.

Las perspectivas con Trump a los mandos son muy diferentes. En una vuelta al pasado que pocos esperaban, las cárceles privadas han pasado a ser objeto de deseo de los mercados, con una revalorización que, en el caso de Geo Group, roza el 90% en un mes, y en el de CoreCivic el 60%. La capitalización bursátil de la primera roza ya los 4.000 millones de dólares, y la de su rival los 2.500 millones. Ese avance vertiginoso, acentuado desde las elecciones, las ha hecho aparecer, junto al bitcoin, el dólar, las petroleras, o la Tesla de Elon Musk, en las listas de grandes ganadoras de un Gobierno republicano.

“Una gran oportunidad”

El tono de sus directivos durante la reciente presentación de resultados es una muestra clara de cómo de alineados parecen estar los intereses del sector con los del nuevo presidente. “Para nosotros, esta es una oportunidad sin precedentes de ayudar al gobierno federal y a la administración entrante de Trump a lograr una política de inmigración mucho más agresiva en la aplicación de la ley, tanto en el interior como en las fronteras, así como la expulsión de extranjeros criminales”, afirmó el consejero delegado de Geo Group, Brian Robert Evans.

No parece que la falta de espacio físico vaya a suponer un problema. Aprobar la construcción de nuevas cárceles implica una burocracia más farragosa, pero no sucede lo mismo con añadir nuevos edificios a las instalaciones ya existentes, que como han recordado estos días sus dueños, se asientan sobre enormes parcelas de terreno.

Uno de los negocios que más confían en ver crecer es el ligado a los migrantes. El Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU (ICE) es un importante cliente de las dos empresas, y GEO asegura contar con unas 31.000 camas de capacidad para este segmento, ampliables a cientos de miles “y hasta varios millones de participantes”, según señala la empresa utilizando un eufemismo.

Las personas arrestadas por el ICE no cumplen condena por delitos, sino que están retenidas mientras un juez de inmigración decide si deben ser deportadas. Los niveles de detención alcanzaron un máximo de más de 55.000 bajo la administración Trump y cayeron en 2021, en medio de la pandemia, a un mínimo de 13.000, con el objetivo de permitir que hubiera más distancia social entre reclusos y evitar así contagios. La propia institución reconoce que durante la covid-19 “ajustó temporalmente su postura de aplicación de la ley para centrarse estrictamente en los extranjeros delincuentes y las amenazas a la seguridad pública”.

Estos acuerdos suponen una parte fundamental de la facturación de las prisiones privadas. En 2022, Geo Group obtuvo 1.050 millones de dólares en ingresos solo gracias a los contratos del ICE, lo que supuso un 43,9% de sus ingresos totales, de 2.400 millones de dólares. Fuera de las fronteras estadounidenses, su presencia es más residual, pero también brinda sus servicios puntualmente a gobiernos en el Reino Unido, Australia y Sudáfrica. En estos dos últimos países opera sendos correccionales con más de 3.000 camas cada uno, mientras que en el Reino Unido se dedica a la custodia y escolta de prisioneros en su flota de más de 400 vehículos.

Más allá de esas ramificaciones internacionales, su negocio doméstico es, con diferencia, el que reporta más ingresos al sector. Y esperan que con Trump se multiplique. El republicano hizo menciones frecuentes a la inseguridad durante su campaña electoral, y buscó transmitir una imagen de mano dura con la delincuencia frente a la supuesta laxitud de los demócratas. “No se puede cruzar la calle para comprar una barra de pan. Te disparan, te asaltan, te violan”, dijo recientemente el expresidente en un evento de campaña al norte de Detroit. “Eso simplemente no es cierto”, le respondió el jefe de policía de Detroit, James White.