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El Gobierno estadounidense dejará de usar cárceles privadas

La medida afecta a un tercio de los reos en instalaciones subcontratadas en el país con más presos

El Gobierno estadounidense anunció este jueves que dejará de utilizar cárceles privadas porque considera que son menos efectivas y seguras que las instalaciones públicas. La decisión se aplicará gradualmente y afectará solo a las cárceles subcontratadas por el Gobierno federal, que acogen un tercio de los reos que hay en prisiones privadas en Estados Unidos. La medida supone un golpe al suculento negocio de la privatización carcelaria en el país con más reos del mundo, llega en un momento de creciente debate sobre la severidad del modelo penitenciario y puede alentar a que algunos Estados sigan el paso dado por la Administración de Barack Obama.

La entrada a una prisión privada en Idaho
La entrada a una prisión privada en Idaho AP

En un texto interno del Departamento de Justicia, la fiscal general adjunta, Sally Yates, insta a sus subordinados a que no renueven los contratos actuales cuando expiren o a reducir el alcance de los contratos antes de que expiren. El objetivo es “reducir y finalmente terminar con nuestro uso de prisiones operadas de forma privada”, señala.

La decisión llega tras las crecientes quejas de irregularidades en prisiones privadas y tras la publicación, la semana pasada, de una investigación del Departamento de Justicia que concluye que las cárceles privadas son peores que las públicas: se registran más peleas, robos y ataques. “Simplemente no proporcionan el mismo nivel de servicios, programas y recursos correccionales; no suponen un ahorro sustantivo en costes”, argumenta Yates.

El impacto de la medida es limitado. En 2014, un 8,4% de los presos en EE UU estaban en cárceles privadas (131.261 sobre un total de 1,5 millones). De estos 131.261, 40.017 estaban en cárceles subcontratadas por el Gobierno federal (suponiendo un 19% del total de reos federales) y los 91.244 restantes en estatales (un 6,8% del total de reos estatales).

Pero la prohibición impulsa el debate, alimentado por la izquierda y grupos sociales, sobre la privatización carcelaria en un momento de descenso del número de presos en EE UU por la aplicación de penas menos severas.

La privatización de las cárceles se inició en los años ochenta, pero su uso se disparó en la última década en paralelo al auge de la población penitenciaria. Entre 1999 y 2014, la población en cárceles privadas creció un 84% frente al 10% del conjunto de cárceles. En las prisiones privadas del Gobierno federal, el aumento fue astronómico: del 945%. En los Estados, fue mucho menor: del 35%.

El incremento del número de presos ha impulsado un creciente negocio económico. En 2014, el sector de las cárceles privadas movió 4.800 millones de dólares en EE UU con beneficios de 629 millones, según un análisis de la consultora IBISWorld citado por la cadena NBC.

En plena sobrepoblación de las instalaciones públicas, las prisiones privadas ofrecían a las autoridades federales y estatales el espacio y los funcionarios que les faltaban. Muchas de las empresas que operan las cárceles se garantizan unos ingresos mínimos (pactan con las autoridades algún tipo de garantía mínima de número de reclusos o compensación por camas vacías) y tratan de exprimir al máximo la reducción de costes. Según algunas organizaciones, el afán de ahorro ha propiciado incidentes en las cárceles por la falta de personal o de un mantenimiento adecuado.

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