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Inversión
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Las empresas responden al activismo accionarial

Ese movimiento no es nuevo: nace hace 50 años en EE UU al imponer a los fondos de pensiones el voto en las juntas

Negocios
Maravillas Delgado

Por activismo accionarial entendemos la actuación de los inversores dirigida a influir en la gestión y funcionamiento de las compañías que forman parte de sus carteras. Está relacionado con la inversión responsable, que fomenta la incorporación de factores ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) en las decisiones de inversión, así como el ejercicio activo de la propiedad.

El concepto ha evolucionado recientemente debido a dos factores principales. Por un lado, la regulación ha empujado a los inversores a cumplir sus deberes fiduciarios como dueños de las compañías, ejerciendo sus derechos políticos en sus juntas generales y manteniendo la vigilancia sobre las mismas durante el resto del año. Esta actitud, que se denomina implicación de accionistas (shareholders engagement), se convierte así en práctica cotidiana para los inversores institucionales objeto de la Directiva EU 2017/828 de fomento de la implicación de los accionistas en las sociedades cotizadas. En España, la implicación se inicia con la transposición de esta directiva en 2021 y se consolida con el Código de Buenas Prácticas para Inversores publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2023.

Por otro lado, el crecimiento de la gestión indexada o pasiva ha llevado a un cambio de denominación para el inversor responsable. Así, para diferenciarlo de la gestión activa (no pasiva), se viene a llamar activista a aquel accionista que ejerce sus obligaciones de voto e implicación responsablemente, frente al antiguo inversor oportunista que busca un beneficio a corto plazo influyendo en la compañía a través de su participación en el capital.

El activismo no es nuevo. En Estados Unidos, hace justo 50 años, la Ley ERISA impuso a los fondos de pensiones el deber de votar en las juntas de accionistas e implicarse con las compañías en las que invierten para preservar la sostenibilidad de sus carteras y de las pensiones en el largo plazo. Esta obligación se extiende en 2003 a todos los fondos de inversión a raíz de los escándalos financieros de principio de siglo, como Enron, Arthur Andersen o WorldCom. Con la globalización de las inversiones, las mejores prácticas también se internacionalizan.

El activismo accionarial puede tomar distintas formas. Además del voto en junta, que sigue siendo el estilete, la principal herramienta de presión sobre las cotizadas, la implicación supone un diálogo constante que incluye cartas enviadas antes y después de las juntas, visitas o reuniones. Se puede llevar a cabo de forma colectiva, junto con otros inversores o promovidos por organizaciones activistas. En cuanto al contenido, puede ir dirigido a cada empresa con varios puntos de discusión o enfocarse en temas específicos —como el cambio climático o los derechos humanos— que afectan a varias compañías.

En cuanto a los actores de la implicación cabe diferenciar varios tipos de inversores. Siguen existiendo inversores especulativos, a menudo bajistas, que buscan cambios rápidos y beneficios a corto plazo, como el reciente caso Grifols y Gotham City Research. Destacan por su influencia los llamados accionistas de capital, aquellos con un porcentaje relevante que les permite sentarse a discutir con las compañías en vez de participar en campañas con otros. BlackRock, Vanguard, Norges, State Street o Fidelity pertenecen a ese grupo, y ejercen su poder no siempre en beneficio de todos los accionistas, habiendo sido criticados por no apoyar propuestas que son coherentes con su discurso público.

Los demás inversores institucionales ejercen sus derechos y cumplen sus deberes de forma responsable siguiendo las pautas normativas y las mejores prácticas internacionales, destacando las gestoras y aseguradoras europeas, con larga tradición de activismo y vigilancia (stewardship) y pocas dudas o intereses creados. Entre ellos destaca por su singularidad Sir Chris Hohn, cabeza del Children’s Investment Fund, que utiliza su significativa participación para provocar cambios beneficiosos para la compañía y todos sus accionistas y grupos de interés. Lo hemos visto en casos como Aena (primer plan de sostenibilidad), Ferrovial (cotización en Nasdaq) o Cellnex (cambios en la cúpula y el consejo).

Por último (por su peso en el accionariado), pero no menos importante (por su poder de influencia), están las organizaciones activistas y las instituciones internacionales, que proveen información y promueven iniciativas para los inversores sobre temas concretos, en los últimos años generalmente sobre sostenibilidad (emergencia climática, biodiversidad, derechos humanos y de los trabajadores…). Dentro de este grupo destacan los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas (UN PRI), Climate Action 100+, World Benchmarking Alliance, ShareAction, BankTrack, Follow This o As You Sow. Finalmente, bajo la NZAM, propietarios de activos (NZAOA), bancos (NZBA), aseguradoras (NZIA), consultoras (NZICI) y otros proveedores (NZFSPA).

Ante este despliegue, las compañías no se quedan quietas. Primero se preparan para el diálogo con inversores, asesores de voto y entidades activistas. Otros intentan parar las propuestas de accionistas, sobre todo en Estados Unidos, donde es fácil presentarlas. Pero esta temporada han dado un paso más: el gigante del petróleo ExxonMobil ha demandado a organizaciones como Follow This y Arjuna, sus propios accionistas, incluso después de que retiraran su propuesta de una mejor estrategia climática.

Aunque la demanda ha sido desestimada, Exxon ha lanzado un mensaje a otros que quieran seguir ese camino. También paró ante la SEC —el supervisor bursátil de EE UU— otra propuesta climática de As You Sow por el procedimiento de no action. Numerosos inversores han criticado esta actuación de Exxon, el mayor productor estadounidense de gas y petróleo y el mayor emisor de dióxido de carbono, por abusiva. Al mismo tiempo surge un movimiento que pone en duda la rentabilidad e incluso la conveniencia de las inversiones sostenibles y la prioridad para los accionistas. Numerosos Estados han demandado a los inversores o les han retirado sus fondos por criticar la industria de combustibles fósiles y el interés por los aspectos no financieros y los demás grupos de interés.

En definitiva, al tiempo que crece el activismo accionarial, sus formas van evolucionando. La presión de los inversores provoca mejoras continuas en la administración de las compañías que reaccionan de diferentes formas. El diálogo entre inversor y emisor se impone en todos los aspectos para beneficio de todos los participantes en el mercado.

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