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La lucha contra los préstamos ‘gota a gota’, un producto 100% colombiano

El Gobierno de Gustavo Petro quiere abrir el acceso al crédito para restarle clientes a las mafias de prestamistas con usura que ya están presenten en 16 países de América Latina

Latinoamerica
Un comprador paga por productos agrícolas en un mercado de alimentos en Bogotá, Colombia.Nathalia Angarita (BLOOMBERG)
Inés Santaeulalia

El gran poder de las mafias se construye de tapar los agujeros sociales que los Estados no llenan; cuantos más huecos haya, más espacio encontrarán los negocios ilegales. En Colombia, aún hoy casi la mitad de la población no tiene acceso a créditos bancarios, un mecanismo de ascenso social. El plan B de quienes necesitan dinero es recurrir a los llamados gota a gota, una figura que apareció en la Colombia de los 90, en el Medellín de Pablo Escobar, de las drogas y el lavado de capitales. Un sistema de préstamos rápidos con altos intereses en los que el cobro se asegura a través de la extorsión o la violencia y que se ha extendido a gran parte de la región. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quiere ponerles freno: “Queremos generalizar el crédito barato en la economía popular para que no caiga en el gota a gota de los usureros”.

Los gota a gota matan y, alguna vez, mueren. Cualquier búsqueda rápida en internet arroja decenas de resultados con asesinatos, suicidios y ajusticiamientos por impagos, extorsión o deudas. Miles de personas, generalmente de los estratos sociales más bajos, son víctimas cada año de estos sistemas de préstamo exprés por los que se pagan cuotas que pueden alcanzar hasta el 20% de intereses diarios. Según un estudio de la Universidad Central, los gota a gota pueden llegar a mover al día unos 2.800 millones de pesos solo en intereses en las principales ciudades de Colombia, pero ya no se trata de un problema nacional. El hampa se alimenta de la desigualdad y la pobreza y América Latina es un terreno fértil para ello. Una investigación de la plataforma periodística Connectas calculó que la expansión de estos grupos mafiosos alcanza ya a 16 países de la región.

El verano pasado, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, les declaró la guerra. Al joven mandatario que impuso un régimen de excepción en El Salvador con el que logró en apenas dos años acabar con las pandillas que lo situaban como uno de los países más peligrosos del mundo le sobra cualquier tipo de delincuente que empañe una política de seguridad tan cuestionada por no respetar los derechos humanos como aplaudida por los salvadoreños. El pasado junio, anunció la detención de unos 110 prestamistas ilegales en su país, la mayoría colombianos, y advirtió de que se enfrentarán a la justicia salvadoreña, un laberinto carcelario en el que se entra fácil y del que es casi imposible salir. Bukele había dado previamente 72 horas para abandonar el país a unos 400 colombianos supuestamente relacionados con estas redes. “Después, no escucharemos lamentaciones”, amenazó en Twitter.

La ley colombiana no sanciona directamente el préstamo de dinero, pero sí la usura y cualquier tipo de intimidación o extorsión a la que recurren los prestamistas cuando la cuota se atrasa. El acceso a estas mafias es más sencillo de lo que podría parecer, incluso a golpe de clic. Con la pandemia, las redes dieron el salto a internet y se popularizaron las aplicaciones de entrega de dinero rápido en las que solo se solicita al deudor el acceso a su archivo fotográfico y sus contactos. Ante un impago, comienzan las amenazas que recurren al uso de fotografías propias para difundir cualquier difamación entre sus allegados.

El plan de Petro pasa por disuadir a los usuarios de este mercado paralelo con una vía ágil de acceso a microcréditos para financiar proyectos o actividades productivas. “Invito a todos los microempresarios del país, a todas las mujeres cabezas de familia que desarrollen algún negocio, a todos los pequeños negocios que están por ahí, a que dejen de financiarse con el gota a gota y busquen los mecanismos oficiales”, anunció en diciembre el ministro de Hacienda. El Estado actuará como fiador, lo que evitará la necesidad de encontrar un codeudor, y los requisitos serán mínimos, abriendo la puerta al crédito de, entre otros, los más de 12 millones de trabajadores informales (55% del total) que hay en el país.

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Sobre la firma

Inés Santaeulalia
Es la jefa de la oficina de EL PAÍS para Colombia, Venezuela y la región andina. Comenzó su carrera en el periódico en el año 2011 en México, desde donde formó parte del equipo que fundó EL PAÍS América. En Madrid ha trabajado para las secciones de Nacional, Internacional y como portadista de la web.
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