Cinco masacres y dos asesinatos de líderes sociales en 48 horas: una radiografía del aumento de la violencia en Colombia

Entre el lunes y el miércoles de esta semana cinco masacres y dos asesinatos de líderes sociales han enlutado a Colombia. Las muertes se han registrado en todos los puntos cardinales. No se trata de una arremetida definida, sino de una muestra del aumento de la violencia, ejecutada por diferentes actores, y del deterioro general de la seguridad.

En la madrugada del lunes, en Jamundí, Valle del Cauca, al occidente del país, cuatro jóvenes fueron sacados a la fuerza de una celebración y posteriormente encontraron sus cuerpos en distintas zonas rurales. Un poco más al sur, en la vía entre Ipiales y Aldana (Nariño), cerca a la frontera con Ecuador, un tiroteo dejó tres muertos. Ese mismo día, horas después, fue asesinado un líder de un programa de sustitución de cultivos ilícitos: Hugo Arley Muñoz Palacio, en Briceño, en el norte del departamento de Antioquia. Y esa misma noche fueron asesinadas cuatro personas que iban en un bus en Puerto Berrío, en el corazón de la región conocida como el Magdalena Medio.

El martes fue el turno del nororiente, pues fue asesinado Jhair Fernando Rivera Pérez, un reconocido líder social en Tibú (Norte de Santander), el municipio con más coca del planeta. Ese mismo día, en la mañana, la muerte llegó al sur: asesinaron a cuatro personas en la vereda El Silencio de Algeciras, Huila. Y a inicios de la tarde del mismo día fue en el oriente, cuando en Villanueva, Casanare, las víctimas fueron dos hombres y una mujer migrantes.

Los brotes de violencia aislada, en siete lugares apartados entre sí, reflejan las disputas por el control territorial. Mientras el Gobierno busca avanzar en ocho negociaciones simultáneas con grupos armados de distinta naturaleza en su política de paz total, en las regiones persiste una violencia que afecta especialmente a la sociedad civil.

Carlos Espitia, investigador de Indepaz, señala que aún no hay una certeza absoluta sobre los autores de cada una de estas masacres, en las que no hay un patrón en términos espaciales o territoriales. “Es una situación muy preocupante porque estamos viendo una violencia en varias zonas del país, en la cual pueden confluir muchas explicaciones. Por supuesto, vemos acciones para amedrentar la población civil, pero también ajustes de cuentas, disputas y reacomodos por el control de poderes y economías locales”, señala.

Para Espitia, cada brote de violencia tiene una explicación diferente. En Briceño, Antioquia, información preliminar indica que “aproximadamente 200 hombres armados de las AGC [Autodefensas Gaitanistas de Colombia] llegaron a la vereda, lo retuvieron y posteriormente lo asesinaron dejando dos menores huérfanos”, señala Indepaz con respecto a la muerte de Hugo Arley Muñoz Palacio. Con él, son 147 los líderes que han sido asesinados en 2023; y 1561 desde la firma del acuerdo de paz.

En esa zona del norte antioqueño, cerca de Córdoba, hay un enfrentamiento entre el ejército narco llamado Clan del Golfo (que se autodenomina Autodefensas Gaitanistas de Colombia o AGC) y el frente 36 de las extintas FARC, situación que lleva al confinamiento de las comunidades, al uso de población civil como escudo, a la retención y asesinato de civiles y también a la muerte de combatientes.

“La lectura que tenemos es que desde el gobierno de [Iván] Duque se dio un fuerte reacomodo de los poderes ilegales en los territorios. Esto significó la expansión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en el departamento del Chocó, en sentido norte-sur, y la afectación de varios municipios del norte del país (...) Esa intención de expansión de las AGC se ha dado hacia el oriente del país, particularmente en el departamento del Casanare, algo de Meta y algo del Vichada”, explica Espitia.

El otro fenómeno lo protagoniza el llamado Estado Mayor Central, la mayor sombrilla de grupos de disidencias de la extinta guerrilla de las FARC y que encabeza Iván Mordisco. El experto comenta que hay una nueva dinámica de violencia: si antes muchas de esas estructuras se enfrentaban entre sí, ahora tienen acuerdos de coordinación para distribuirse los territorios y la apropiación de rentas ilegales; llegaron a acuerdos para lograr tener una postura unificada y fuerte frente a la propuesta de paz del Gobierno de Gustavo Petro.

“Tenemos una clara avanzada del Estado Mayor Central, sobre todo en la zona de Huila, Tolima y Caquetá. Eso puede explicar la masacre de Algeciras”, dice. Jamundí, en cambio, obedece a otra lógica: “Está inmerso en la dinámica de disputas del norte del Cauca”, mientras que “lo de Ipiales se puede tratar de ajustes de cuentas o temas de contrabando o de dinámicas de tráfico que se dan en la frontera”.

Un tercer elemento sería la violencia urbana. No es nueva dentro del conflicto armado colombiano, pero sí ha venido cobrando relevancia. “Muchas de las confrontaciones que antes del 2016 —previo a la firma de paz con las extintas FARC— se veían en las zonas rurales empezaron a tener un efecto en las zonas urbanas, porque se inicia o se fortalece una estrategia de tercerización y subcontratación de las bandas locales que inicialmente tenían poderes barriales”, explica Espitia. Con los flujos de dineros de los negocios ilícitos, mayormente de la extorsión y el narcotráfico, aumentó el poder de estas bandas y se generaron nuevas dinámicas de violencia.

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