El embrollo legal de vetar el acceso a las webs de adultos

Las plataformas digitales ya no tienen excusa para restringir la entrada de los más jóvenes a páginas reservadas para mayores de edad. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre estudian un proyecto para impedir el acceso de los menores a los contenidos reservados para los adultos, concretamente la pornografía. Y es que la situación es grave, como ya advirtió la ONG Save The Children, el 20% de los jóvenes afirma que ha visto porno por primera vez a los 12 años y la mitad de los menores reconocen consumir frecuentemente este contenido a los 15 años. Por ello, desde el Gobierno se han puesto manos a la obra para crear una herramienta que permita tanto a empresas como a páginas web sacar la tarjeta roja a los usuarios que quieran acceder a un espacio restringido a mayores de edad.

Por ahora, el sistema de verificación de edad es un proyecto piloto. Según los pronósticos de la AEPD, estará lista para este mismo verano. Esta herramienta comprobará únicamente la edad del usuario en base a un documento oficial facilitado por el mismo. Si el cibernauta tiene edad suficiente, se le autorizará el acceso. Desde la agencia se subraya que el programa en ningún caso almacenará información personal relativa a la identidad del usuario. De este modo, la plataforma no dará el chivatazo de que hay un usuario menor intentando acceder a una página porno, sino que se limitará a autorizar el acceso a las personas que tienen la edad necesaria para ver los contenidos.

El sistema que propone la AEPD plantea varios desafíos legales de calado. Para empezar, y por lo que se conoce hasta el momento, la propuesta de la agencia para identificar al usuario no tendría carácter obligatorio. Es decir, las empresas que comercian con contenido adulto pueden optar por implantar la herramienta de la agencia, pero también otras. El hecho de que coexistan diferentes sistemas para verificar la entrada de los usuarios a contenidos restringidos multiplica la probabilidad de que haya problemas. En este sentido, los expertos advierten de los peligros de que se llegue a filtrar algún dato personal de los cibernautas.

El mayor riesgo potencial para los usuarios es que las plataformas revelen su identidad. En opinión de Paloma Arribas, abogada experta en protección de datos en Baylos, “nos encontramos ante tratamientos de datos de alto riesgo para los derechos y libertades de los usuarios, tanto de los menores de edad que pretenden acceder a los contenidos como de los adultos que están legitimados para entrar”. En caso de que el sistema no blinde la información de los cibernautas, indica la abogada, existiría “una injerencia en el derecho a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de datos”.

Credencial oficial

En esta misma línea, María González Moreno, socia de TMT en Ecija, concuerda en que los nuevos sistemas de verificación deberán prestar especial atención a los datos que los usuarios facilitan a través de los documentos identificativos, como el DNI. Más allá de la edad del ciudadano, la credencial oficial incorpora otro tipo de información personal como la imagen, la residencia o los datos de los padres de aquel que quiere entrar a la página. En caso de que alguno de estos contenidos salga a la luz “podría afectar a la privacidad de los usuarios y de los menores”, explica.

Otra derivada a tener en cuenta es que, en función de cómo se implanten estos sistemas de identificación, apunta Santiago de Ampuero, abogado experto en protección de datos y ciberseguridad de Hogan Lovells, existe un riesgo de que las empresas que ofrecen lícitamente contenidos para adultos “vean disminuida la audiencia de usuarios mayores de edad que huyen hacia proveedores de contenidos más relajados en cuanto a controles, simplemente para preservar su intimidad”.

No hay que olvidar que es muy difícil ponerle puertas al campo. Internet es una red inmensa que no entiende de fronteras y de una u otra forma siempre se encuentra una vía de escape para acceder a los contenidos restringidos para los menores. Por ejemplo, los más jóvenes pueden buscarse las habichuelas para acceder a portales en países que tienen un control de entrada más permisivo e incluso tienen la posibilidad de entrar al espacio más oscuro de toda la internet: la Deep Web.

Esta plataforma aglutina un sinfín de páginas web que los motores de búsqueda, como Google, no pueden identificar. Como advierte De Ampuero, sin restricciones que prohíban el acceso al lado oculto de internet “los menores tienen a mano contenidos incluso aún más perjudiciales”. Las barreras para acceder a los grandes proveedores de pornografía pueden provocar un efecto migración a portales menos controlados y potencialmente más peligrosos donde se expone un amplio cartel de vídeos e imágenes que no es apto para los menores de 18 años.

En definitiva, impedir el acceso de los menores a contenidos para adultos es una tarea, a priori, arduamente complicada. Según María González, para que estos sistemas de verificación funcionen, también es necesario contar con la colaboración de los padres, tutores y de toda la comunidad educativa pues serán “elementos claves en la exigencia y efectividad respecto de la implantación de estas medidas” para evitar que los menores adquieran esa adicción a la pornografía. Y también, para concienciar a los jóvenes de que esta clase de contenidos reservados para los adultos no representan un ejemplo de una relación sexual sana.

Hace dos semanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la elaboración de una ley orgánica para proteger al menor de la pornografía. Por el momento todavía se desconocen las medidas que va a impulsar esta normativa. Sin embargo, Paloma Arribas, abogada de Baylos, adelanta que el principal escollo que presentará esta norma es su “limitado ámbito territorial”. La letrada sostiene que es necesario un consenso internacional ya que hay empresas que operan fuera del país y solo así se podría controlar de forma efectiva el consumo de contenidos para adultos. En consonancia, María González, socia en Ecija, considera “esencial contar con el compromiso de los principales operadores tecnológicos”. Sin la participación de estas empresas, coinciden las expertas, no se pondrá coto al consumo de porno entre los menores.

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