Es hora de acelerar hacia la nueva movilidad

Encaramos el nuevo año con optimismo y con la mirada puesta en continuar la transformación imparable hacia la movilidad con cero emisiones, que queremos y que nos merecemos. Este nuevo año será decisivo y crucial para nuestro país, pues el mapa político nacional se verá, inevitablemente, alterado. Con la celebración de los comicios municipales, autonómicos y, por supuesto, nacionales, los ciudadanos, con sus votos, definirán la senda y camino a seguir, moviendo ficha, así, en un tablero político, económico y social divergente.

Ni este periodo electoral ni las disputas políticas consecuentes han de ser una rémora para la toma de decisiones. La industria de la automoción y el sector de la movilidad en su conjunto están realizando fuertes inversiones para descarbonizar el transporte, sus servicios y sus líneas de fabricación para acelerar hacia la neutralidad en carbono. El cambio climático no puede permitirse que se pierda un año más, por no tomar decisiones que se adecúen a los tiempos, para realizar esa transformación de forma sostenible y no traumática, teniendo en cuenta el periodo convulso que atravesamos.

Una de estas decisiones que afectará a la movilidad será la entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que, con la regulación de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, transformará la tradicional movilidad en los municipios españoles de más de 50.000 habitantes. El sector está a favor de mejorar la calidad del aire en las ciudades, y de ahí su compromiso con fuertes inversiones, e incluso compartimos la prioridad por la movilidad activa, pero siempre y cuando también se entienda que cualquier vehículo limpio, público o privado, es una opción tan viable a elegir por los ciudadanos, sin ninguna restricción ni condicionante por ninguna normativa. Porque, si “demonizamos” el uso del vehículo privado, ¿dónde queda la libertad de elección para los ciudadanos? Tal y como está formulado el articu­lado, el vehículo privado o de empresa, aun siendo de cero emisiones, parece estar excluido y, por tanto, España estará lejos de un modelo multimodal, libre y accesible. La ley de movilidad y las ZBE tienen que ser creíbles por su adecuado diseño, coherentes con la realidad social y, evidentemente, no pueden ser cuestionadas por los propios ciudadanos.

Desde el conjunto de las principales asociaciones de automoción y vehículos de España, congregadas en el Círculo Neutral in Motion, continuaremos, en este año, acometiendo la transformación hacia la nueva movilidad, la del futuro, con el ciudadano como pieza central de nuestro tablero de juego. En este 2023, el ciudadano debe ser escuchado, al igual que su voz y sus necesidades. Este quiere seguir moviéndose, y en este contexto de crisis y posible recesión, y teniendo presente el principio de “neutralidad tecnológica”, no se debe excluir ninguna tecnología que contribuya a la descarbonización y permita eliminar un vehículo viejo de más de 15 años de la circulación por uno nuevo, incluso de ocasión. Tenemos un parque móvil que se acerca a una media de 14 años de antigüedad, llegando a los 17 años en el caso de las motos, un promedio propio de países en vías de desarrollo.

Debemos dar un paso de gigante en cuatro claras asignaturas. En primera instancia, la renovación acelerada del parque antiguo, siendo este el más contaminante con mucha diferencia. En segundo lugar, en el desarrollo de la, muy necesaria, infraestructura de recarga pública, a través de la agilización de los trámites para su instalación, que ha de atender también las necesidades del transporte, con la instalación de cargadores de, al menos, 150 KW, en una red interoperable en la que se atiendan las necesidades también de la moto y los vehículos ligeros. Aquí cabe reclamar que se lleve a cabo un mapeado claro que, además, incorpore las previsiones para ampliar las acometidas donde no haya capacidades suficientes. Como tercer punto, resulta primordial un aumento en la eficacia de los planes de ayuda a la compra de vehículos en línea con las normas de descarbonización de la Unión Europea mediante su tramitación por parte de las diferentes comunidades autónomas. Para ello es básico que se vaya a un modelo que simplifique los trámites y que el usuario reciba las ayudas de forma puntual y en un breve espacio de tiempo, previamente establecido. Y, por último, implantar una fiscalidad que suponga un incentivo pleno para impulsar al usuario en la compra de vehículos de bajas emisiones.

Cuatro asignaturas que el sector reivindicó en 2022 con nula aceptación por parte del Ejecutivo. No podemos perder otro ejercicio, máxime cuando el Gobierno ha apoyado en Bruselas la futura prohibición de los vehículos nuevos que emitan gases contaminantes a partir del 1 de enero de 2035. Acuerdo con el que el sector de la movilidad está plenamente comprometido. Pero el sector no puede hacerlo todo. Necesita la ayuda de todo el ecosistema, y muy especialmente de la Administración, para transitar de una forma ordenada y no traumática, sin perder peso ni en la industria ni en el empleo: si se asfixia a las compañías, elegirán otros países de la Unión Europea para producir sus vehículos y España perderá su posición estratégica.

En 2023, en definitiva, hay que acelerar el paso con la implantación de las asignaturas pendientes señaladas. Si queremos ser un hub de electromovilidad, se deben dar pasos firmes para definir un modelo de movilidad inclusivo, accesible y multimodal en el que el ciudadano sea libre para elegir con qué vehículo se mueve, siempre que sea limpio y eficiente.

Renato del Bino es coordinador del Círculo Neutral in Motion. Este artículo también lo firman Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE; Jaime Barea, director corporativo de Ganvam; José López-Tafall, director general de Anfac; Juan Luis Barahona, presidente ejecutivo de Feneval; Marta Blázquez, vicepresidenta ejecutiva de Faconauto; José María Riaño, secretario general de Anesdor; José-Martín Castro Acebes, presidente de AER; José Portilla, director general de Sernauto, y Javier González Pereira, presidente de Ascabus.