Un pacto de Estado para el campo y la alimentación

Cesta de la compra por las nubes, tope a los alimentos, intermediarios que especulan, escasez de leche, marco regulatorio y fiscal asfixiante… El sector agroalimentario suele aparecer en el centro de polémicas que empobrecen su verdadero potencial. Tenemos un triángulo virtuoso que conforman el sector alimentario, la gastronomía y el turismo. En su base, la agroalimentación supone el 9,2% del PIB con 140.000 millones de euros de cifra de negocios. ¿Qué sector agroalimentario queremos en España? Un pacto de Estado de alimentación sería un objetivo inicial básico.

Podríamos partir, por ejemplo, de una unificación ministerial que coordinara todas las acciones y estrategias alimentarias. En la actualidad, hasta cuatro ministerios ostentan competencias en materia de alimentación, seguridad alimentaria, nutrición, sostenibilidad, comercio exterior alimentario o industria agroalimentaria, dificultando una gestión transversal. No se trata de recentralizar o simplificar estérilmente lo de por sí complejo, sino de crear una estructura ágil dotada de mecanismos eficaces de cooperación interministerial y público-privada que saquen superior partido a los criterios especializados. La gestión actual separada en España de grandes políticas comunitarias como el Pacto Verde Europeo o la Política Agraria Comunitaria requiere igualmente una mayor integración.

Y no puedo evitar mencionar el nuevo impuesto al plástico cuya entrada en vigor en España está fijada para enero de 2023. Estamos activamente comprometidos con la economía circular, pero este gravamen en un momento de crisis puede tener un impacto muy negativo en la economía, por lo que sería adecuado su aplazamiento.

El pacto de Estado debería promover una cadena interconectada de la granja a la mesa. Todos deberíamos trabajar con esta visión y los ciudadanos valorar en su justa medida que los alimentos que compran proceden de un trabajo coordinado, una cadena en la que todos han de recibir su justa retribución y evitar posiciones dominantes. Otro de los puntos es la necesaria amplificación de una colaboración público-privada que realmente maximice las oportunidades. Por ejemplo, con foros agroalimentarios en los que participen los principales actores: empresas, organizaciones no gubernamentales, consumidores, organizaciones agrarias… Todo ello con la Administración dirigiendo la batuta. Más complicado aún es el reto de revitalizar nuestro entorno rural en el que también la agroalimentación juega un papel decisivo. Debemos seguir atrayendo población en el campo, pero para retener a los jóvenes necesitamos unos medios que hoy en día no son suficientes.

Todo ello solo podremos conseguirlo unidos, solo las políticas largoplacistas dan una prioridad constructiva y ética a la alimentación. Es hora de decidir qué sector agroalimentario queremos, pues a miles de familias les va el futuro en ello. Es hora de tener un pacto de Estado.