La transformación a cámara lenta de Cani Fernández en la CNMC

Cuando Cani Fernández asumió la presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en junio de 2020, se comprometió a trabajar con “independencia, compromiso y rigor jurídico y económico” y pidió, ante la vicepresidenta (entonces tercera) y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que se anotasen bien esas palabras. Fernández aseguró que su pretensión era “desarrollar todo el potencial del organismo para dar un salto de calidad” y aprovechar el capital humano. Se puso el mono de trabajo “para garantizar a las empresas el éxito de sus proyectos y salvar los obstáculos que representan las prácticas contrarias a la competencia” y aprovechar las oportunidades para resolver los fallos y proporcionar un marco claro para invertir.

Ocho meses después, en su primera comparecencia como presidenta en el Congreso de los Diputados, en febrero de 2021, constató la falta de independencia funcional del organismo y las limitaciones en materia de recursos humanos, organizativos y presupuestarios, lo que obligaba a modificar la Ley 3/2013 de creación de la CNMC y el Estatuto por el que se rige. Cualquier cambio en la ley necesita el respaldo del Parlamento, por lo que desde entonces comenzó a trabajarse el apego de los diputados con una labor pedagógica incesante en la que la defensa de los consumidores, la digitalización, la transición ecológica y la transposición al ordenamiento jurídico español de las directivas comunitarias que inciden de lleno en independencia y autonomía eran las prioridades.

La obsesión de Fernández era (y es) gozar del grado de autonomía del Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pero se ha topado con las carencias de personal y presupuestarias. Cuando se creó la CNMC no se acometió la asimilación unificada de los colectivos laborales, lo que implica créditos limitativos, incapacidad para adaptarse a los cambios de los modelos productivos y a la sociedad digital, imposibilidad de gestionar el personal para que tenga carrera profesional y evitar su fuga, muchas veces, a las empresas que la CNMC supervisa. Es decir, impide que pueda hacer una gestión eficaz del talento.

“Se trata de disponer de un presupuesto estimativo, reconocimiento de la realidad del personal como auténticamente mixto (laboral y funcionarial) y la posibilidad de aprobar nuestro propio estatuto orgánico para adaptar la estructura de la institución a la realidad cambiante de los mercados”, apuntó Fernández, que dos años después considera que se está en el camino de la transformación, pero esta va mucho más lenta de lo que le gustaría. En ese sentido, ha logrado afianzar la independencia a través de un diálogo permanente tanto con el Parlamento como con los ministerios con los que se relaciona la CNMC, así como con la plantilla de la institución, empresas de los sectores regulados y medios de comunicación. De algo habrá valido porque la institución ha pasado de una puntuación de 74,5% al 90% por el Consejo de Transparencia.

Sin embargo, no ha conseguido dotar a la institución de más personal ni asegurarse mayor dotación presupuestaria. Precisamente, estas fechas (y principalmente la última semana de julio) está en intensas negociaciones que se presentan como claves para acelerar los cambios previstos y poder irse de vacaciones tranquilamente. Ella asegura que está contenta con lo que ha avanzado, pero no tanto con lo conseguido, porque se ha negociado la incorporación de gente, pero no se ha provisto. Recibe todo el apoyo, pero no hay conciencia de que es urgente. “Necesitamos más medios, meterlo en el organigrama, cambiar el estatuto, tengo el compromiso del ministerio”. Eso se arreglaría, además de dotar a la casa con más personal, con que se permitiera promocionar al que tiene, es decir, que se le conceda el nivel que responda las funciones que realiza. La continua asunción de nuevas competencias, muchas de gestión, principalmente en el ámbito energético, se ha realizado sin dotación de personal cualificado y especializado impactando de forma notable en los objetivos marcados en el ámbito de la energía.

Es normal que se queje de que, pese a que hayan autorizado 37 plazas de personal laboral y 35 de personal funcionario en la oferta de empleo público, estén pendientes de proveer en las sucesivas ofertas de empleo público que se convoquen. Lo mismo se puede decir del acuerdo con los representantes de los trabajadores en negociación colectiva, que está pendiente de aprobación por parte de Hacienda. Debe esperar a que se haga la oferta de empleo público. Se topa con el rodillo de la Administración, en las que no encaja, cuando podría dar respuesta ágil a desafíos como los de la inflación y la crisis energética.

En el entorno de la CNMC no parece haber queja de los avances logrados en materia digital y de gestión con actuaciones como la implantación de un modelo de teletrabajo basado en objetivos; los planes de evaluación del desempeño del personal y de formación o de la Unidad de Inteligencia Económica muy activa en la detección de irregularidades en materia de contratación pública.

Pero la adopción como Ley del RDL de 27 de abril que transpone la Directiva ECN+ de mercado interior sigue siendo una asignatura pendiente. El retraso en la tramitación ha impedido, por ejemplo, la adopción de mejoras en la gestión interna o la introducción en España de los procedimientos de transacción en casos de carteles, que ya existen prácticamente en todos los países europeos. El continuo retraso en la tramitación de este proyecto de Ley en las Cortes ha impedido avanzar a la presidenta en objetivos importantes de su plan estratégico.