La presidenta de la CNMC exige cambios en la ley para dar mayor independencia al organismo

Cani Fernández, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha aprovechado su paso por el Congreso de los Diputados para quejarse de la falta de independencia del organismo y la falta de recursos para desarrollar su labor. En una contundente intervención ante la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, ha reclamado un modelo de gestión como el del Banco de España, que considera “óptimo” y del que asegura estar “muy lejos”. “Por sus funciones, independencia, relevancia en la regulación y supervisión y relaciones en el marco de la UE, la CNMC, debe disponer de un presupuesto estimativo”, ha subrayado.

Fernández ha pedido apoyo a los diputados para efectuar los cambios necesarios en la ley que permitan dotar a la institución “de la independencia en la gestión de sus recursos humanos, estructura organizativa y presupuesto”, de la que a su juicio carece, y adaptarla a los nuevos retos de la economía. “Hay tres directivas a punto de implementarse que hay que aprovechar para resolver las disfunciones que no habían trascendido”, ha planteado a los grupos políticos presentes.

La comparecencia de Fernández, que lleva en el cargo desde el pasado junio, ha sido una cascada de lamentos por los obstáculos que se ha encontrado en el organismo. Estos provienen, a su entender, “del marco normativo por el que se rige la CNMC, la interpretación que han hecho de la normativa los ministerios y de un problema fundacional: cuando se realizó la fusión de los reguladores y de la autoridad de competencia en 2013, no se acometió la asimilación unificada de los colectivos laborales existentes en aquel momento”.

Para ella, “la independencia, además de legal e institucional, debe ser funcional e implicar una autonomía organizativa y de gestión tanto por tratarse de una autoridad administrativa independiente, como por ser la autoridad regulatoria y de competencia de la UE en nuestro país”. Por eso, reclama autonomía “para organizar de forma coherente y efectiva su equipo humano, su estructura y su presupuesto”.

“Pero la CNMC funciona como una unidad adscrita a cualquier ministerio. Para una verdadera independencia de los reguladores, hay que ser coherentes y dotarlos de autonomía plena de gestión. La credibilidad de la CNMC, tanto dentro de España como fuera, exige independencia, rigor y calidad. Todos estos aspectos necesitan suficiencia de medios y autonomía de gestión para organizar los recursos adecuadamente y alinearlos con esos objetivos de forma razonable, coherente e, importante también, dinámica”, ha incidido.

Al respecto, Fernández se ha quejado del “presupuesto limitativo, como si fuera un órgano más dependiente de un ministerio, lo que impide gestionar de modo eficiente las necesidades de la Comisión”. Y ha puesto como ejemplo que “si un año se requiriese más dinero del previsto inicialmente para pagar cuotas de la Seguridad Social, aunque eventualmente sobrase dinero de otras partidas, la modificación presupuestaria debería ser autorizada por Hacienda”.

Fernández ha aclarado que no está pidiendo más presupuesto, sino poder gestionar el que tiene el organismo. No obstante, ha recordado que las transferencias que la CNMC recibe del Estado suponen 56,5 millones de euros, mientras que el total de fondos que envió al Tesoro Público por recaudación de tasas y sanciones en 2019 fue de 246 millones, además del beneficio que genera para el mercado y la ciudadanía.

Contradicciones

Para Fernández, se perciben importantes contradicciones. Una se produce por el propio estatuto (aprobado por el Consejo de Ministros y no por el órgano de gobierno de la propia autoridad, como en el caso del Banco de España y la CNMV), “que determina un régimen presupuestario y en materia de recursos humanos propio de una unidad adscrita a un ministerio y no de una autoridad administrativa independiente, lo que deriva en créditos limitativos, incapacidad de adaptar su estructura a las necesidades cambiantes de los modelos productivos y de la sociedad digital, imposibilidad de aprobar su propia relación de puestos de trabajo, por señalar algunas de las cuestiones más significativas”.

Otra contradicción se encuentra en la preceptiva intervención de distintos órganos ministeriales en cuestiones de gestión de la CNMC, incoherente, según Fernández, con la autonomía organizativa requerida por las directivas europeas sobre sectores regulados y competencia y con la concepción propia de esta institución como autoridad administrativa independiente.

En ese sentido, lamenta que “la CNMC debe obtener la previa autorización de la Comisión Interministerial de Retribuciones (Cecir), formada por los Ministerios de Hacienda y el de Función Pública, que además mantiene una interpretación de la ley restrictiva respecto del personal laboral, lo que favorece situaciones potencialmente discriminatorias para este personal (el 65% de la Institución). Y no podemos contratar personal, a pesar de nuestra infradotación de recursos, aunque tengamos, como hemos tenido, superávit año tras año, si no es en el marco de la Oferta de Empleo Público, que depende del Gobierno”.

Esta dependencia de la Cecir comporta, ha reseñado, “que la CNMC tenga importantes limitaciones para adaptar su relación de puestos de trabajo y su estructura de personal a los cambios derivados, entre otros, de la atribución de nuevas competencias y la vertiginosa evolución de los sectores regulados y supervisados, donde la digitalización y la robotización se está incorporando rápidamente a los servicios y a los procesos productivos, nuestras empresas supervisadas se adaptan, y nosotros nos quedamos detrás”.

Según la presidenta de la CNMC, el Estatuto Orgánico de la CNMC, que debe ser aprobado por real decreto, limita su actuación e impide adaptarse a los mercados de 2021, creando como querría, por ejemplo, una subdirección de Inteligencia Económica, una Subdirección de Energía renovables o una Subdirección de digitalización o del dato. El modelo organizativo de la CNMC, a su juicio, se aleja mucho del establecido para el Banco de España, la CNMV o el Consejo de Seguridad Nuclear, que pueden aprobar su propio Estatuto Orgánico, “sin que exista una razón concreta que justifique tal diferencia, más bien al contrario”.