Semana clave para despejar incógnitas energéticas

Esta semana se espera un Consejo Europeo de gran trascendencia los días 24 y 25 y, como antesala, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) celebra una reunión en París de similar o, si cabe, mayor importancia dado que implica ya a todo el planeta y no solo a Europa. Con la presencia además del líder estadounidense, Joe Biden, por el Viejo Continente, en los dos casos aparece como telón de fondo la repercusión de la crisis generada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia en los precios de la energía y en la inflación. Los países de la Unión Europea (UE) tratarán de ponerse de acuerdo en cuestiones que consideran vitales y habilitar las propuestas para frenar a Vladímir Putin.

Todo está por ver y no todos los países parten de posiciones uniformes, aunque la prolongación de la guerra conduce al acuerdo. Ya el viernes los representantes permanentes de los países miembros se reunieron para acercar posturas. Mientras los países del norte han sido reacios a castigos en las compras de energía, ya que dependen mucho del suministro ruso; los del sur, menos dependientes, se inclinan más por la labor. Esta dicotomía plantea un intenso debate en el que, probablemente, se llegue a adoptar algunas medidas extraordinarias a corto plazo, de carácter temporal, para dejar luego abierta la preparación de una reforma más en profundidad a medio y largo plazo en la que sí se puede canalizar un nuevo sistema de fijación de precios como piden las empresas para mantener la actividad industrial y el empleo. Están en discusión, además de suspender la compra de gas y petróleo ruso, medidas como modificar para siempre el discutido mercado marginalista (como propone España), desacoplar el precio de los combustibles fósiles de la fijación de precios eléctricos, la posibilidad de instaurar un precio único, limitar el mercado y/o sacar los ciclos combinados del pool.

España ha tratado de convencer a sus socios de que no tiene mucho sentido que una energía minoritaria marque el precio de todas las demás. La eficiencia económica del sistema marginalista ha quedado en entredicho en esta crisis tras haber cambiado de forma bastante radical el mix energético que se instauró en un momento en que era muy distinto al actual, en el que han entrado de forma masiva las tecnologías renovables y han desaparecido o se han reducido otras como el carbón y los ciclos renovables, que se alimentan de gas, la energía que ha dirigido el precio de la electricidad en los últimos meses. Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado por activa y por pasiva que, si no hay un entendimiento en Europa, tomará medidas de forma unilateral para reducir el precio de la electricidad, así como el gas y los combustibles. El Ejecutivo persigue para ello el máximo consenso con las comunidades autónomas, los agentes sociales y el resto de grupos políticos. En ese sentido, ya ha negociado con el principal partido de la oposición, el PP, que pese a estar de acuerdo ha aprovechado para criticar que llega con tardanza en unas declaraciones poco constructivas.

De momento, el Gobierno ha anunciado que el paquete de medidas incluirá rebajas fiscales y ayudas directas a la población, sobre todo a la más vulnerable. En ese sentido, se espera que se reduzca el IVA de los carburantes del 21% al 10% y el impuesto de Hidrocarburos, como ya se hizo con los impuestos de la electricidad, que se han prolongado y que incluso podrían reducirse todavía más. En todo caso, los recortes tendría que aprobarlos Bruselas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que en todo caso deben ir acompañadas con la instauración de un tope en los precios. Ha trascendido, al respecto, que en electricidad se pondrá un precio máximo de 180 euros por megavatio/hora (MWh) y un fondo para compensar a las firmas gasistas. Lo dijo el ministro portugués del ramo, Joao Matos Fernandes (ya se sabe que en materia energética la Península Ibérica funciona como un solo país); pero no dejan de ser unas declaraciones que suenan a globo sonda y que han sido criticadas porque se presume que todas las tecnologías colocarían sus precios en ese umbral y no por debajo.

Asimismo, en palabras de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también se ha especulado con la posibilidad de que recortar los beneficios de las eléctricas para paliar la pérdida de poder adquisitivo por el alza de la inflación. La intervención de la líder de Izquierda Unida generó gran desconcierto en el sector, que tiene pendiente la auditoría que tiene en marcha la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para comprobar si los contratos de suministros de las empresas se ajustan al recorte aprobado en septiembre pasado. El Gobierno incluyó en el plan de choque para afrontar el aumento de precio de la electricidad el recorte de los llamados beneficios caídos del cielo (los obtenidos como consecuencia de vender la energía barata a los precios del mercado marginal marcados por el gas).

Sobre la necesidad de cambiar el sistema marginalista se han pronunciado los sectores empresariales, sobre todo, los electrointensivos. Las patronales de gran consumo (Aege), la siderúrgica Unesid y la química Feique han insistido en una carta enviada a los comisarios de Interior (Thierry Breton) y de Energía (Kadri Simson), a la que se han adherido Confemental y Oficemen, de la necesidad de tomar medidas urgentes reformando el mercado marginalista eléctrico, al menos mientras dure la crisis energética. También se ha mojado el presidente de Mercadona, Juan Roig, quien aprovechando la presentación de resultados del grupo, envió un recado al Gobierno pidiendo que la fórmula se cambie ya, que se baje el IVA y se elimine la burocracia.

Para remate también se ha unido el mensaje del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, quien ha pedido un pacto de rentas. A su juicio, una escalada de los precios y salarios sería demoledora para la economía española. El pacto supondría “un reparto entre empresas y trabajadores de la merma de rentas de la economía nacional que implican los aumentos de los costes actuales”. Para el banquero central, queda claro que ni los trabajadores van a mantener su poder adquisitivo ni las empresas sus márgenes. La solución pasa por utilizar la inflación subyacente, es decir, sin energía ni alimentos frescos.