Retos frente a la pobreza

Nuestro país no presenta un panorama alentador con respecto a los niveles de pobreza de la ciudadanía: una de cada cinco personas vive en riesgo de pobreza. Esta situación contrasta con la de la mayoría de nuestros vecinos europeos: en Portugal, el riesgo de pobreza afecta al 16%, en Alemania al 15% y en Francia al 14%. Además, el panorama no ha hecho sino empeorar tras la llegada de la pandemia, pues como casi todas las crisis, ha afectado desproporcionadamente a los colectivos más vulnerables.

¿Pero por qué ocurre esto en nuestro país? La primera respuesta, aunque no la única, ha de encontrarse en las altas tasas de desempleo que soportamos. Existe una relación fuertemente positiva entre no tener empleo y estar en situación de pobreza. De hecho, el riesgo de ser pobre se duplica en el caso de las personas en desempleo. Aun así, con gran preocupación, estamos observando cómo desde el inicio de la recuperación de la Gran Recesión, allá por 2014, algunas personas no consiguen salir de la pobreza incluso aunque logren acceder a un empleo. Esto se debe a la gran precariedad laboral a la que se enfrentan, caracterizada por contratos con un bajo número de horas, alta inestabilidad y bajos salarios por hora. Esto tiene mucho que ver, por un lado, con factores productivos, como la poca incidencia del sector industrial o la alta presencia de actividades de bajo valor añadido en el sector servicios, pero se debe, sobre todo, a factores normativos. Mientras que en otros países, ante cambios en la actividad económica, se ajusta la cantidad de trabajadores mediante medidas de flexibilidad interna que preserven en lo posible el empleo, en nuestro país se hace mediante la contratación temporal y el despido. Estos ajustes producen una volatilidad perversa prácticamente única en nuestro entorno que, además, afecta, no única pero sí primordialmente, a los colectivos en situaciones de riesgo de pobreza y de exclusión social.

Para conocer quiénes son los colectivos más pobres en nuestro país, la Fundación ISEAK ha elaborado un Observatorio de Pobreza y Desigualdad. Destacan, sobre todo, las personas que carecen de un empleo, inmigrantes, personas con un nivel educativo básico y también quienes residen en hogares monoparentales o con un gran número de hijos. Por el contrario, la pobreza afecta en mucha menor medida a colectivos como las personas jubiladas o las parejas que no tienen hijos.

Por otra parte, el desigual reparto de la pobreza también alcanza la dimensión territorial. El Observatorio destaca cómo las tasas de pobreza se distribuyen claramente según un eje norte-sur, donde el sur se lleva la peor parte. Por dar algunas cifras, en algunas comunidades como País Vasco y Navarra el riesgo de pobreza afecta al 10% de su población, mientras que otras como Extremadura, Canarias y Andalucía triplican esas tasas. Otro dato muy relevante, y que complementa al anterior, es la intensidad o el grado de pobreza de las personas pobres. Desde un punto de vista social, es importante conocer cuánto les falta a los colectivos pobres para salir de esta situación. En ese sentido, es llamativo que el contraste norte-sur que se observa previamente se desdibuja. Regiones como el País Vasco y Navarra que destacan por la baja incidencia de la pobreza sufren, sin embargo, una intensidad mayor que otras regiones como Extremadura o Andalucía. Esto demuestra que las personas pobres en estas regiones, si bien son pocas, viven en situaciones de clara exclusión social.

¿Y cómo abordamos este preocupante panorama social? No hay recetas mágicas, el problema es complejo y tiene numerosas dimensiones. Sin duda, la medida más urgente es paliar la extrema pobreza de los colectivos más vulnerables. Para ello es necesario hacerles llegar una renta que les permita alcanzar unos ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Este ha sido precisamente el objetivo del Ingreso Mínimo Vital, aprobado en plena pandemia sanitaria. El Observatorio de la Fundación ISEAK también analiza hasta qué punto esta herramienta consigue erradicar la extrema pobreza en cada comunidad autónoma. Dado que el nivel de ingresos de cada región varía notablemente y la cantidad otorgada de IMV es la misma en todo el país, su alcance en la erradicación de la pobreza también difiere en cada comunidad autónoma. Por otro lado, la regla con la que se aumenta la cantidad IMV según crece el tamaño del hogar es diferente a la utilizada en la literatura académica por la cual se definen los umbrales de pobreza. Por estos dos motivos encontramos que, salvo en Extremadura, donde la gran mayoría de los hogares que reciben el IMV logran salir de la extrema pobreza, y los hogares más pequeños —especialmente los monoparentales— de regiones como Andalucía, Murcia y Ceuta, en el resto de comunidades el IMV no logra sacar de la extrema pobreza a prácticamente ningún tipo de hogar. Si bien es cierto que su grado de pobreza se reduce notablemente, en especial en los hogares de menor tamaño. Ese es, de hecho, su mayor logro.

No queremos finalizar sin destacar la necesidad de acompañar este tipo de transferencias con medidas que permitan, en lo posible, la vuelta a un empleo. Una adecuada activación a los colectivos vulnerables es el único camino para que la pobreza se convierta en un fenómeno residual. Este es el gran reto al que nos enfrentamos como sociedad. Nos hallamos ante una transformación estructural derivada del cambio tecnológico y climático que ofrece numerosas oportunidades, pero también exige retos complejos. Sin duda, uno de ellos pasa por acompasar las transformaciones productivas con un mecanismo eficaz de formación, adaptación y recualificación de la ciudadanía.

Sara de la Rica, Lucía Gorjón y Ainhoa Vega pertenecen a la Fundación ISEAK