El momento reivindicativo de patronal y sindicatos

Comenzó la semana con la resaca del anuncio de Pedro Sánchez de confinamiento total para los sectores económicos no esenciales, que provocó la salida en tromba de las organizaciones empresariales contra el Gobierno, y terminó con el de su intención de hacer una ronda de contactos con los portavoces parlamentarios para consensuar alguna postura común mientras se da por hecho que propondrá una ampliación del estado de alarma hasta el puente del Primero de Mayo. Es decir, una especie de Pactos de La Moncloa, que sería una forma de calmar los ánimos y juntar fuerzas para buscar la reactivación de la economía.

En los Pactos de La Moncloa, firmados en 1977 en una España en transición hacia la democracia, participaron prácticamente todos los partidos (desde la AP de Manuel Fraga hasta el PCE de Santiago Carrillo), pero no lo hicieron ni los sindicatos (representados de alguna forma por los partidos que se consideraban su correa de transmisión: PSOE, en el caso de UGT, y PCE, en el de CC OO) ni la patronal, que en realidad estaba todavía en proceso de constitución juntando las diversas corrientes empresariales que existían. Ahora aquellas correas de transmisión ya no están tan claras, entre otras cosas porque los partidos no son exactamente los mismos y los sindicatos están menos determinados por aquellos. Así que se dan las circunstancias para que se les tenga en cuenta si se llega a negociar cualquier acuerdo, lo que se antoja bastante complicado dadas las actitudes mostradas por la derecha y la ultraderecha en sus últimos movimientos.

Los agentes sociales están siendo muy activos. Además de los contactos que mantienen con La Moncloa (o La Moncloa con ellos), el jueves ya pudieron conocer, sondear o intuir las intenciones en la videoconferencia que compartieron con los ministros que componen la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Economía, Transición Ecológica, Transportes, Industria, Trabajo, Seguridad Social y Agricultura). Se trataba de analizar las medidas aprobadas (las del martes y las anteriores), su puesta en marcha y el seguimiento de las mismas, pero también de tener elementos para programar futuros movimientos.

Casi en paralelo, ese mismo día, el líder del PP, Pablo Casado, se entrevistaba con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el viernes lo hacía con los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez. Casado, no obstante, había comenzado su ronda con el activo Lorenzo Amor, responsable de la asociación de autónomos ATA y hombre que nunca ha disimulado su cercanía al PP.

Los agentes sociales se han ganado a pulso el reconocimiento históricamente y los grupos políticos deben saber, a estas alturas, que hay que tenerlos en cuenta, pese a algunos plantones sonados. Ahora le toca a Sánchez. Como ocurrió con el anuncio del fin de semana pasado de paralizar la industria que no había sido ni anunciado ni, por supuesto, consensuado previamente. Pero patronal y sindicatos han dicho que estarán ahí, poniendo la horma al zapato político y tratando de ser constructivos. Por ejemplo, varios empresarios, poco sospechosos de ser izquierdistas, han criticado la actitud cerrada de Casado y no digamos del partido que lidera Santiago Abascal por no propiciar un pacto de Estado y les han pedido que “hagan país”. “No son momentos de hacer campañas electorales, ya habrá tiempo para ello”, subraya una fuente que, como suele ser habitual en el colectivo empresarial, pide el anonimato. Y de la misma forma han tachado al Gobierno de “desconocimiento, improvisación, ignorancia o irresponsabilidad” por algunas medidas adoptadas. Otros, como el hotelero Antonio Catalán, han sugerido que el presidente constituya una especie de comité asesor con primeros ejecutivos de grandes empresas que puedan aportar experiencia.

En todo caso, empresarios y sindicatos están acostumbrados a negociar y a alcanzar siempre un punto de acuerdo. Ahora, mientras los empresarios, envalentonados por una cita de Winston Churchill que se había difundido por sus móviles (“Muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir; otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar; pero muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro”), reclaman que se amplíen los ERTE más allá de lo que dure el estado de alarma, los sindicatos piden que no se convierta en un coladero al igual que otras medidas que perjudique a los trabajadores. Asimismo, han criticado que los afectados por ERTE puedan acogerse al bono social eléctrico como ha pasado con los autónomos.

LOS CORROS

Los azulejeros piden liquidez

La industria azulejeros, agrupada en su mayor parte en Ascer que preside Vicente Nomdedeu, ha valorado que se les haya excluido de los sectores no esenciales, pero piden medidas de liquidez y que se aprueben mayores dotaciones económicas para todo el sistema. La industria de baldosas cerámicas podrá seguir atendiendo a sus clientes internacionales hasta el 9 de abril, pero necesita hacer frente a los pagos corrientes como las nóminas de los trabajadores que disfrutan del permiso retribuido recuperable y los ERTE en curso. De esta forma, aseguran, podrá cumplir con parte de sus compromisos comerciales a nivel internacional. Este sector es el segundo exportador en el mundo en volumen y el tercero español que más superávit comercial aporta a España, cifrado en 2.719 millones en 2019.

Alianza para fabricar geles

Las asociaciones del sector cosmético (Stanpa) y químico (Feique) se han aliado para garantizar el suministro de geles hidroalcohólicos al sistema sanitario, las residencias de mayores y las fuerzas de seguridad del Estado. El compromiso permite trasladar un mensaje de tranquilidad. De momento, cinco grandes fabricantes de perfumes y cosméticos han producido ya más de 270.000 litros de soluciones hidroalcohólicas en las dos últimas semanas y elaborarán 310.000 litros más en los próximos 15 días, según destacan Juan Antonio Labat, director general de Feique, y Val Diez, de Stanpa.

Medidas urgentes para las firmas de autobuses

Las patronales de transporte público por carretera ATUC y Confebus, que preside Rafael Barbadillo, exigen al Ministerio de Transportes una batería de medidas urgentes ante la caída del 90%, al tiempo que recuerdan la obligación de cumplir los servicios mínimos y garantizar que no existan contagios. Entre otra .medidas, piden el aplazamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social y pagos de IRPF de hasta seis meses sin intereses y la transferencia urgente a los ayuntamientos por un importe similar al que Hacienda realiza todos los años como subvención para el mantenimiento del transporte urbano.

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