Las dificultades para acceder a una casa en Portugal, el país con la vivienda más sobrevalorada de la UE: “No consigo vivir sola”
El turismo ha devorado buena parte de la oferta que antes se destinaba a alquileres de larga duración. En algunas zonas históricas de Lisboa, los pisos turísticos ocupan el 66% de las viviendas


La vivienda se ha convertido en la frontera social más divisoria en Portugal. A un lado jóvenes como Lisandra Caeiras, coordinadora pedagógica en una escuela privada, menor de 40 años y obligada a compartir piso como si aún no hubiese dejado la facultad porque no puede permitirse pagar un apartamento con su nómina. Al otro, inversores extranjeros como el grupo del fallecido Karl Lagerfeld que pronto ofrecerá en el centro de Lisboa apartamentos que superan los seis millones de euros, a razón de 25.000 euros por metro cuadrado. Portugal es ya el país donde más han subido los precios inmobiliarios en el segundo trimestre de 2025 (17,3%), por delante de Croacia (13,2%) y España (12,8%), según Eurostat, la agencia estadística europea. A ese dato se suma un reciente informe de la Comisión Europea que concluye que la vivienda portuguesa es la más sobrevalorada de la Unión Europea.
Lisboa, que en el pasado convirtió su decadencia en encanto, es hoy un ecosistema de fachadas de azulejos renovados y brillantes detrás de los cuales viven turistas ocasionales, propietarios extranjeros que van y vienen y algunos portugueses que compraron su casa cuando todavía podían pagarse cuotas hipotecarias con un sueldo medio. Pero la generación que tiene menos de 40 años, salvo que haya nacido en un entorno económico privilegiado, solo puede aspirar a vivir lejos de las ciudades si quiere dignidad o a vivir de forma precaria en cuartos si opta por no alejarse de los centros urbanos. “Tengo 32 años y no consigo vivir sola. Un apartamento de una sola habitación cuesta más de 800 euros y eso es inalcanzable para un salario de 1.200 euros. Desde hace siete años no logro cambiar mi estilo de vida”, lamentaba hace días Lisandra Caeiras junto a la estación del Rossio, donde coge el tren para ir a trabajar a Cascais.
Dos horas diarias de su jornada se evaporan en el transporte. Tampoco las cosas son más fáciles para su amiga Ana Pires, una realizadora y fotógrafa que ha tenido que emplearse en Ikea y ha comprado junto a su pareja una casa en Portalegre, a más de 200 kilómetros de Lisboa, para asegurarse un techo. “Nosotros entramos pagando 500 euros por un alquiler en Amadora [en la periferia de la capital] que ahora va por 700. Nos dio miedo que de repente aumenten el alquiler a 1.000 euros y nos quedemos sin casa”, explica.
La crisis de la vivienda es un mal que recorre numerosos países europeos, pero el caso portugués resulta especialmente grave por una endiablada tenaza de su economía, que se distingue por tener al mismo tiempo bajos salarios y precios inmobiliarios altos. Muy bajos y muy altos. El salario medio bruto es de 1.615 euros al mes (el mínimo interprofesional es, desde este 1 de enero, de 920 euros). El precio medio del metro cuadrado de las casas vendidas en el segundo trimestre del año superó por vez primera los 2.000 euros y, en el área metropolitana de Lisboa, alcanzó los 3.403 euros por metro cuadrado.
Portugal es el país de la Unión Europea donde las casas están más sobrevaloradas, un 35% por encima del valor real, según un extenso documento de trabajo publicado el pasado 16 de diciembre por la Comisión Europea sobre la crisis de la vivienda en el club comunitario. “Es el único país donde la sobrevaloración tuvo un crecimiento significativo en 2024″, alertaban los autores del estudio, que identificaban a Portugal como el país más perjudicado por el turismo en materia de vivienda. “Cada vez hay más evidencia empírica de que el crecimiento del turismo en general y el de las plataformas de alquiler de casas han contribuido a aumentar los alquileres y los precios inmobiliarios en áreas privilegiadas como los centros históricos”, señalaban en el estudio.

En zonas como el Algarve, los pisos turísticos ocupan el 11% de las viviendas. Pero es en algunas áreas de Lisboa donde la situación ha llegado más lejos. En Santa Maria Maior, que aglutina barrios populares del centro histórico como Alfama, Mouraria o Chiado, ya hay más viviendas turísticas que para inquilinos de larga duración. La falta de medidas políticas permitió un éxodo vecinal constante durante años que condujo a la transformación total de sus calles. Con un 66,9% de las casas destinadas a disfrute de turistas, la zona ha perdido identidad real y solo conserva el decorado.
La Cámara Municipal de Lisboa aprobó recientemente la nueva regulación de los pisos turísticos, que cierra la puerta a nuevos negocios en zonas congestionadas, pero la abre en otras áreas de la ciudad. Son medidas que tratan de impedir que el problema se agudice donde ya es grave, pero que la oposición considera que acabará causando perturbaciones en nuevos barrios.
Con un parque público de viviendas de apenas el 2%, la crisis se arrastra desde los Gobiernos del socialista António Costa, que solo al final de su mandato (2015-2024) adoptó medidas contundentes como la prohibición de abrir pisos turísticos en las principales ciudades, así como la eliminación de los visados dorados que daban acceso al permiso de residencia a cambio de inversiones inmobiliarias que ayudaron a disparar los precios de las casas. Además, se establecía un límite a las subidas de alquileres, se fijaba una contribución extraordinaria a los pisos turísticos y se imponía el alquiler forzoso de las viviendas vacías. Esta última medida fue tan contestada que acabó en nada.
En cuanto a las otras, buena parte han sido derogadas o alteradas por el nuevo Gobierno de Luís Montenegro, que lidera una coalición de centroderecha. Las recetas para resolver el problema inciden ahora sobre medidas liberalizadoras para estimular el mercado como permitir construir en suelos rústicos, apoyos directos a inquilinos y compensaciones fiscales a propietarios y promotores, incluida la bajada del IVA del 23% al 6%. Según el ministro de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, se han destinado 1.000 millones a estas medidas desde que llegaron al Gobierno y se pretende alcanzar la cifra de 150.000 viviendas públicas en 2030. Algunas propuestas, como los beneficios fiscales a propietarios que alquilen casas de hasta 2.300 euros, han sido contestadas por la oposición por dar ventajas a propietarios que piden rentas imposibles de pagar a los portugueses de salarios medios.
Trabajar ya no garantiza el acceso a una casa si el salario es bajo. Alrededor de las grandes ciudades están resurgiendo paisajes de chabolas que habían sido erradicados después de la Revolución de los Claveles. Y hay jubilados que ocupan infraviviendas o locales semiderruidos por no poder financiarse un techo digno.
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