Más de 8,5 millones de personas no pudieron calentar adecuadamente sus casas el pasado invierno

La pobreza energética española se reduce, pero queda trabajo por hacer. En el invierno de 2024, más de 8,5 millones de personas (el 17,6% de la población) no pudieron calentar sus casas correctamente, un dato que mejora tres puntos respecto a 2023, año en el que alcanzó su pico. Además, una de cada diez familias tuvo que retrasar el pago de sus facturas energéticas, algo que resulta “preocupante”, según detallan los autores del Informe de indicadores de Pobreza Energética en España 2024 elaborado por la cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas y presentado este pasado jueves. Este dato, asegura el estudio, es “malo”, ya que a partir de enero de 2026 decae la prohibición de cortar los suministros a los beneficiarios del bono social.

Los ingresos propios que les hizo falta a los hogares vulnerables para costear la energía necesaria para mantener un confort térmico adecuado y tener un nivel suficiente de servicios energéticos fue de 150 euros, 18 menos que en 2023, gracias a la reducción de los precios de la luz. Para tratar de reducir estos datos de pobreza energética, Elisa Carbonell coordinadora de proyectos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN por sus siglas en inglés) ha pedido “facilitar los trámites para que las personas puedan pedir ayudas públicas para pagar la luz o el gas”.

Los autores del informe han destacado que el bono social eléctrico funciona. El estudio presentado muestra que esta cifra se reduce a la mitad para quienes reciben esta ayuda. Por tanto, han pedido al Gobierno no solo que se mantenga, sino que se cambie para que abarque a más familias. Los datos más recientes muestran que ocho de cada diez beneficiarios potenciales de esta ayuda pública no lo reciben.

Además, apenas se redujo el número de familias que gastan de forma “desproporcionada” en energía. Así, el 16,5% de las personas gastaron más del 7,4% de sus ingresos en calefacción, algo que Efrain Centeno, director de la cátedra, define como “desastroso”, por lo que hace falta “seguir alertas, ya que los indicadores apenas están mejorando, lo que muestra que el problema está lejos de resolverse”. Carbonell ha pedido también que “las administraciones se impliquen más para luchar contra un fenómeno que afecta a muchas personas”. A ello hay que añadir que el 15% de las familias tienen que reducir otros gastos básicos, como los relacionados con la alimentación, para poder pagar sus facturas de calefacción, algo que uno de los autores del estudio, Roberto Barella ha calificado de “bastante doloroso que como sociedad exista esta situación y que no se enfrente”.

El régimen importa

Una de las novedades que introduce este informe es el estudio comparado entre familias que poseen una vivienda y aquellos que viven de alquiler. Así, la pobreza energética golpea al 29,9% de los arrendatarios, cifra que se reduce al 17,6% para quienes tienen una casa en propiedad. Centeno ha destacado que este dato demuestra que “la pobreza energética no solo depende de la renta, sino también del hogar”.

Esta es la pobreza energética que se ve. Sin embargo, el 27,1% de las familias se encuentra muy cerca de no poder calentar correctamente sus hogares. Esta magnitud la han definido los autores del estudio como pobreza energética oculta, que, en palabras de Centeno, “son familias pobres que tienen que hacer malabares para mantener su casa caliente en invierno”.

Este fenómeno también está marcado por diferencias geográficas. Así, Extremadura es la comunidad autónoma en la que hay más personas tienen dificultad para pagar sus facturas energéticas (23%), mientras que en Madrid, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Cataluña, Islas Baleares e Islas Canarias es menor: del 9%.