Cataluña abre el debate sobre la prohibición de comprar pisos para especular

En plena emergencia de vivienda y con una trayectoria de legislación pionera en la cuestión, Cataluña ha abierto un nuevo debate para frenar la expulsión de vecinos de las ciudades: la posibilidad de prohibir la compra de pisos para especular. O, dicho de otra manera, que solo se puedan adquirir casas si es para vivir en ellas. El objetivo es impedir que grandes empresas o fondos compren edificios o lotes y luego echen a los inquilinos, para sacar más provecho de las propiedades. Los comunes, ERC y la CUP, cada uno a su manera, están presionando al PSC para que apruebe regulaciones al respecto, tanto en el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona como en el de la Generalitat.

Unas peticiones que se producen en vísperas a que Cataluña regule el alquiler de temporada y que coinciden con la publicación de un estudio público que defiende que es posible hacerlo con encaje legal constitucional, como “medida urgente y excepcional, acotada a las zonas de mercado tenso y de manera limitada en el tiempo”. Hace dos semanas, el president Salvador Illa se comprometió en el Parlament a “estudiar” el informe cuando se lo pidió la CUP y también a “analizar todas las medidas” para abordar la crisis de la vivienda tras reunirse con el Sindicato de Inquilinas.

En Barcelona, el grupo municipal de ERC citó hace meses el caso de Ámsterdam, donde ya se limitan las compras de vivienda, y forzó la elaboración de un informe municipal al respecto. Y, la semana pasada, en el pleno, los comunes lograron el apoyo del alcalde Jaume Collboni y los republicanos para aprobar un texto que llama al Gobierno municipal a “desarrollar los instrumentos urbanísticos necesarios, como un Plan Especial, para limitar las compras especulativas en la ciudad de Barcelona, en un periodo máximo de seis meses”. Los comunes han elevado el listón y exigen esta regulación como condición para votar los presupuestos de 2026 a Collboni. De hecho, lo anunciaron la semana pasada en una comparecencia conjunta con el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, que instó al Gobierno español a “prohibir las compras de vivienda con finalidades especulativas”.

En el Parlament, los comunes presentaron este martes su idea de proposición de ley para tratar de materializar la prohibición de la compra especulativa. La propuesta consiste en modificar la Ley de Urbanismo para que los municipios puedan aprobar planes especiales propios para limitar la compra en zonas tensionadas. Admitirían excepciones, como que la vivienda sea para un familiar directo, permitir comprar una segunda residencia en municipio distinto del de residencia o adquirir edificios si los alquileres se ajustan al precio oficial. A pesar de que el abordaje de la crisis de la vivienda es el caballo de batalla de los comunes, no han expuesto la medida como una línea roja para aprobar los presupuestos de Illa. Los republicanos, por su parte, han dado un plazo de tres meses al Ejecutivo para que estudie el informe y haga una propuesta seria, siempre que se aplique “con todas las garantías jurídicas”. Fuentes del Ejecutivo han subrayado que pese a que analizarán a fondo la propuesta, de entrada está la dificultad que conlleva distinguir jurídicamente qué es una compra especulativa de la que no lo es.

Hace un mes, el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB, vinculado al Área Metropolitana de Barcelona), presentó un estudio cuyo resultado avala la limitación de la compra de pisos solo para residencia habitual de los compradores. El informe lo firma el jurista Pablo Feu y se apoya en el hecho de que el mercado inmobiliario no garantiza hoy en día impedir la especulación (como fija la Constitución en su artículo 47), ni vela por la cohesión social y evitar la dispersión (como indican regulaciones autonómicas o municipales). De ahí que, con el aval de las sentencias del Tribunal Constitucional a la intervención del mercado del alquiler, sugiera regular las compras como “medida urgente y excepcional, acotada a las zonas de mercado tenso y de manera limitada en el tiempo”.

La base del trabajo de Feu es, explicó el experto al presentarlo, que “si el mercado inmobiliario distorsiona el modelo de cohesión de las ciudades”, como han demostrado decenas de informes sobre los aumentos de precio, la brecha con la evolución de los salarios o la expulsión de vecinos; se puede intervenir. En el caso de España, se podría hacer en el marco estatal, autonómico y municipal.

La base sería que solo se pudiera comprar una vivienda si es para residencia habitual del comprador durante cinco o siete años; o si es para un familiar próximo. Y en el caso de edificios enteros, si se respetan los precios del alquiler que pagan los inquilinos. En el ámbito estatal se podría hacer con una ley específica “que regule el régimen limitativo de compraventas en las zonas de mercado tenso”, de la misma forma que la Ley de Vivienda regula los precios del alquiler. También se podría materializar con un Real Decreto Ley, por la vía de urgencia y evitando una tramitación legislativa.

A nivel autonómico, y dado que las comunidades tienen competencias en materia de urbanismo y vivienda, se podría hacer con una ley autonómica específica (ley, decreto ley o decreto legislativo) o desplegando la ley urbanística existente. En Cataluña, la clave es que la ley de urbanismo fija que cualquier desarrollo debe garantizar la cohesión social y evitar la dispersión territorial. Y en el caso de los Ayuntamientos, “la legislación de Andalucía, Aragón, Cataluña y el País Vasco, que permiten a los consistorios cumplir los deberes derivados de la legislación básica”, indica el informe, se podría regular con el planeamiento urbanístico.

En Barcelona, la propuesta de los comunes es una Modificación del Plan General que regula el urbanismo en la ciudad (que está pendiente de aprobación definitiva y calificaría la vivienda como permanente). A partir de ahí, detalla la líder de Barcelona en comú en el consistorio, Janet Sanz, se podrían desplegar planes especiales vinculando las compras a los supuestos citados: que las compras sean para residir, para familiares o estén permitidas si se cobran alquileres asequibles. Y hacerlo “zonificando, allí donde existan más multipropietarios o compras por parte de empresas”.