Trabajo se prepara para que el salario mínimo tribute y pide a Hacienda que exprese su posición

El Ministerio de Trabajo ha pedido al comité de expertos que recomendará un nuevo incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) que plantee con qué cifras alcanzaría el 60% del salario medio neto de España en dos escenarios: tanto si tributa como si no lo hace. Es un paso de gran calado político, dado el debate anual entre este departamento y Hacienda que se produce en los últimos años por esta cuestión. Como el SMI tiene una prevalencia cada vez mayor en la clase trabajadora, distintas voces apuestan por que este nivel de renta deje de estar exento de IRPF, una posibilidad a la que se ha abierto claramente Trabajo este miércoles. Prefiere que no lo haga, pero se prepara para ese escenario con el detalle del encargo a los expertos.

“El cambio fundamental de esta comisión es que en cumplimiento estricto de al menos el 60% del salario medio, para cumplir con la Carta Social Europea, les pedimos [a los expertos] que formalicen un planteamiento de revalorización del SMI teniendo en cuenta dos situaciones: la primera, que estimen esa cuantía con la fiscalidad actual, con rentas exentas; y una segunda cuantía, teniendo en cuenta una no exención de tributación”, ha indicado este miércoles la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. “Vamos a cumplir con el 60% del salario medio exento de tributación o tributando”, ha insistido.

A la pregunta directa sobre la posición de su ministerio al respecto, ha subrayado que en su opinión el SMI no debería tributar, que la reforma fiscal debería empezar por “los de arriba”, pero a la vez ha concedido que esa no es competencia de su ministerio. Por ello, ha dejado claro que la decisión es de María Jesús Montero. “Será Hacienda la que decida”, ha dicho Díaz. “Hay que cambiar los tramos. No es junto que el tipo marginal de las rentas de 17.000 euros y de 100.000 sea el mismo. Es absolutamente injusto, ¿por qué no se cambia? La política económica siempre va de elecciones", ha agregado Díaz.

En el ministerio especifican que pedirán al departamento de Montero que se pronuncie cuanto antes, que exprese si el año que viene pretenden que el SMI tribute o no, para que se pueda tomar en cuenta la decisión a la hora de pactar una cifra con los agentes sociales. Pese al reconocimiento de que la competencia fiscal es de Montero, en los últimos años Díaz sí ha batallado en el seno del Gobierno para que el SMI quedase exento de IRPF, como sucede actualmente. Una vez emitida la recomendación de los expertos, Trabajo abriría la discusión con los sindicatos y las patronales.

Este nuevo incremento complementará al acumulado de los últimos años, especialmente intenso al inicio del mandato de Pedro Sánchez. Desde 2018 el SMI ha crecido un 61%: de 736 a 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas, hasta igualar, según los cálculos del Gobierno, el 60% del salario medio de los españoles. PSOE y Sumar se comprometieron a blindar esa proporción en el Estatuto de los Trabajadores, un cambio que exigiría el visto bueno del Congreso. Según explica Trabajo sí habrá otra modificación que no necesita la luz verde del legislativo y que los sindicatos reclaman para acordar el próximo incremento: impedir por decreto que el incremento sea absorbido en las nóminas mediante la rebaja de pluses. Un tercer cambio, anunciado este miércoles por Díaz, es que pretende consolidar en la ley la consulta al comité de expertos antes de subir el salario mínimo. Esta es otra idea con pocas posibilidades de triunfar por los escasos apoyos en el Congreso.

La subida del salario mínimo es una buena noticia anual para el Ejecutivo, una política que no está sujeta a su habitual precariedad parlamentaria que sufren PSOE y Sumar. Al no requerir la convalidación del poder legislativo, cada año el Gobierno saca adelante la subida por decreto. A diferencia de la reducción de jornada, que fracasó en el Congreso hace tres semanas, esta medida no chocará con el rechazo de la mayoría de derechas en el Parlamento. “La subidas del salario mínimo son una historia de éxito en nuestro país. No solo no ha frenado el crecimiento económico, lo ha generado. Estamos en una mejor posición: con empleos estables la economía crece”, ha dicho Díaz.

En un informe reciente, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) indicó que aprecia una “concentración de trabajadores en torno al nuevo umbral y en los niveles directamente superiores”. Así, mientras que en 2018 el 3,5% de los trabajadores cotizaban por la base mínima —asimilables a los perciben el SMI—, en 2023 eran el 7,4%, más del doble. Es más, los que ganan solo un poco más que el salario mínimo avanzan con más fuerza todavía: en 2018 el 7,9% de los trabajadores cotizaban por el 125% de la base mínima y en 2023 eran el 22,8%.

Sin los empresarios

Los empresarios, voluntariamente, no participan en el comité de expertos y vienen cuestionando sus recomendaciones. Este grupo de trabajo, integrado por especialista universitarios, del Gobierno y de los sindicatos, también hizo una recomendación para los incrementos de 2023 y 2022, pero no en 2024. Entonces Trabajo se limitó a la habitual consulta a sindicatos y patronales, tal y como marca la ley.

Los integrantes de la comisión de este año son Begoña Cueto (relatora), Elena Bárcena, Javier Muñoz, Luis Ayala, Alberto del Pozo, Libertad González, Rafael Muñoz, José Ignacio Pérez, César Veloso, Luis Zarapuz, Mariña Fernández y Antonio García.

Los últimos años Trabajo solo convence a los representantes de los trabajadores, con los empresarios en contra las subidas. La última que CEOE y Cepyme avalaron fue en el acuerdo de enero de 2020, que elevaba el SMI a 950 euros mensuales. Ese fue el primer incremento con Díaz como ministra de Trabajo.

Para que el SMI empate con el 60% del salario medio debería crecer al menos tanto como el conjunto de las retribuciones. La última Encuesta Trimestral de Costes Laborales (del segundo trimestre) recoge un alza del coste salarial por trabajador del 2,7% hasta 2.417 euros brutos al mes. El coste laboral total (que además del salario incluye otras partidas) creció hasta 3.257 euros, un 3% más. Otro factor clave es la inflación —ya que Trabajo especifica que el salario mínimo no debe perder poder adquisitivo—, que en su último registro, el interanual de septiembre, marcó un alza del 2,9%.