Cae una trama que introdujo en España millones de litros de combustible adulterado para vender en gasolineras ‘low cost’

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado en una operación conjunta una organización criminal que en los últimos años ha importado de manera clandestina desde países del Este de Europa millones de litros de los denominados designer fuel (combustible de diseño o adulterado) para eludir el pago de impuestos y ponerlo a la venta como gasóleo de automoción en al menos 11 estaciones de servicio low cost de las provincias de Murcia, Almería, Alicante y Valencia. Entre julio y agosto fueron detenidas 18 personas y otras 14 figuran como investigadas, según ha informado este viernes el instituto armado y la AEAT. También se han localizado 40 empresas, muchas de ellas fantasmas, implicadas en la trama societaria para eludir el pago de tributos.

La bautizada como Operación Tenk se inició en 2023 a partir de la queja de los vecinos de la localidad de Hoya del Campo (Murcia, 1.500 habitantes) por el continuo trasiego de camiones cisterna en la localidad, lo que permitió localizar un gasocentro clandestino en cuyos depósitos se almacenaban en ese momento 70.000 litros de carburante de baja calidad. Las pesquisas en torno a este hallazgo, que han durado dos años, han permitido destapar una red de tráfico ilegal de gasóleo que se iniciaba en Letonia, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Lituania ―países de origen de buena parte de los ahora arrestados― donde se adulteraba el gasóleo mediante el añadido de diferentes sustancias como la triacetina, cuyo uso está prohibido en el gasóleo de automoción. De este modo, el combustible fraudulento era transportado hacia España en camiones cisternas como si se tratase de aceites y lubricantes y no como gasóleo, para eludir así los controles y formalidades exigidas para la circulación de hidrocarburos en la UE, y evitar el pago de impuestos, como el IVA.

Una vez en España, el combustible era transferido a depósitos en gasocentros clandestinos, como el de Hoya del Campo (Murcia), para posteriormente traspasarlo a otros camiones ya como si se tratara de gasóleo de automoción y llevarlo finalmente a gasolineras del Levante. En total, la investigación ha permitido localizar otros dos de estos gasocentros clandestinos situados en las localidades de Abanilla (Murcia, 6.200 habitantes) y Silla (Valencia, 46.500 habitantes). Los investigadores calculan que cada meses podía pasar por cada uno de estos depósitos ilegales hasta un millón de litros. “El tránsito de camiones era diario en algunos casos”, señalan fuentes cercanas a la investigación, que detallan que la organización cambiaba periódicamente el emplazamiento de estos gasocentros para evitar su localización por las fuerzas de seguridad.

El destino final de este combustible eran estaciones de servicio tipo low cost que, en algunos casos, pertenecían a los presuntos cabecillas de la trama, aunque también había otras que eran propiedad de pequeños distribuidores y algunas eran franquicias de marcas. La investigación ha destapado además una compleja trama societaria de decenas de empresas fantasmas con domicilio social en Murcia, Almería, Alicante, Albacete, Barcelona, Valencia, Madrid, Gerona, Lérida y Tarragona que la trama utilizaba para evitar pagar los impuestos y multiplicar así sus beneficios ilícitos.

Al frente de estas sociedades, los tres presuntos cabecillas de la organización ―todos ellos detenidos en Alicante― colocaban testaferros, en su mayoría personas sin recursos a las que pagaban una pequeña cantidad de dinero para que prestaran su identidad para inscribirles como responsables de las compañías. Algunos de estos testaferros eran contactados en la calle en Madrid y otras ciudades de España, mientras que en otras utilizaban a personas de terceros países, como Ucrania, Letonia o Francia, para dificultar su localización cuando salía a la luz el fraude.

Según detallan fuentes cercanas a la investigación, entre los cabecillas hay varios con antecedentes policiales por hechos de similares características y que, de hecho, aún son investigados por otros juzgados por ellos. “Cuando quedan en libertad, trasladan toda la logística que no se les localiza a otro punto de España y empiezan a operar de nuevo”, apuntan. Los detenidos están acusados de los delitos de estafa, falsedad documental, contra la hacienda pública, contra la Tesorería General de la Seguridad Social, blanqueo de capitales, contra la Seguridad Vial y de pertenencia a organización criminal. No obstante, uno de ellos, el conductor de un camión cisterna, acumula 26 cargos contra la seguridad vial por llevar vehículos con mercancías peligrosas pese a carecer de permiso de conducir en vigor.