La Airef critica al Gobierno por no reformar la ley de estabilidad para adaptarla a las nuevas reglas fiscales

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha cargado este jueves contra el Gobierno por no ver necesario reformar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, conocida como ley de estabilidad, para adaptarla a las nuevas reglas fiscales europeas. La postura del Ministerio de Hacienda, según explica la Autoridad Fiscal, supone desaprovechar una oportunidad para alinear la normativa nacional con los compromisos europeos y fortalecer la sostenibilidad fiscal a medio y largo plazo.

El organismo ha publicado una nota en la que da seguimiento a las 35 recomendaciones trasladadas a las administraciones públicas en el segundo trimestre de 2025. Una de ellas, dirigida al Ministerio de Hacienda, instaba a iniciar cuanto antes la transposición de la directiva comunitaria sobre marcos presupuestarios y a unificar los criterios de cálculo de la regla de gasto nacional con los del marco europeo, incluyendo además la regla de gasto de pensiones.

Hacienda ha respondido que ya analiza en profundidad la normativa nacional para garantizar su coherencia con los nuevos requerimientos europeos. Sin embargo, en paralelo, el Ejecutivo ha comunicado a Bruselas que España, salvo en cuestiones relacionadas con el riesgo climático, ya cumple con la nueva directiva y, por tanto, no considera necesario reformar la ley de estabilidad. Esa interpretación es la que la Airef rebate: la transposición, subraya, “ofrece la oportunidad de articular un verdadero marco presupuestario de medio plazo adaptado a la realidad nacional para cumplir con los compromisos europeos”. También “ofrece la ocasión de ayudar a eliminar las discrepancias entre el marco nacional y el europeo”, recalca el organismo.

El choque entre ambas visiones se produce en un contexto de mayor exigencia fiscal por parte de la Unión Europea. Tras la suspensión de las reglas durante la pandemia, estas han vuelto a aplicarse bajo un diseño reformado que obliga a todos los Estados miembros a presentar planes fiscales y estructurales de medio plazo. En este marco, la Airef defiende la necesidad de dotarse de instrumentos nacionales más robustos que aseguren la sostenibilidad de las cuentas públicas en el largo plazo y eviten desviaciones que puedan comprometer la credibilidad del país.

El informe incluye también recomendaciones relacionadas con la regla de gasto. La Autoridad Fiscal pidió al Ministerio de Hacienda vigilar la ejecución y establecer mecanismos de coordinación para garantizar que todas las administraciones públicas cumplan tanto la norma nacional como la europea. Además, reclamó publicar mensualmente el gasto primario neto de medidas de ingresos y retomar la difusión mensual del gasto computable según la regla nacional. Hacienda aceptó estas recomendaciones e indicó que está evaluando la viabilidad de facilitar esa información periódica.

También hay fricciones con el Gobierno a propósito del cuadro macroeconómico. La Airef instó al Ministerio de Economía a someter a aval el cuadro que acompaña al Informe de Progreso Anual, o al menos a abrir un diálogo técnico con la institución antes de su publicación. El departamento rechazó la propuesta, alegando que se trata de un documento meramente administrativo que no encaja entre los informes sujetos a verificación, y subrayó que ya mantiene una estrecha colaboración con el organismo.

La Autoridad Fiscal, sin embargo, discrepa de nuevo de esa interpretación. Defiende que dicho informe ha pasado a sustituir a la Actualización del Programa de Estabilidad —que sí exigía aval— y recuerda que el publicado en mayo incluyó un escenario de medio plazo distinto al recogido en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo.

En el ámbito territorial, la Airef instó a las comunidades autónomas y a varias entidades locales a vigilar la ejecución de sus presupuestos y, en caso necesario, adoptar medidas de corrección para garantizar el cumplimiento de los objetivos fiscales. También recomendó a las autonomías reforzar la transparencia mediante la publicación en sus páginas web del seguimiento de la regla de gasto.

En términos generales, las regiones se comprometieron a supervisar la ejecución presupuestaria y, en su caso, aplicar medidas correctoras. En lo relativo a la publicación de la información, solo una parte de ellas aceptó difundirla de forma regular. Por su parte, las corporaciones locales manifestaron en su mayoría su disposición a cumplir con las recomendaciones. La Airef, no obstante, advirtió que determinadas justificaciones alegadas para flexibilizar la aplicación de la regla de gasto no son válidas, puesto que algunos gastos extraordinarios quedan excluidos del cálculo de esta norma y, por tanto, no pueden emplearse como argumento para su incumplimiento.