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Díaz pide condicionar la quita de deuda a que “no haya ‘dumping’ fiscal” entre autonomías

Sumar presenta observaciones a la medida y exige que los territorios que se acojan a la condonación no rebajen los impuestos de sucesiones y patrimonio

Yolanda Díaz, en junio en el Congreso.

El Consejo de Ministros tratará este martes la quita parcial de la deuda a las comunidades autónomas de régimen común que lo soliciten. Y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes que su grupo, Sumar, ha presentado observaciones a esa medida ante el socio mayoritario del Gobierno, el PSOE, que además tiene el mando del Ministerio de Hacienda. “Hemos presentado observaciones a este acuerdo de condonación porque creemos que la primera cuestión que debe regir es que no exista dumping fiscal entre comunidades autónomas”, ha dicho Díaz en una entrevista en Televisión Española.

“Estamos condonando deuda a comunidades autónomas que después bajan sustantivamente los impuestos”, ha criticado la vicepresidenta segunda, antes de señalar que algunas de estas autonomías son “ricas”. Díaz ha señalado que esas bajadas de impuestos repercuten negativamente en los servicios públicos. No ha apuntado directamente a territorios concretos, pero viene señalando históricamente a la Comunidad de Madrid como un ejemplo de ese “dumping fiscal” entre comunidades. Asimismo, Díaz, que ha catalogado la condonación como “moderada”, ha dicho que el PSOE no ha contestado a las observaciones de Sumar.

Fuentes del partido de Díaz han detallado la propuesta del grupo: “Se plantea que la quita de la deuda a las comunidades autónomas se condicione a que estas no ejerzan sus competencias normativas en el impuesto de sucesiones y patrimonio a la baja”. El objetivo, añaden, es “evitar que la merma de ingresos ocasionada por las deducciones en estos impuestos comprometa el mantenimiento de la sostenibilidad financiera a largo plazo”.

Estos dos tributos, el de sucesiones y donaciones, por un lado, y el de patrimonio, por otro, son dos gravámenes de titularidad estatal cuya gestión y recaudación están cedidas a las comunidades autónomas. Los gobiernos territoriales, por ello, pueden modificarlos y rebajarlos hasta hacerlos desaparecer en la práctica. Eso es lo que ha venido haciendo históricamente Madrid, a la que se han ido sumando poco a poco otras como Andalucía, Murcia o la Comunidad Valenciana.

Desde Sumar no aclaran qué hará el grupo parlamentario una vez que la medida pase el trámite del Consejo de Ministros y llegue al Parlamento. Las fuentes consultadas explican que lo habitual sería negociar los cambios en las Cortes a través de la presentación de enmiendas, ya que la medida debe contar con el respaldo del Congreso para salir adelante.

En el grupo de Díaz indican que también han trasladado al PSOE la necesidad de “articular medidas adicionales para aliviar la deuda de aquellas comunidades autónomas con mayor carga”. Para lograr ese objetivo, plantean “un mecanismo de reestructuración de la deuda restante como refuerzo adicional para asegurar la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas”.

En la entrevista, Díaz sí ha mencionado a una autonomía como la más infrafinanciada, la Comunidad Valenciana. Dado ese diagnóstico, el partido minoritario del Ejecutivo propone “la articulación de un cuarto tramo de asunción de deuda por parte del Estado por un total de 7.000 millones de euros dedicado a específicamente a la Comunidad Valenciana con el objetivo de asumir por parte del Estado la deuda adicional derivada de los gastos derivados de la dana del 29 de octubre de 2024″.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció la semana pasada la aprobación este martes del proyecto de ley para condonar la deuda de las comunidades autónomas, con el que el Estado pretender asumir unos 83.000 millones de todos los territorios, a excepción de Euskadi y Navarra, que no forman parte del régimen común. “Nunca antes una Administración había tenido ese planteamiento de quedarse con 85.000 millones de deuda”, defendió Montero.

La quita se negoció en 2023 entre el PSOE y ERC para facilitar la investidura como presidente del Gobierno de Pedro Sánchez. Casi dos años después, la formación catalana pisó el acelerador y volvió a ponerla sobre la mesa durante las conversaciones para hacer president de la Generalitat a Salvador Illa, junto con otras exigencias como la financiación singular para Cataluña.

El plan que maneja Hacienda establece una quita total de 83.252 millones de euros, pero el reparto entre comunidades no es homogéneo. Andalucía encabeza la lista con 18.791 millones condonados, seguida de Cataluña y, después, la Comunidad Valenciana con 11.210 millones. Madrid, pese a no haber recurrido al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), figura también entre las más beneficiadas por volumen absoluto, con 8.644 millones. En el grupo intermedio se sitúan Castilla-La Mancha (4.927 millones), Galicia (4.010), Castilla y León (3.643), Murcia (3.318) y Canarias (3.259). Las cifras son más moderadas en Aragón (2.124 millones), Baleares (1.741), Extremadura (1.718), Asturias (1.508), Cantabria (809) y La Rioja, que cierra la tabla con 448 millones de euros.

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