Los ayuntamientos gastan en servicios públicos casi cuatro de cada 10 euros de su presupuesto

Los ayuntamientos españoles gastan casi cuatro de cada diez euros de su presupuesto en costear los servicios públicos básicos en los que tienen competencias directas, tales como la recogida de basuras, el alumbrado o las redes de saneamiento. Los consistorios deben hacer frente a una cantidad ingente de gasto. En el ejercicio 2022, el último año con datos desagregados disponibles, los más de 8.100 ayuntamientos del país dispusieron en conjunto de casi 60.500 millones de euros en recursos. De ellos, un total de 23.580 millones (casi el 40%) sirvieron para costear las funciones esenciales, un desembolso que, según la última estadística publicada por el Ministerio de Hacienda, se sitúa notablemente por encima de otras partidas como la construcción de infraestructuras, la promoción cultural y social o el pago de la deuda.

Los servicios públicos básicos, explica un inspector de Hacienda local consultado, se dividen —según la ley que rige la estructura de los presupuestos de las entidades locales— en cuatro políticas que representan el eje de las competencias municipales: medio ambiente (que recibió 2.488 millones de euros en toda España), seguridad y movilidad ciudadana (5.895 millones), vivienda y urbanismo (6.247 millones) y bienestar comunitario (dotada con 8.949 millones).

En ellas se ubican, según su naturaleza, la recogida y el tratamiento de residuos, los servicios funerarios, el alumbrado público, algunas políticas de vivienda, la jardinería, la seguridad, el alcantarillado, la gestión del tráfico y el estacionamiento o los servicios de extinción de incendios, entre un sinfín de programas de gasto. Son unos servicios y actuaciones, explica Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que por su cotidianidad muchas veces pasan desapercibidos en el día a día de los ciudadanos, pero que realmente consumen una cantidad inmensa de recursos económicos y de personal. “Las entidades locales son la primera línea de las Administraciones públicas y tienen que prestar servicios con carácter absoluto e inmediato a los vecinos”, detalla. “Si la ciudadanía fuese realmente consciente de todo lo que hacen, se sorprendería”. La FEMP, por ello, solicita al Gobierno abrir el melón de la financiación local, que, además de a los ayuntamientos, afecta a cabildos y consejos insulares y diputaciones.

Las obligaciones de los consistorios, en efecto, van mucho más allá de los servicios básicos. Tras la partida de los servicios públicos elementales se sitúan las actuaciones de carácter general, con 11.800 millones en 2022 (el 19% de los recursos aproximadamente). Este es el grupo que engloba a todos los gastos vinculados al ejercicio de las funciones de gobierno y de soporte técnico a todo el consistorio, entre los que están el desarrollo burocrático y administrativo del día a día, así como la atención a los ciudadanos o las gestiones del padrón municipal, del sistema tributario o de la tesorería.

A continuación, con 10.200 millones (el 17% de los recursos), se encuentran la producción de bienes públicos de carácter preferente, un área en la que se incluyen los desembolsos que realiza la entidad local en relación con la sanidad, educación y cultura, con el ocio, el tiempo libre y el deporte, y, en general, “todos aquellos tendentes a la elevación o mejora de la calidad de vida” de los ciudadanos, según explica la normativa. En este grupo entrarían, recuerda Martínez-Sicluna, los gastos destinados a la construcción, equipamiento y funcionamiento de hospitales, ambulatorios, centros de enseñanza, bibliotecas, hogares del jubilado o espacios recreativos y culturales.

A partir de aquí, los ayuntamientos desembolsaron en 2022 otros 7.500 millones (12% del gasto) en actuaciones de protección y promoción social, donde se incluyen los gastos y transferencias que constituyen el régimen de previsión, así como parte de las pensiones de funcionarios, atenciones a grupos con necesidades especiales o medidas de fomento del empleo. Tras este grupo, con 4.600 millones y el 7%, estuvieron las actuaciones de carácter económico, destinadas a desarrollar el potencial en los diferentes sectores e industrias clave para el consistorio en cuestión, como la industria, el comercio, los servicios, el turismo o la agricultura, ganadería y pesca. Y, por último, los 2.600 millones restantes (el 4% del gasto) se destinaron al pago de la deuda pública. En este punto, Martínez-Sicluna recuerda que las entidades locales son el subsector de las Administraciones públicas —junto a la Administración central, las comunidades autónomas y la Seguridad Social— con mejor salud fiscal.

Todos estos desembolsos, que en total alcanzaron los 60.455 millones de euros, se estructuraron principalmente en gasto corriente (casi 49.000 millones), que es el destinado a cubrir las necesidades operativas y el funcionamiento cotidiano de la administración pública. Son gastos recurrentes que, por así decirlo, no generan un incremento en el patrimonio público. En este apartado se incluyen, por ejemplo, los sueldos de los trabadores públicos y los pagos por servicios como la electricidad o el combustible. Algo más de 9.000 millones fueron a lo que se conoce como gasto de capital, que se destina a la creación o adquisición de bienes y sí origina un incremento en el patrimonio del consistorio. El resto, algo más de 2.500 millones, fueron gastos financieros, destinados al cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Administración pública.

Por tamaño de municipio

Las prioridades y capacidades de gasto de los municipios varían notablemente según su tamaño. En las ciudades con más de un millón de habitantes —solo Madrid y Barcelona— el mayor volumen de recursos presupuestarios, en un 45%, se concentra principalmente en los servicios públicos fundamentales. Es decir, estas dos ciudades, con algo más de 9.000 millones en recursos totales entre ambas en 2022, reservaron 4.100 millones para los servicios elementales. Al otro lado, los más de 6.800 municipios con menos de 5.000 habitantes destinaron en conjunto unos 2.500 millones de euros a esta partida, aproximadamente el 30% de sus recursos. Esto sucede, explican los expertos consultados, porque, al tener más población, los grandes ayuntamientos también tienen más necesidades en todas estas partidas. A ello se le suma que los pequeños consistorios muchas veces se apoyan en las infraestructuras y servicios que tienen las grandes ciudades que les rodean. El ejemplo más obvio es el de los hospitales o centros de enseñanza. Así, con carácter general, a medida que desciende la población también lo hace el porcentaje de presupuesto que se gasta en servicios básicos.

Lo contrario sucede con la producción de bienes públicos de carácter preferente o con las actuaciones de carácter general. Aquí, la proporción de gasto que se destina a estas partidas es inversamente proporcional a la cantidad de población, algo que sucede, entre otras razones, por el esfuerzo que supone para un pequeño ayuntamiento la construcción de un parque o de instalaciones deportivas en comparación con un gran municipio. En cuanto a la deuda pública, los municipios de menos de 5.000 habitantes fueron los que menos parte de su presupuesto vieron comprometido con esta partida (1,81%), lejos del 6,57% que dedicaron las localidades con entre medio millón y un millón de vecinos.