El PSOE y Sumar pactan que las empresas que deslocalicen tengan que devolver las ayudas públicas

El Gobierno de coalición logró este martes un acuerdo de última hora para sacar adelante la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica, aprobada hoy por el Consejo de Ministros. Tras una ronda de negociaciones que cogió ritmo en la tarde del lunes, el PSOE y Sumar han consensuado una medida clave que obliga a las empresas a devolver todas las ayudas públicas recibidas, incluyendo los ERTE, si deciden deslocalizar su producción fuera de la zona euro. El objetivo de esta penalización es sostener al máximo posible el empleo y las inversiones realizadas en España.

La norma, explican fuentes conocedoras, pretende asegurar las inversiones realizadas en España y, por eso, regula que cualquier empresa que quiera finalizar su actividad industrial tenga que anunciarlo con nueve meses de antelación al Gobierno. En el caso de haber recibido ayudas públicas superiores a tres millones de euros, tendrá que devolverlas si reducen en más de un 65% su producción o en 500 personas o más su plantilla durante el periodo pactado, que será de tres y cinco años para pymes y grandes empresas, respectivamente.

Según fuentes de Sumar la ley pone trabas decisivas a la deslocalización industrial a través de dos medidas “muy importantes”. Por un lado, quien se vaya fuera del espacio económico europeo de forma abrupta, es decir, antes del periodo pactado, tendrá que devolver el 100% de las ayudas públicas recibidas. Aquí se incluyen los ERTE (los expedientes de regulación temporal del empleo) y el mecanismo RED, además de otras ayudas directas, que alcancen un importe superior a los tres millones de euros —en un principio el umbral era más suave, de seis millones—.

Por el otro, una deslocalización no podrá en ningún caso ser la justificación para un despido, una modificación sustancial de las condiciones de trabajo o un descuelgue de un convenio, ni individual ni colectivo. De esta manera, insisten en Sumar, “los fondos de inversión especulativos que trasladan las empresas de España a África o Asia, después de recibir importantes ayudas públicas, no podrán beneficiarse de las medidas de flexibilidad interna recogidas en nuestra legislación”.

Según la formación capitaneada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, este principio de condicionalidad es una herramienta esencial para evitar la pérdida de puestos de trabajo y garantizar un uso responsable de los recursos públicos. Y ponen como ejemplo el caso de Saint-Gobain, que cerró su división de fabricación de parabrisas en Avilés (Asturias) dejando a 160 trabajadores sin empleo.

En Sumar también celebran que se haya incorporado al texto el principio de condicionalidad a la política industria. De esta forma, la colaboración público-privada en España estará condicionada siempre a criterios como el mantenimiento del empleo o la responsabilidad medioambiental. La ley también sitúa la transición ecológica en el centro de la política industrial para que España aproveche la ventaja que proporcionan las energías renovables como palanca para la reindustrialización, reforzando también la cohesión territorial.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de ley, cuya versión inicial fue presentada a finales de 2022 por la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto. Desde el departamento liderado por el actual titular del ramo, Jordi Hereu, han seguido los trámites para la aprobación y destacan que se trata de una normativa “histórica” y recalcan que ha sido elaborada en colaboración con los agentes sociales. El texto, han dicho en varias ocasiones desde Industria, marcará un hito al convertirse en la primera ley sectorial del siglo XXI, reemplazando la legislación vigente desde 1992.

La normativa prevé institucionalizar los proyectos industriales estratégicos, que serán aquellos que cumplan al menos uno de los tres requisitos siguientes: que se trate de un volumen de inversión relevante por parte de una empresa o un conjunto de empresas que formen parte de un Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica); que se trate de un proyecto en una actividad que ofrezca una ventaja competitiva para el país o que sirva para solucionar un problema de desindustrialización. También propone la implantación de los Perte como un elemento estructural y no como una herramienta puntual de apoyo a la industria, como lo es ahora.

La ley incluye también la creación de la “Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica”, unas directrices generales que señalan hacia donde deberá de dirigirse la política industrial durante seis años. Dentro de ella, habrá dos planes estatales de tres años cada uno, que serían programas concretos con medidas, recursos y procedimientos específicos de apoyo a la industria. Además, se crea un nuevo consejo estatal de política industrial, un órgano consultivo y de asesoramiento para la coordinación entre los distintos ministerios.