Exclusión y discriminación financiera

La exclusión financiera con todas sus secuelas, incluidas las que afectan a la salud, se ha asociado a las zonas rurales por el cierre de oficinas bancarias y la despoblación. Sin embargo, este tipo de exclusión es mucho más amplia. Investigadores de las Universidades de Lleida y Zaragoza destacan la importancia de la exclusión financiera en las zonas urbanas. El estudio Financial Exclusion, depopulation and ageing: An analysys based on panel data (Exclusión financiera, despoblación y envejecimiento: Un análisis basados en datos de panel) revela una realidad mucho más compleja.

Los profesores María Pilar Alonso, Pilar Gargallo, Carlos López-Escolano, Jesús Miguel y Manuel Salvador, autores del trabajo, estiman que también hay exclusión financiera en municipios sin sucursales localizados cerca de centros urbanos con gran dinamismo, con poblaciones más jóvenes y oportunidades laborales. Esto contradice su sospecha inicial de que “este tipo de exclusión existía solo en municipios muy pequeños, remotos y muy envejecidos”. En sus conclusiones proponen que las medidas para solucionar esta exclusión “deben adaptarse a las características sociodemográficas de los municipios ya que las necesidades de acceso bancario presumiblemente serán diferentes”.

El trabajo ha sido premiado por la Fundación Finsalud que promueve “mejorar la salud y el bienestar financiero, fomentar el crédito y la innovación responsable”. La fundación ha realizado estudios sobre los daños a la salud de ciertos productos (preferentes e hipotecas multidivisas). Y ha distinguido diferentes investigaciones sobre “las consecuencias biopsicosociales de los desahucios”, “la actividad bancaria como servicio de interés general”, y “la vulnerabilidad financiera de los hogares” más pobres.

En el reciente IV Foro anual de la fundación, el profesor Fernando Zunzunegui, presidente de Finsalud, recordó que “vivimos en una sociedad financiera en la que si no tienes acceso a una cuenta o a un crédito estás excluido socialmente”. El Foro abordó el grave riesgo de discriminación financiera que padecen los 1,6 millones de españoles supervivientes de un cáncer. Pablo Franquet, abogado especializado en litigios bancarios, destacó los nuevos derechos establecidos en la Ley del olvido oncológico de 2023. “Después de cinco años de haber finalizado un tratamiento radical de cáncer, sin recaída posterior”, precisó, “no te pueden negar un crédito, ni rechazar un seguro o aplicar un recargo. Nadie tiene que responder a un banco o aseguradora sobre esta enfermedad y cualquier cláusula que suponga una renuncia a este derecho es nula”. “Hay que evitar un doble castigo a estos enfermos” apostilló.

Finsalud y Alivia España investigan la aplicación real de esta ley. Asensio Rodríguez, director Ejecutivo de Alivia, calificó de “valiente” la ley española que ha establecido unos derechos efectivos cinco años después de haber superado la enfermedad, frente a los diez años que recomendaba Europa. La profesora de la Universidad Complutense Marta Ortega, especializada en Economía de la Salud, considera fundamental analizar “qué ocurre realmente cuando una persona que ha superado un cáncer pide un crédito”. La discriminación se produce por intereses económicos que hay que regular. La no discriminación es un derecho fundamental europeo.