Ocho de cada 10 jóvenes recortan su gasto en salud por culpa de la vivienda

El 81,63% de los jóvenes señalan que si sus gastos de vivienda se llevaran menos de un tercio de su salario, destinarían más dinero a mejorar su salud (ir a psicólogo, autocuidado, deporte...). Así lo ha adelantado este martes la directora general de Provivienda, Gema Gallardo, durante la jornada: ¿Qué pasa con la vivienda? Emanciparse antes de los 30 (o intentarlo). El dato procede de la encuesta del Observatorio de Vivienda Asequible que elabora la organización sin ánimo de lucro, cuyos resultados se publicarán próximamente. Los datos muestran que el ahorro (79,22%), el ocio (52,71%) o una mejor alimentación (46,69%) son otros de los gastos que los menores de 30 años preferirían hacer si la casa no se comiera una parte sustancial de sus ingresos. Gallardo ha puesto énfasis en que la salud mental es la principal preocupación de los encuestados: “Lo que nos dicen estos jóvenes es claro: no están viviendo, están sobreviviendo”.

La asociación recuerda que la emancipación juvenil en España se produce más tarde que en la mayoría de los países de la Unión Europea, casi tres años y medio después en promedio. Tan solo el 17% de las personas jóvenes pudieron dejar la casa de sus padres durante el segundo trimestre del año pasado, cifra que no supera el 20% desde el 2017, según datos del Consejo de la Juventud de España (CJE). La disparidad entre la subida de los precios de las casas y los salarios, sumada al escaso número de viviendas sociales y asequibles, eleva hasta un 39,8% la posibilidad de los jóvenes de caer en exclusión residencial, según Provivienda.

Para el responsable del área socioeconómica del CJE, Javier Muñoz, también participante en la jornada, el drama habitacional pospone el desarrollo del proyecto vital de los jóvenes. Sin apoyo de la red familiar es casi imposible salir de esa situación. “Los datos desmienten el discurso de que las personas jóvenes no se esfuerzan lo suficiente”, asegura. Su organización maneja datos que destacan que las condiciones materiales de este sector de la población, la incertidumbre y la inestabilidad están detrás de cuadros de estrés y depresión.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordó este lunes que el Ejecutivo repartirá en 2024 otros 200 millones de euros para los bonos jóvenes de alquiler, que se estrenaron en 2022 y 2023 con la misma cuantía anual. Ese monto se repartirá entre las comunidades autónomas que son las encargadas de tramitar las ayudas. Para Gallardo, estas subvenciones son políticas a corto plazo, por lo que cree que lo ideal sería incidir sobre los precios para que no hiciera falta dar ayudas al alquiler. Jordi Bosch, doctor en arquitectura y experto en políticas de vivienda, matizó que este tipo de bonos son beneficiosos en la medida en la que se delimite el público objetivo.

“Las políticas de vivienda son lentas, pasan con creces una legislatura”, recordó el académico, quien recomienda consenso y la despolitización del debate sobre vivienda para alcanzar soluciones estructurales. La periodista y politóloga Estefanía Molina coincidió y puso como ejemplo el reciente revés del socio minoritario del Gobierno, Sumar, que se desmarcó del bono joven de alquiler.

En un ministerio de Sumar, el de Derechos Sociales, ocupa el cargo de directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Patricia Bezunartea. “La exclusión residencial es el principal problema social en el país y se está convirtiendo en el principal obstáculo para el ejercicio de los derechos sociales”, dijo antes de señalar que el problema de la emancipación no es nuevo, pero se ha agravado. Según Eurostat, el 85,7% de las personas jóvenes entre 18 y 34 años sigue viviendo con sus padres en España, una cifra muy alejada del promedio de la UE, que es del 68,1%. Bosch establece que un vínculo entre la media de emancipación de los países del Viejo Continente y el gasto en vivienda social de los gobiernos.

En este sentido, el experto sugirió que una de las soluciones pasa por ampliar el parque de vivienda social, sin que se repitan los errores del pasado, cuando la VPO en venta y su descalificación pasados unos años impidieron asentar un parque público. En Provivienda exigen que se abra un espacio en el sistema de provisión residencial —protagonizado por operadores con ánimo de lucro— para entidades de la economía social y solidaria. El representante del CJE completó que, junto a las ayudas y los límites en los alquileres, es imprescindible incidir en la precariedad laboral de los jóvenes, de modo que los salarios les permitan afrontar esta crisis. Y no dedicar casi todo su gasto al pago de la casa.