El Gobierno ultima un acuerdo con sindicatos y patronal que retoca las jubilaciones

Hace un mes parecía difícil que el equipo de Seguridad Social del Ministerio de Inclusión lograra antes de agosto un acuerdo con los empresarios y los sindicatos para acometer retoques en las jubilaciones. Los cambios son los que quedaron pendientes en la reforma de pensiones en dos fases que se llevó a cabo la legislatura pasada. Sin embargo, ahora ese consenso parece posible, según las fuentes consultadas, e incluirá previsiblemente mejoras de la jubilación parcial y cambios en la modalidad de retiro activo; un nuevo esquema de coeficientes para adelantar la jubilación sin recortes en las profesiones penosas o peligrosas; y un nuevo esquema de colaboración entre la Seguridad Social y las mutuas colaboradoras, derivado del último pacto de convenios entre patronal y sindicatos.

Los negociadores seguían a última hora de este martes intercambiando documentos para cerrar algunos flecos que aún quedaban pendientes, pero distintas fuentes conocedoras de la marcha del proceso esperaban poder llegar ya a un principio de acuerdo. De hecho, la patronal CEOE-Cepyme ha convocado a su Comité Ejecutivo para este miércoles con la intención de recabar el apoyo de la cúpula de la organización al texto.

En principio, y a falta de conocerse la redacción final del documento que se negocia desde principios de año, las mejoras en materia de jubilación parcial son las que más ha costado consensuar. Aunque todo apunta a que los sindicatos no han logrado extender a todos los sectores las condiciones más ventajosas con que cuenta esta modalidad de retiro en la industria, sí se habría acordado la posibilidad de que la jubilación parcial pueda producirse hasta tres años antes de la edad de jubilación normal. Para ello, se exigirán 36,5 años cotizados, mientras que si se accede a este retiro dos años antes solo se exigirán 33 años de cotización.

No obstante, la secretaria de Política Institucional y Territorial de UGT, Cristina Estévez, precisa que la Seguridad Social aún debe aclarar si el acceso se debe calcular sobre la edad ordinaria de jubilación general que marque la ley o sobre la edad a la que pueda acceder cada trabajador en función de los años que ha cotizado. Además, el texto recoge que la renovación de las condiciones más ventajosas de la jubilación parcial para los trabajadores de la industria, que actualmente se renueva de año en año con un decreto del Gobierno, pasará a ser cada cinco años. En cambio, uno de los flecos pendientes afecta al porcentaje del salario que recibe el trabajador que releva al jubilado parcial: el Ministerio quiere fijarlo en el 65% y CC OO, especialmente, intenta elevarlo al 75%.

También se esperan cambios en la modalidad de retiro activo. Este permite actualmente compatibilizar el 50% de la pensión con el sueldo a los asalariados y autónomos sin empleados, y hasta el 100% para aquellos que sí tienen trabajadores a su cargo. El pacto mantiene el año de espera una vez que el trabajador se ha jubilado para acceder a esta posibilidad. Una vez pasado este tiempo, los trabajadores tanto por cuenta ajena como por cuenta propia sin asalariados podrán compatibilizar el 45% de la pensión con el salario el primer año; el 55%, el segundo año; el 65%, el tercero; el 80%, el cuerto, y el 100% a partir del quinto año. En el caso de los autónomos con trabajadores contratados al menos 18 meses podrán compatibilizar el 75% de la pensión con el salario desde el principio.

Trabajos penosos y huelga en el transporte

La reforma incluye también la creación de un sistema general para evaluar las solicitudes de adelantos de la edad de jubilación a través de coeficientes y sin penalización en la cuantía de la pensión para trabajos penosos, tóxicos o peligrosos. Para ello, se aprobarán tres indicadores que permitirán comparar las bajas por incapacidad temporal de los sectores que soliciten esa condición con las del conjunto del tejido productivo. Además, los colectivos que soliciten estos coeficientes de adelanto de la edad de retiro podrán aportar estudios epidemiológicos que afecten a su salud y no tendrán que estar elaborados necesariamente por organismos oficiales, según explica Cristina Estévez, de UGT.

Asimismo, se creará una Comisión de Evaluación en la que estarán las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y los ministerios de Seguridad Social, Trabajo, Hacienda y, para determinados casos, también Función Pública. La Seguridad Social será la que tenga, no obstante, la última palabra para otorgar o no este adelanto de las jubilaciones a los sectores que lo soliciten.

Precisamente este martes, CCOO y UGT anunciaron la convocatoria de una huelga general para la segunda quincena de octubre en el sector de transporte por carretera si no se regula la jubilación anticipada de los conductores profesionales.

Fuentes negociadoras también destacan que la cotización de los fijos discontinuos ha provocado varios desencuentros hasta el final de las conversaciones. Ya existía un acuerdo en la mesa para recuperar el coeficiente del 1,5 para este colectivo —que hace por ejemplo que seis meses cotizados equivalgan a nueve meses—; y que los fijos discontinuos con contrato a tiempo parcial se beneficiaran también de la regla de parcialidad que hace que cada día de alta en la Seguridad Social suponga un día completo cotizado. Sin embargo, en la reunión mantenida el lunes por la tarde, el Ministerio añadió una fórmula más restrictiva para calcular las lagunas de cotización de todos estos trabajadores.

Esto último ha sido rechazado por los sindicatos hasta el punto que el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO, Carlos Bravo, calificó esta propuesta ministerial como una “diferencia ineludible” que se debería subsanar para sellar el acuerdo.

Finalmente, según las fuentes consultadas, el acuerdo también englobará las nuevas relaciones de cooperación entre el sistema nacional de salud y las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Esto supondrá que los médicos de atención primaria podrán derivar a las mutuas la realización de pruebas diagnósticas y de rehabilitación en enfermedades musculoesqueléticas siempre y cuando existan listas de espera y exista el consentimiento expreso tanto del facultativo que deriva la prueba como del paciente. Estos términos ya fueron pactados entre las cúpulas patronales y sindicales en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2023-2025, firmado dos años atrás.

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