Garamendi reta a Díaz a que intente recortar la jornada sin el apoyo de los empresarios

Las negociaciones para recortar la jornada máxima legal de 40 a 38,5 horas este año y a 37,5 a partir de 2025 se están enturbiando. Sobre todo, entre los empresarios y el Gobierno. Tras celebrar un cuarto encuentro tripartito este lunes en el que se constataron las diferencias entre las partes, y en el que el Ministerio de Trabajo metió prisa a los agentes sociales para cerrar un acuerdo antes del verano, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha cargado este martes contra la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por considerar que no está contando con las patronales en el diseño de esta nueva normativa.

Los agentes sociales están manteniendo una doble negociación para este asunto. Una mesa entre empresarios y sindicatos y otra de ambos con Trabajo. Si bien, a los responsables ministeriales les ha entrado la prisa y Yolanda Díaz, ha afirmado esta misma mañana que el Ejecutivo trabajará “a velocidad de crucero” para presentar la norma antes de verano. Esta urgencia no ha gustado a Garamendi, quien ha retado a la ministra a presentar la norma sin el acuerdo con los agentes sociales.

Es más, durante su intervención en un seminario de la un la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) junto con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) celebrado en Santander, el líder patronal ha acusado a la vicepresidenta de promover este recorte de jornada exclusivamente por motivos políticos y le ha emplazado a presentar la norma en el Congreso. “Veremos si la aprueban”, ha dicho. Igualmente, ha avisado: “En algún momento habrá un cambio de Gobierno y entonces lo veremos”, sugiriendo con ello que con un Ejecutivo de derechas reclamarán que se revierta el recorte de jornada acometido.

El máximo dirigente empresarial también ha reprochado a Díaz que “convierta el diálogo social en monólogo social” y ha declarado que si la titular de Trabajo opta por presentar la ley sin el acuerdo con la CEOE no lo hará bien. “El problema es el fondo. Llamar negociación a una cosa que no lo es, es sorprendente. Nuestras líneas rojas es que el Gobierno no me diga cuál es el final”, ha defendido.

Dicho esto, el presidente de la CEOE ha indicado que los empresarios no se levantarán de la mesa en la negociación bilateral con los sindicatos CC OO y UGT en esta materia. Con ellos, ha dicho, va a seguir trabajando sobre asuntos como el cómputo de las horas extras o medidas de flexibilidad, si bien ha aclarado que considera que el ámbito de estas conversaciones deberían tratarse en el marco de los convenios sectoriales.

Precisamente, la posibilidad de aumentar el control sobre las horas extraordinarias e incrementar las sanciones a las empresas que incumplan la ley en esta cuestión —el Gobierno ha barajado la posibilidad de imponer multas individuales por cada trabajador con el que no se respete la norma en lugar de las sanciones conjuntas que existen ahora—, a cambio de un incremento moderado del tope máximo legal de horas extraordinarias que se pueden realizar (ahora 80 anuales), se ha perfilado como uno de los caminos posibles hacia el acuerdo entre todas las partes.

Sin embargo, desde CC OO ven con más reticencia esta fórmula y, según sus declaraciones públicas, se niegan en rotundo a abordar cualquier incremento de horas extra. En este contexto, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado durante su participación en un encuentro informativo de Nueva Economía Fórum, que lo primero que deben hacer los sindicatos en esta negociación es ponerse de acuerdo entre ellos. Y, posteriormente, ha emplazado a la patronal a que acepte claramente un recorte de jornada para poder hablar de otras contraprestaciones, entre ellas el aumento de las horas extra, “que está encima de la mesa, pero no es lo único” han precisado el líder sindical.

Por otra parte, el líder empresarial ha acusado al Gobierno de cargarse la reforma laboral que, dice, nació para durar muchos años y solo lo hace “un año y medio” y por cuestiones meramente políticas. En concreto, Garamendi afirma que han cambiado 20 temas y dirige sus críticas al cambio en la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los nacionales. Esto, según ha afirmado, ha provocado “un problema grande” con las multinacionales, que ven cómo tienen que elaborar 17 convenios distintos.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal