Imanol Arias pacta con Anticorrupción para eludir la prisión y Ana Duato defiende su inocencia

La Audiencia Nacional ha celebrado este martes la primera sesión del juicio del denominado caso Nummaria, la trama de fraude a la Agencia Tributaria en la que se han visto involucrados los actores Imanol Arias y Ana Duato. El protagonista de Cuéntame cómo pasó ha afrontado el inicio de la vista oral con su futuro judicial claro, ya que ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción que le permite evitar una condena que pueda implicar la entrada en prisión, según han confirmado fuentes jurídicas. Gracias a este pacto, la pena de Arias se quedará en menos de dos años de cárcel, una rebaja considerable de los 27 años de prisión que el fiscal solicitaba para él por seis delitos por el fraude fiscal de 2,7 millones entre 2010 y 2015, que ya ha reintegrado. En cambio, su compañera de reparto en la serie televisiva ha mantenido su rechazo a cerrar cualquier tipo de acuerdo con la acusación, ya que eso, según indican fuentes de su entorno, supondría reconocer la culpabilidad de unos delitos fiscales que, tal y como defiende, no ha cometido.

Arias se suma a la lista de acusados que han llegado a un acuerdo con la Fiscalía, a cambio de reconocer los hechos delictivos que se les atribuye, es decir que participaron o se aprovecharon del entramado societario que creó el despacho Nummaria, encabezado por el fiscalista Fernando Peña, tanto en España como en Inglaterra, Costa Rica, Canadá, Uruguay o Luxemburgo con el objetivo de eludir impuestos. Estos pactos son extensibles a la Abogacía del Estado, que también ha cerrado sendos acuerdos de conformidad. En el caso del intérprete, los servicios jurídicos solicitaban 28 años de cárcel, al igual que a su compañera de reparto.

“Yo nunca pensé que iba a ir a la cárcel”, ha dicho Arias a la prensa tras terminar la jornada de este martes. En declaraciones a los medios de comunicación, que esperaban a las puertas de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), el artista ha afirmado que “va a ser un juicio largo” y que es “neófito en todo esto”, ya que nunca se ha enfrentado a un proceso judicial, “ni siquiera por una multa”. En este sentido, ha lamentado que el tiempo que tiene que estar presente en la sede judicial afecta a la obra de teatro que está representando en Argentina, ya que las funciones tienen que ser suspendidas.

Por este motivo, su defensa ha pedido al tribunal que el actor sea el primero en declarar para poder ausentarse del juicio que está previsto que se alargue hasta septiembre. La presidenta del tribunal, la magistrada Ana Revuelta, ha adelantado que todos los acusados que hayan firmado un pacto con las acusaciones serán los primeros en ser interrogados, sin mencionar expresamente el acuerdo de Arias.

Por su parte, Duato ha mantenido su intención de seguir hasta el final en el juicio sin llegar a ningún acuerdo con Anticorrupción, representada en este caso por el fiscal Tomás Herranz, según han señalado las fuentes jurídicas consultadas. La actriz está acusada por siete delitos fiscales por el presunto fraude de 1,9 millones de euros entre 2010 y 2012 y 2014 y 2017, de los que ya ha regularizado 970.000 euros, y se enfrenta a una petición de 32 años de cárcel.

Según explica Anticorrupción en su escrito de acusación provisional, los actores habrían pagado menos impuestos por sus ingresos generados con su actividad profesional, principalmente de su participación en la serie de RTVE, al ceder sus derechos de imagen a sociedades controladas por Peña, que se encargaban de firmar contratos con terceros y facturar los servicios realizados. “Seguidamente, fijaban una retribución [para los intérpretes] por un importe muy inferior a lo facturado, en forma de renta vitalicia”, destaca el ministerio público.

Entre los acusados también se encuentra el marido de la actriz, el productor Miguel Ángel Bernadeu, para quien se piden 18 años y medio de prisión. Si bien, la mayor petición de condena recae en el considerado artífice de toda la trama, Fernando Peña, responsable de la asesoría fiscal, quien encara una solicitud de 298 años y nueve meses de cárcel por 63 delitos contra la Hacienda Pública, tres de falsedad documental, dos de insolvencia, además de estafa procesal y pertenencia a organización criminal. En el banquillo también figuraba la hermana de Imanol Arias, Ana Isabel, para quien Anticorrupción y la Abogacía del Estado han retirado la acusación al inicio del juicio, según han anunciado ante el tribunal.

Desde la segunda fila

El inicio de la vista oral, que Ana Duato e Imanol Arias han presenciado desde la segunda fila del banquillo de los acusados, tiene lugar ocho años después de que arrancara la investigación, con el registro policial del despacho Nummaria. La dificultad de encontrar una sala de vistas para agrupar a la treintena de acusados y sus defensas, así como para cuadrar las agendas del tribunal y los abogados, ha retrasado la celebración del juicio.

El juicio ha comenzado con cuestiones previas, la fase en la que las defensas plantean nulidades de prueba y vulneraciones de derecho para tratar de anular el procedimiento. Así lo ha hecho Antonio Camacho, abogado del exinspector de Hacienda y conocido asesor fiscal de clientes vip, Fernando Peña, que ha argumentado que la instrucción se ha sustentado en documentación incautada en los registros que tuvieron lugar en abril de 2016 con “irregularidades” en la cadena de custodia y a la que, según ha enfatizado, no se dio acceso al completo a todas las partes. Asimismo, ha insistido en que “no hay ninguna ocultación [a Hacienda] por parte de ninguno de los investigados” y por ello cree que el juicio “tiene los pies de barro”.

Además, a lo largo de su exposición, el letrado ha apuntado a una posible manipulación de la causa por parte de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), liderada entonces por Margarita García Valdecasas —cuya pareja, Alejandro Pérez Calzada, fue socio de Peña en los años 90—, al llevar a cabo una serie de “alteraciones, modificaciones y borrado de archivos”. Ha recordado que el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid investiga si la exjefa de Antifraude ordenó dicha actuación.

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