El descontrol de las ‘golden visa’ abre la puerta a delitos económicos, según la oficina antiblanqueo

España es el último país en la eurozona que, hasta el momento, ha anunciado un divorcio de las golden visa, los codiciados visados que se han convertido a lo largo de una década en una vía atractiva para obtener el permiso de residencia a cambio de una inversión mínima de 500.000 euros en inmuebles. Entre finales de 2013, cuando se regularon, y principios de este año, se han concedido 14.576 de estos permisos de acuerdo con los datos del Ministerio de Vivienda. Pero encontrar datos sobre esos visados, más allá de los que ha ido haciendo públicos esporádicamente el Gobierno, no es sencillo y esa falta de transparencia conlleva un riesgo de blanqueo de capitales, según ha advertido este martes la Secretaría de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac, la autoridad supervisora de blanqueo en España). “España es un atractivo turístico y hay una gran exposición al riesgo”, ha afirmado África Pinillos, responsable de Supervisión del Sepblac en una jornada organizada por Transparencia Internacional para exigir una reforma de la ley que reguló estos permisos de residencia, además de más medidas de control.

“No sabemos cuántas personas lo solicitan y cuántas son rechazadas”, ejemplifica Eka Rostomashvili, coordinadora de la rama española de Transparencia Internacional, en conversación con EL PAÍS. Rostomashvili recuerda las nuevas medidas antiblanqueo adoptadas por Bruselas hace unas semanas ya que considera que ponen los visados de oro en el punto de mira. “Ahora todos los países que ofrecen este tipo de programas deben evaluar primero los riesgos que entrañan en términos de blanqueo de capitales, así como evasión fiscal y seguridad, y luego diseñar medidas muy específicas de mitigación de riesgos. Por último, obliga también a todos los que participan en las transacciones”, explica.

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, reveló en abril su intención de poner fin al instrumento, impulsado en 2013 por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy con el propósito de atraer más inversión a España durante la crisis financiera. “Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo”, manifestó el mes pasado el jefe del Ejecutivo. España seguirá así —parcialmente, puesto que en teoría las golden visa seguirán vigentes en otros supuestos de inversión no inmobiliaria, aunque el Gobierno aún no ha concretado su propuesta— una recomendación que hizo la Comisión Europea en 2022. Países como Irlanda, Portugal y Grecia, que también disponían de este tipo de visados, anunciaron antes su retirada, mientras que países como Italia han mantenido sus programas. En Italia, un inversor extranjero puede adquirir un permiso de residencia con una inversión mínima de 250.000 euros, la mitad de lo que se exige en España.

Pero Rostomashvili recuerda que aunque Portugal eliminó la opción inmobiliaria de su programa en 2023, eso no significa que el problema haya desaparecido. “Para seguir siendo competitivos —este es un problema grave en todos los Estados miembros de la UE— vemos una carrera a la baja en términos de estándares porque los países compiten para ofrecer condiciones favorables para los inversores”, indica.

Por su parte, Pinillos también ha pedido medidas más contundentes que refuercen las obligaciones de información de todos los intermediarios y los operadores que intervienen en el proceso de concesión de visados: desde bancos hasta agentes inmobiliarios y abogados que representan a los solicitantes.

Los extranjeros de nacionalidad china suponen más de la mitad de los visados concedidos por el Gobierno a lo largo de su década en vigor, con 2.712 visados, según los datos que recoge Transparencia International. En segundo lugar están los ciudadanos rusos, con 1.159 visados concedidos, seguidos por 202 nacionales de Irán. Tanto Moscú como Teherán, destacan en la organización sin ánimo de lucro, no tienen acceso formal al sistema bancario SWIFT con el que se procesan la mayoría de transferencias internacionales debido a sanciones impuestas por Bruselas.

La diputada autonómica de Más Madrid Emilia Sánchez, quien también ha participado en la jornada, ha apoyado la reforma de la ley que persigue Transparencia Internacional. “Con las golden visa habíamos abierto la puerta y cerrado los ojos” ha manifestado. “Los ricos tienen una puerta de oro y los demás están haciendo colas” ha concluido.

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