Hacienda prevé aumentar en 25.000 millones la recaudación por el fin de las ayudas y el tirón del empleo

La actualización de las previsiones macroeconómicas remitida por el Gobierno a la Comisión Europea en la noche del martes recoge entre sus páginas un aumento de la presión fiscal en España para el año 2025, entendida siempre como porcentaje del producto interior bruto (PIB). Las cotizaciones sociales, de un lado, pasarán del entorno de los 210.000 millones de euros en este ejercicio a los 221.000 millones en el próximo. Del otro, la recaudación total por impuestos avanzará desde los 386.000 millones a los 411.000 millones, unos 25.000 millones más.

Entre ambos conceptos, por lo tanto, el Ministerio de Hacienda confía en un crecimiento aproximado de 36.000 millones que se explica en gran medida por el aumento de la imposición directa, esencialmente la vinculada al IRPF y al impuesto de sociedades. En esta tendencia también influyen, no obstante, la paulatina retirada de las ayudas para hacer frente a la inflación y los efectos del tirón del empleo, claves tanto en el impuesto sobre la renta como en las cotizaciones sociales. Entre otros, estos mimbres permitirían aumentar los ingresos hasta el 42,9% del PIB, rebajar los gastos hasta el 45,4% y cerrar el año con un déficit público del 2,5%, medio punto mejor de lo que se espera conseguir en 2024.

Las cifras dadas a conocer por el departamento que dirige la también vicepresidenta primera, María Jesús Montero, reflejan en concreto un aumento de los ingresos tributarios de casi medio punto de PIB —del 25% al 25,4%—que descansa esencialmente en los impuestos directos. El peso de este grupo, en el que se encuentran los gravámenes a la renta y a las empresas, pasará del 13,1% al 13,5% del PIB entre un ejercicio y otro. En cifras absolutas, supone que la imposición directa avance desde los 202.000 millones que se prevén ingresar este año a los 218.000 millones, un aumento aproximado de 16.000 millones que representa el 65% de toda la subida fiscal.

Por su parte, los indirectos —principalmente IVA y especiales— tendrán un peso del 11,6% de la riqueza nacional tanto en 2024 como en 2025, incrementándose desde los 179.000 millones a los casi 188.000 millones, un avance de 8.500 millones que se diluye al referenciarse con el PIB debido a la previsión de crecimiento económico, que una vez sumada la inflación alcanzará en euros aumentos que rondan el 5% anual.

En el texto enviado a Bruselas, Hacienda señala que el incremento de la recaudación tributaria “consolida la tendencia observada en los últimos años”, en los que se han registrado cifras récord. También afirma que esta buena marcha de los impuestos es el factor principal que permite que aumente el peso de los ingresos públicos sobre el PIB. Y añade una serie de razones que explican la tendencia, la cual podría haber sido incluso mayor si no fuera por las rebajas fiscales puestas en marcha para abaratar la energía o los alimentos.

El Gobierno detalla que los ingresos “se verán impulsados positivamente por el efecto de medidas tributarias adoptadas en el pasado”, cuyos efectos se han prolongado varios años. Como ejemplos, menciona los dos gravámenes extraordinarios sobre las empresas energéticas y sobre las entidades financieras y de crédito, que la coalición estudia convertir en permanentes. También destaca la subida de tipos en la base del ahorro del IRPF, aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, “pero que será ingresada en la declaración en este año” y en los venideros. Por su parte, se espera que la recaudación en sociedades registre “un crecimiento dinámico sobre la base de la buena marcha de los beneficios empresariales y, sobre todo, por el efecto de las menores devoluciones”.

En esta evolución no puede obviarse el efecto de la retirada progresiva de las rebajas fiscales en la producción e importación de energía y, en consecuencia, el aumento del gasto en consumo final. Hay que tener en cuenta, señala Hacienda, que estas previsiones se calculan en un escenario inercial que contempla la retirada progresiva de medidas impositivas adoptadas en los últimos años, por lo que se presuponen mayores ingresos por el IVA energético y también por el de los alimentos, cuya rebaja ha restado 400 millones a las arcas públicas solo en el primer trimestre de 2024. Hacienda también incluye otras razones añadidas como el crecimiento de la recaudación del impuesto de la renta de los no residentes o los efectos positivos que traen las medidas contra el fraude fiscal.

Todos los números detallados en el plan —que parte de un escenario inercial que podría cambiar—, así como los razonamientos argumentados por el Gobierno para llegar a ellos, dan a entender que el Ejecutivo no impulsará cambios de calado en el ámbito tributario, dando por culminada, al menos en el corto plazo, la reforma fiscal que demanda Bruselas. Tampoco parece que vaya a haber ajustes en impuestos como el IRPF para adecuarlo a la inflación, lo que también podría explicar parte del aumento en la recaudación que prevé Hacienda.

Esta misma semana, el Banco de España aseguró en su informe anual que en los próximos años, si no se produjesen cambios normativos en el IRPF, el efecto de la progresividad en frío continuará teniendo un impacto significativo en los ingresos. En particular, el supervisor estima que si la ley del impuesto no se ajusta a la inflación y las rentas de los hogares aumentan según lo estimado, la recaudación del tributo podría alcanzar el 9% del PIB en 2025 —un 29% mayor que en 2019—. En cambio, con una actualización con el IPC, la ratio de gravamen sobre PIB se situaría en un 8,6%, cercana a su valor en 2023. Desde el Gobierno, sin embargo, han rechazado hasta la fecha llevar a cabo estos ajustes, argumentando que prefieren decantarse por rebajas fiscales focalizadas en rentas bajas. En el primer trimestre de 2024, la rebaja fiscal a contribuyentes de bajos ingresos restó a Hacienda 550 millones en ingresos.

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