Los “otros” del campo español

Existe una figura retórica, la sinécdoque, que consiste en tomar una parte por el todo, y es algo que funciona muy bien estéticamente en la poesía. En la economía algunos intentan usarla de una forma interesada para esconder una realidad incómoda.

Últimamente, se ha hecho uso y abuso de esta figura a colación de las movilizaciones en defensa del “campo” para abordar la problemática de una parte de él, la más ruidosa y la más visible. La que encaja en el perfil del agricultor o ganadero, propietario o arrendatario de una o varias explotaciones, o las empresas que se dedican al mismo fin de una forma extensiva. Ese “campo” es el que ha aparecido en los medios de comunicación, ha llenado la boca de los políticos y los gritos de los manifestantes al compás de la marcha de los tractores.

Pero, al igual que en la película de Amenábar, también existen “Los otros”, los que comparten espacio con los agentes ruidosos, pero a los que parece que nadie ve, ni las Administraciones, ni mucho menos los empleadores agrícolas y ganaderos.

Se diría que, en lo que abarca desde una perspectiva económica el término “campo”, no tienen ninguna relevancia las personas que trabajan por cuenta ajena en él, a pesar de que son ellas las que, con su trabajo, sacan adelante la producción de esas explotaciones, las que recogen y manipulan los productos.

Una invisibilidad que es especialmente sangrante por parte de las Administraciones, pues parece que los empleadores agrarios se han convertido en sus únicos interlocutores cuando se trata del “campo”. Desde 2022, el Gobierno ha venido adoptando medidas urgentes y extraordinarias para ayudarles a afrontar el incremento de los costes de la energía, de los insumos y las materias primas, propiciados por la guerra en Ucrania, por la sequía y otros fenómenos climáticos. Un apoyo sin precedentes, que desde el Gobierno cuantifican en torno a los 4.000 millones de euros, a los que se suman las ayudas ordinarias que reciben por la PAC, unos 6.800 millones de los que 4.000 son subvenciones directas.

Sin embargo, las personas trabajadoras por cuenta ajena del sector no han recibido prácticamente ningún tipo de ayuda para garantizar un mínimo ingreso en sus hogares y cubrir la falta de jornales por la sequía y la reducción de las campañas agrícolas. La única excepción fue la reducción de peonadas para acceder al subsidio agrario y la renta agraria para los eventuales, solo válida en Andalucía y Extremadura. Una medida que el RD 7/2023 de 19 de diciembre, pretendía hacer extensiva al resto de comunidades autónomas, pero que finalmente decayó por convertirse en arma arrojadiza entre los grupos políticos.

Una falta de apoyo que sigue condenando a este colectivo de trabajadores y trabajadoras a la invisibilidad, la indefensión, la precariedad y el abuso. Las Administraciones parecen ignorar, y desde luego no se lo van a contar los que vinieron a colapsar las ciudades con los tractores, que el empleo en el campo español es de los más precarios, de los peores pagados, de los que tiene mayor siniestralidad y de los más desregulados de nuestra economía.

Resulta paradójico que, mientras algunos empleadores se quejan de que los españoles no quieren trabajar en el campo, los cupos para trabajar en la vendimia y en las campañas agrarias en Francia estén colapsados y con largas listas de espera.

Quizás nadie en el “campo” se ha parado a pensar en que la diferencia estriba en unas mejores condiciones laborales, con derechos y salarios dignos. Unos objetivos que los sindicatos, desde la negociación colectiva, hemos intentado conseguir, pero siempre hemos chocado con la misma piedra, y es la falta de predisposición de las patronales sectoriales hacia el diálogo social. No en vano, la sustitución de la antigua ordenanza laboral franquista tuvo que hacerse a través de un laudo arbitral por el bloqueo patronal.

Y lo mismo ocurre con nuestros reiterados intentos de dotar al sector agropecuario de un convenio estatal que proteja y homogenice las condiciones laborales y los derechos de todas las personas trabajadoras del mismo. El último intento data de 2016 y, al igual que ocurrió con los anteriores, actualmente está bloqueado. Las patronales parecen encontrarse más cómodas con la raquítica estructura territorial de negociación colectiva, caracterizada por el incumplimiento generalizado de los convenios, salarios míseros, horas extraordinarias no pagadas, problemas de seguridad y salud, y un largo etcétera.

Por eso, el próximo 11 de abril, las organizaciones sindicales más representativas, conjuntamente con las trabajadoras y trabajadores del sector, vamos a manifestarnos ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para hacer extensivo el término “campo” a todas las personas que en él trabajan, para que las Administraciones y los empleadores ganaderos y agrarios puedan visualizarlas y comprueben que no son ectoplasmas, que sufren por la precariedad, e incluso por la picaresca de determinados empresarios en la declaración de sus jornadas.

El Gobierno y los poderes públicos han de ser conscientes de que sin estas personas el campo no tiene futuro, y para ello hay que dotarles de unas condiciones laborales dignas que les permitan desarrollar sus proyectos vitales en el medio rural, pues de no ser así la despoblación en la “España vaciada” será irreversible.

Sería deseable que, desde el ministerio de Agricultura, se propiciara la cultura del diálogo y crear entornos en los que sindicatos y empresarios podamos interactuar para mejorar la situación de estas trabajadoras y trabajadores, y con ello apostar por el desarrollo del medio rural.

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