Las peticiones de fondos europeos para rehabilitación duplican las actuaciones comprometidas con Bruselas

El Gobierno prometió a Bruselas acometer 231.000 actuaciones de rehabilitación con fondos europeos antes de que acabe el año y se muestra “en disposición de cumplir con los compromisos adquiridos”. Así se desprende del informe sobre las inversiones del Plan de Recuperación en materia de vivienda que la ministra Isabel Rodríguez ha presentado este martes al Consejo de Ministros. De acuerdo con los datos de ese documento, el programa de rehabilitación a nivel de viviendas (hay otro programa dirigido a barrios enteros) cuenta ya con 514.858 solicitudes, lo que excede incluso el total de las actuaciones que se comprometieron hasta 2026 (410.000). “Ha sido un éxito cómo han reaccionado el resto de Administraciones públicas, pero también los operadores privados”, ha valorado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo. “Hemos logrado acelerar el ritmo de rehabilitación”, ha añadido.

Ese medio millón de solicitudes, que se tramitan básicamente a través de programas autonómicos, se dividen entre 197.349 actuaciones ya aceptadas y 317.509 que están en estudio. La clave es saber cuántas de las primeras ya son una realidad y cuánto tiempo tardarán el resto en serlo, puesto que el compromiso con la Comisión Europea implica que esas acciones se completen. Aunque las últimas estadísticas públicas de rehabilitación solo detectan de momento un incremento modesto de la actividad, las cifras de interés que ha detectado el Gobierno “permiten ser optimistas”, según ha expresado Rodríguez.

Además, en el objetivo europeo también cuentan como actuaciones las deducciones en la declaración de la renta por rehabilitación. Y estas alcanzaron ya en 2022 un volumen considerable, según las cifras que maneja el Ejecutivo. En concreto, en la anterior campaña de la Agencia Tributaria esas ayudas fiscales alcanzaron a 57.247 contribuyentes, que se referían a 42.682 inmuebles. Más de la mitad fueron por el motivo que permite desgravarse un 40% de lo gastado en actuaciones de mejora energética en el domicilio habitual (a cambio de reducir el consumo de energía un 30% o lograr la calificación A o B en la vivienda). El resto se repartieron entre el supuesto más sencillo (20% de deducción por rebajar el consumo energético un 7%) y el más exigente (60% de deducción, reduciendo el consumo un 30%, pero a nivel de todo un edificio residencial).

El Gobierno, por tanto, cree que cumplirá sobradamente con Bruselas y cuantifica ya en más de 180.000 empleos los que ha creado la actividad de renovación y mejoras de las viviendas para reducir su consumo energético. Esto supone un punto de inflexión respecto a la segunda mitad del año pasado, cuando en el marco de la negociación de la adenda al plan de recuperación europeo, se rebajaron los compromisos iniciales por temor a no cumplir. De hecho, en la formulación inicial del plan se contemplaban medio millón de actuaciones de rehabilitación hasta 2026, lo que luego se redujo a 410.000.

Al margen de estas cifras, el objetivo repetido por el Ejecutivo siempre fue impulsar la actividad rehabilitadora en línea con las metas a largo plazo de la UE, que persigue la descarbonización total para 2050. Eso implica que a partir de 2030 España tendría que ser capaz de rehabilitar energéticamente 300.000 casas por año. Como esas cifras están a años luz de las actuales, y sobre todo de las que había cuando la Comisión marcó esos objetivos, el planteamiento siempre fue aprovechar el tirón de los fondos europeos para dar un impulso a las obras de renovación y que el sector cogiera inercia.

Globalmente, el componente 2 del plan de recuperación, que es el que se centra en actuaciones sobre las edificaciones, contempla 5.520 millones de euros. El grueso de estos, más de 4.000 millones, se relacionan con la rehabilitación. Junto a la pata de obras más pequeñas, otra de las líneas es la de inversión en barrios. Esta se refiere a grandes actuaciones urbanas y para las mismas han pedido ya las comunidades autónomas 841 millones. Es decir, un 96% de lo presupuestado originalmente. Esto se refiere a 285 barrios que se reparten entre todas las comunidades, salvo Castilla-La Mancha, y las dos ciudades autónomas. Estos abarcan conjuntamente unas 44.500 viviendas, según el informe presentado por el Ministerio de Vivienda, que detalla que Cantabria y la Comunidad Valenciana son las que van más adelantadas en los acuerdos. La duda, de nuevo, es cuándo esas firmas empezarán a traducirse en obras en la calle.

Nuevas líneas del ICO

Al margen de la marcha del plan de recuperación, la reunión del Gobierno de este martes también buscaba dar un impulso a otras medidas en materia de Vivienda. Por un lado, se ha informado de la marcha de los visados dorados por inversión inmobiliaria para su eliminación, tal y como avanzó el presidente Pedro Sánchez este lunes. Además, el Ejecutivo ha sado la luz verde definitiva al convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para avalar hipotecariamente a jóvenes de hasta 35 años o familias con menores al cargo. Esta línea de avales, anunciada meses atrás y que contempla 2.500 millones, permitirá obtener la parte de hipoteca que los bancos normalmente no prestan (el tope suele fijarse en el 80% del valor de la vivienda). Ahora lo único que resta es que las entidades se adhieran al convenio para empezar a ofrecer esos avales, lo que el Gobierno cree que sucederá en mayo.

Además, también se han aprobado las condiciones de otro convenio con el ICO, por el que el Gobierno avalará el 50% de la promoción de viviendas destinadas al alquiler asequible. Esto se refiere también a otra medida del plan de recuperación, que se pactó en la adenda, por la que se destinarán 4.000 millones en créditos para financiar la construcción de bloques de arrendamiento social o asequible. Los 2.000 millones en avales, ha explicado Rodríguez, buscan “animar a promotores privados y a Administraciones públicas” a edificar este tipo de casas. El ministerio ha señalado que está trabajando con el ICO “para ultimar la puesta en marcha” de estas actuaciones, con las que espera poner en marcha unas 40.000 viviendas. La decisión de destinar 4.000 millones de la adenda a la promoción de alquileres asequibles se adoptó tras ver la buena acogida que tuvo el plan inicial destinado a ese fin. Aunque con condiciones diferentes, este destinaba 1.000 millones y se proponía levantar 20.000 viviendas, pero el Gobierno ha cosechado peticiones de las comunidades autónomas con las que se proyecta levantar casi 25.000 pisos.

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