La Unión Europea vota la directiva que cambiará las casas para hacerlas más ecológicas

Europa está lista para el paso que cambiará para siempre todas sus edificaciones. Estas son actualmente responsables del 36% de las emisiones y del 40% del consumo energético, según los cálculos de la UE. Y para trazar la senda hacia la descarbonización, prometida en 2050, el Parlamento Europeo ha aprobado este martes la nueva Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios. El texto definitivo llega tras años de debate entre la Comisión, los países miembros y la cámara legislativa continental e impone la obligación de que a partir de 2030 todos los edificios nuevos sean de cero emisiones. Lo que no dice, porque lo propuso el Ejecutivo comunitario pero cayó en las negociaciones, es que las viviendas con peor calificación energética no puedan venderse ni alquilarse en un futuro próximo. Eso dependerá del plan nacional de rehabilitación que España, como el resto de socios europeos, deberá presentar antes de acabar 2025.

“Europa marca el objetivo a conseguir, ahora cada Estado miembro debe elaborar su plan”, explica Cecilia Foronda, directora de Energía y Personas en Ecodes, una organización sin ánimo de lucro que tiene entre sus objetivos el impulso de la transición verde. El texto definitivo de la directiva recoge que los países deberán garantizar que el consumo de energía de los edificios residenciales se reduzca en un 16% hasta 2030, y al menos un 20% hasta 2033. “Tiene que hacerse rápido porque, si no, no llegamos; y lo ideal sería que fueran las viviendas menos eficientes”, señala la experta, quien cree que la propuesta anterior de bloquear la comercialización de cualquier vivienda con mala calificación energética sería un revulsivo importante pero “genera miedo y rechazo” entre muchos ciudadanos.

Inicialmente, Bruselas propuso que todas las construcciones residenciales tuvieran calificación energética E o superior en 2030. Y alcanzar la D tres años después. Esto supondría un problema mayúsculo porque, en esa calificación que va de la A (mayor eficiencia) a la G (menor), España tiene más un 87% de sus casas en las tres peores letras, según un reciente informe de la entidad financiera UCI. Es decir, que en 10 años habría que transformar nueve de cada diez casas.

Con la norma europea tal y como ha quedado —tras el acuerdo definitivo alcanzado por la Comisión, el Consejo de la UE (es decir, los Gobiernos nacionales) y el Europarlamento durante el pasado semestre de presidencia española de la Unión— habrá más margen de actuación, pero no es descartable que se apliquen normas parecidas. “El primer borrador cayó, pero eso da igual porque aquello era imposible de ejecutar”, señala Sebastián Molinero, director general de la patronal de materiales de construcción y rehabilitación Andimac. “Lo que sí puede llegar a producirse es que a partir de 2030 se fijen algunos criterios para determinadas viviendas que quieran salir al mercado”, agrega.

Hasta ahora, España dispone de dos guías importantes para la transición verde de sus edificios. El primero es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que abarca hasta 2030. La segunda es la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la construcción, conocida con las siglas Eresee y que tocaría renovar ahora. El Gobierno ya hizo una consulta pública al respecto el año pasado y Foronda cree que al final eso será la base del plan nacional de rehabilitación que desde ahora exigirá Bruselas y que, según la directiva, habrá que ir actualizando y evaluando periódicamente.

Molinero, por su parte, cree que hay pocas cosas en la nueva directiva que supongan un problema “técnico”. Aunque admite que el sector tendrá que hacer una “transición” hacia modos de fabricación y construcción más sostenibles, cree que tanto levantar edificios de cero emisiones como mejorar significativamente el desempeño energético de las casas mediante rehabilitación ya es posible. “Otra cosa es el coste de eso”, apunta. La experta de Ecodes celebra que el texto europeo “introduce salvaguardas sociales para proteger a familias vulnerables”. Es decir, que no se puede hacer la transformación a costa de depauperar a algunas capas de población y los Estados deben, mediante ayudas y garantizando fuentes de financiación adecuadas, asegurarse de que haya recursos para ello.

Esa es precisamente una de las reivindicaciones de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), que pide, además de ayudas a los ciudadanos, “diálogo” e incentivos para apoyar a las empresas en su transformación. “Aumentar la tasa de rehabilitación de edificios sigue siendo una asignatura pendiente”, recuerda un portavoz de la patronal constructora.

Pero, al margen del impulso general a la renovación del parque edificado, la norma también es taxativa en otros aspectos. Uno de los que antes entrarán en vigor es la nueva posición sobre calderas de combustibles fósiles, como las de gas o petróleo. En 2040 deben desaparecer, pero mucho antes, ya en 2025, debe eliminarse cualquier incentivo para la instalación de estos sistemas en los edificios europeos. Tras el voto favorable del Europarlamento (con 370 síes, 199 noes y 46 abstenciones), la directiva debe recibir ahora el visto bueno definitivo del Consejo de la UE, un paso que en principio es una mera formalidad porque el texto ya fue pactado.

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