El Gobierno reconoce retrasos en la concesión de ayudas para rehabilitar viviendas: “No conseguimos trasladar el mensaje”

“Nadie dijo que esto fuera fácil”. Así se ha referido Francisco Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, al despliegue de las ayudas con cargo a los fondos europeos Next Generation para la rehabilitación de viviendas. Pese a reconocer los retrasos en su adjudicación —”hay más decalaje de lo que nos gustaría entre la solicitud y la concesión de resolución”—, ha afirmado que en los próximos meses se acelerará el número de peticiones resueltas. A la vez, ha animado a solicitar las deducciones fiscales disponibles para mejorar la eficiencia energética de viviendas y edificios —compatibles con las ayudas directas y también financiadas con dinero europeo—, que tampoco han despegado.

“Confiamos en que las deducciones fiscales tuvieran un papel muy protagonista sobre todo en la primera fase. No hemos conseguido trasladar este mensaje”, ha admitido este miércoles en la presentación de la actualización de la Guía sobre desgravaciones fiscales para rehabilitación de viviendas y edificios residenciales elaborada por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y el Consejo General de Economistas de España (CGE). En 2022 todavía son “muy pocas las deducciones que se han producido, pero es muy probable que este año empecemos a tener un poco más de volumen y que el año que viene el volumen ya sea importante. Pero tenemos que animar a esto”.

Los fondos europeos cubren tres nuevas deducciones en el IRPF para la rehabilitación de viviendas, cuyo impacto estimado para las arcas públicas es de 450 millones de euros. Dos de ellas se aplican a las obras en la vivienda habitual —también alquilada o en expectativa de alquiler—. La primera exige una reducción de al menos un 7% en la demanda de calefacción y refrigeración, y prevé una deducción del 20% de las cantidades pagadas hasta un máximo de 5.000 euros al año. La segunda se puede solicitar al disminuir un 30% o más el consumo de energía primaria no renovable o al mejorar la calificación energética hasta la clase A o B. La deducción es del 40%, hasta un tope de 7.500 euros. En ambos casos, este año es el último para rebajarse una cantidad, siempre y cuando las ayudas no se amplíen —como ya se hizo una vez—, un asunto que será competencia del Gobierno que salga de las próximas elecciones.

Rubén Gimeno, director del Servicio de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), ha recordado que es necesario contar con un certificado de eficiencia energética anterior a la obra y otro posterior —que no exceda el 1 de enero de 2024— que garantice que se cumple con los requisitos. “No hay que pagar nunca en efectivo”, ha añadido durante la presentación de la guía, en una mesa redonda moderada por Raquel Jurado (REAF) en la que también han participado la coordinadora de la Red de Oficinas de Apoyo a la Rehabilitación (Red OAR) de los Colegios de Arquitectos, Elvira López, y la responsable de Proyectos de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Paz Serra.

La tercera deducción es del 60%, hasta un máximo de 15.000 euros, en edificios de uso predominantemente residencial en los que se reduzca el consumo de energía primaria no renovable al menos un 30% o se logre una calificación energética A o B. En este caso, las cantidades se podrán deducir hasta el próximo año. La base máxima de deducción al año son 5.000 euros y el certificado tiene que expedirse antes del 1 de enero de 2025.

Un 52% de ahorro

Los ponentes han recordado que las ayudas públicas para la rehabilitación de viviendas no tributan y han ofrecido un cálculo estimativo del ahorro que un contribuyente puede conseguir. Si acomete una obra de 5.000 euros y recibe una ayuda pública de 2.000, puede recuperar hasta un 52% de la inversión si aplica conjuntamente los incentivos fiscales.

Marín ha asegurado que en los últimos meses se ha producido “un crecimiento exponencial” en las solicitudes de ayudas, que gestionan los Gobiernos autonómicos, y que, como ocurre con todos los nuevos procedimientos, los engranajes administrativos se van engrasando poco a poco. “En algunas comunidades con más agilidad que en otras”, ha destacado, y ha asegurado que “de aquí al verano” habrá “un cambio muy sustancial en el número de solicitudes resueltas”. “Esto va a generar mucha más credibilidad, pero también es posible que genere una nueva oleada de solicitudes”, ha añadido, sin ofrecer información más detallada sobre las previsiones que maneja el ministerio.

En cambio, ha destacado que las deducciones tienen “ventajas muy importantes”: “Independientemente de la tramitación de la ayuda, la deducción permite avanzar con la rehabilitación, así que no esperemos a activar el proceso de rehabilitación al momento de tener concedida la ayuda. Se puede hacer antes”. Por su parte, la presidenta del CSCAE, Marta Vall-llossera, que ha participado junto a Marín y a al presidente del CGE, Valentín Pich, en la presentación del acto, ha recordado que cada proyecto de rehabilitación “necesita unas actuaciones diferentes”, un plan ad hoc con un diagnóstico anterior “certero y preciso”.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal