Un parque inmobiliario de edificios de cero emisiones en España para 2050

Hace casi dos años y medio de la publicación, por parte de la Comisión Europea, del Paquete “Objetivo 55″ (”Fit for 55″ en inglés), que buscaba poner en marcha medidas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea en al menos un 55% respecto a los niveles de los años 90. Desde entonces, se han aprobado numerosas directivas nuevas y revisiones de directivas que pondrán en marcha esta muy importante y necesaria reducción de las emisiones de nuestra sociedad y de nuestra economía.

Las negociaciones en torno a la última pieza de este paquete se cerraron el pasado 7 de diciembre, con el último diálogo entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea en torno a la Directiva de eficiencia energética en edificios (EPBD por sus siglas en inglés). Esta normativa tiene un objetivo claro, que es lograr un parque inmobiliario de cero emisiones en 2050.

Para reducir por completo las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestros edificios, de nuestras viviendas, es necesario que rehabilitemos la gran mayoría de ellos antes de 2050. Debemos mejorar el aislamiento de nuestros muros y tejados, debemos cambiar nuestras ventanas y posiblemente tengamos que instalar lamas o toldos, protegiéndonos todo lo posible del frío y el calor del exterior para poder mantener una temperatura de confort sin necesidad de encender la calefacción o el aire acondicionado. Esta mejora de la envolvente de los edificios reducirá nuestras facturas, mejorando nuestras condiciones de vida enormemente, permitiéndonos despertar por la mañana, en invierno, sin pasar frío, o llegar a casa por la tarde, en verano, sin rozar los 30 ºC en el interior. Y todo sin aumentar nuestras facturas de luz y gas.

La revisión de la directiva marca definitivamente el fin de los combustibles fósiles como fuente de energía en nuestros edificios, como el carbón, el gasoil o el gas natural, y le pone una fecha a ese final. A partir de 2025 no se podrá subvencionar la instalación de sistemas de calefacción o aire acondicionado que hagan uso de estos combustibles. Mientras que las ayudas de los fondos Next Generation ya lo hacen, esto deberá aplicarse también en el resto de las ayudas para la rehabilitación. Además, a partir de 2040 deberemos eliminar cualquier caldera o equipo que funcione con estos combustibles, ya que no podrán ser reparadas y no podrán ser compradas. Esta medida, sin duda, mejorará también la calidad del aire que respiramos en nuestras ciudades, eliminando los gases nocivos que esos equipos liberan. Y supone un gran beneficio para nuestro planeta, que podrá ralentizar su manifiesta escalada térmica.

Esta normativa también se fija en las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a los materiales y técnicas que utilizamos para construir y rehabilitar nuestros edificios, que hasta ahora no se habían tenido apenas en cuenta, y que habrá que vigilar y reducir tras la aprobación de la directiva. Nos ayudará priorizar materiales producidos en lugares cercanos, para disminuir las emisiones vinculadas al transporte de los materiales, materiales naturales que han capturado CO₂ durante su crecimiento, o materiales que pueden ser reutilizados fácilmente, con segundas, terceras y cuartas vidas. Usar estos materiales no solo reducirá nuestras emisiones incorporadas, sino que también dinamizará nuestras economías locales y potenciará el uso adecuado de nuestros recursos naturales.

De igual forma, la revisión de la directiva afianza los estándares de cartera hipotecaria (MPS por sus siglas en inglés), que buscan incentivar a los prestamistas hipotecarios a mejorar el rendimiento energético medio de su cartera de edificios, que financian con sus hipotecas hacia 2030 y 2050 según los estándares y objetivos de descarbonización de la Unión Europea (UE), basándose en la definición de actividades económicas sostenibles de la taxonomía de la UE. Cabe mencionar que la revisión de la directiva asigna a la Comisión Europea la adopción de un acto delegado para poner en marcha un marco integral que facilite el uso voluntario de MPS por parte de las instituciones financieras.

Sin embargo, quienes hemos estado siguiendo la directiva desde su presentación, desde hace dos años y medio, somos conscientes de que lo que ha resultado de las negociaciones está muy diluido en comparación con los ambiciosos objetivos propuestos originalmente desde la Comisión Europea. Los edificios de cero emisiones son menos coherentes, las certificaciones energéticas no van a estar armonizadas entre los Estados miembro y la hoja de ruta que cada edificio debe seguir respecto a su rehabilitación ha quedado mucho menos clara. No obstante, uno de los aspectos que quedan más claros en el documento final es que van a ser los Estados miembro de la Unión Europea quienes van a tener que tomar muchas de las decisiones, dado que tendrán que diseñar las hojas de ruta que nos permitirán rehabilitar todo nuestro parque edificado, elaborando planes nacionales que planteen qué edificios se priorizan, los plazos para la rehabilitación de estos edificios y cómo conseguir que estas rehabilitaciones sean lo más eficientes y justas posible. En esta fase que se abre debemos asegurar una hoja de ruta que nos acerque a un parque de edificios de cero emisiones, sin dejar a nadie atrás, para lo que es fundamental priorizar los edificios en peor estado y a las personas en situación de vulnerabilidad que los habitan.

Es un reto para España, aunque también una gran oportunidad para transformar en el largo plazo todos o casi todos nuestros edificios, haciéndolos más saludables, más eficientes y por ende más habitables. Para que este plan sea efectivo y realista, debemos ser innovadores, ambiciosos y contar con todos los puntos de vista posibles y todas las vías de financiación posibles. Solo así nos aseguraremos de lograr el reto de que nuestras viviendas y edificios sean de cero emisiones en 2050 con el máximo confort posible.

Las organizaciones del Grupo español de impulso de la Directiva de eficiencia energética en edificios (EPBD) estamos dispuestas a poner nuestros conocimientos y nuestra experiencia al servicio de las administraciones públicas para lograrlo. La calidad ambiental y la justicia social son dos metas compatibles con este proceso. Nos va en ello nuestra salud, la del planeta y el bienestar de las generaciones futuras. Nos queda demasiado poco tiempo como para no hacerlo.

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