La congelación del IPREM con la prórroga de los Presupuestos lo distancia aún más del SMI

La renuncia del Gobierno a renovar los Presupuestos Generales del Estado este año conlleva la congelación de la cuantía de algunos índices que sirven como referencia para la concesión de ayudas públicas. Es el caso del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que ejerce como baremo para determinar la asignación del subsidio por desempleo y cuya representatividad ya venía siendo puesta en cuestión por los sindicatos, por entender que no sirve para delimitar con precisión el umbral de pobreza. El anuncio de la congelación de su cuantía —fijada actualmente en los 600 euros al mes (7.200 anuales, en 12 pagas)— llena de razones a las centrales, que vuelven a reclamar su sustitución por otra referencia, que bien podría ser el salario mínimo interprofesional (SMI), una referencia mayor —1.134 euros brutos al mes, 15.876 anuales en 14 pagas— gracias a que se ha incrementado un 26% en el último lustro, por el 11,5% que lo ha hecho en este tiempo el IPREM.

“Desde UGT reiteramos nuestra petición de que se sustituya el IPREM, que ha quedado obsoleto y desfasado, por un índice objetivo de umbral de pobreza”, ha señalado la organización sindical este lunes a través de un comunicado. “El decaimiento de los Presupuestos de 2024 refuerza la aspiración de este sindicato de que el indicador de referencia de ayudas públicas y subsidios por desempleo esté vinculado a un índice de pobreza, con actualizaciones automáticas que deberá prever la norma, y cuya cuantía debe ser, tal y como exige la Carta Social Europea, el 50% de ingreso mediano”, añade la nota.

“Desde hace 20 años los incrementos de este indicador han sido muy inferiores al coste de la vida, y actualmente no llegan al 50% del SMI del cual nació. Por ello, el IPREM incumple de forma fragrante su principal función, que es la de garantizar unos niveles adecuados de cobertura social y fijar un parámetro objetivo para recibir ayudas del Estado”, remacha el sindicato. CC OO, por su parte, viene reclamando al Gobierno una subida del IPREM, puesto que considera que los 600 euros actuales “no son suficientes” para combatir el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El IPREM surgió en 2004, precisamente para sustituir al salario mínimo como referencia para el acceso a distintas ayudas, subvenciones y al subsidio de desempleo. Desde entonces intermedia, por ejemplo, en el cálculo para el acceso a ayudas, becas o subvenciones en función del estado y situación personal; en el cálculo de las indemnizaciones por despido; en asistencia jurídica y gratuita; o para fijar los límites de ingresos anuales para poder acceder a viviendas con protección pública de precio limitado (VPPL) o viviendas con protección pública básica (VPPB).

Bondad o no

Sin embargo, su evolución se ha ido separando cada vez más, con especial incidencia en los últimos años, y con un escenario a medio plazo que presenta mayores distancias, puesto que el Gobierno suscribió la pasada legislatura la Carta Social Europea que marca que el SMI deberá representar el 60% del salario medio, algo que queda sujeto a revisión continua. Así, el importe de las ayudas públicas, que en muchos casos toma como referencia el valor de este índice, se ha revalorizado menos que si hubiera mantenido la anterior marca. “[El IPREM] es una lacra, y no puede depender de la bondad o no del Gobierno de turno”, denunció recientemente el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, tras la aprobación de la última subida del SMI. “Es un instrumento para no subir las rentas sociales”, añadió, para proponer después su sustitución por un índice que permita “que las personas en España en peores condiciones puedan mejorar”.

Este indicador se situó en el centro de la actualidad negociadora entre Gobierno y agentes sociales al estar relacionado con la propuesta de renovación de los subsidios por desempleo que ha planteado el Ministerio de Trabajo, y que, por el momento, sigue sin salir adelante. Singularmente por el hecho de que un porcentaje de este importe es el que marca la cuantía a cobrar por los desempleados.

Como también sucede con el SMI, la potestad de delimitar la cuantía del IPREM corresponde en exclusividad al Gobierno. Sin embargo, mientras que con el salario mínimo reúne a los agentes sociales para exponer y debatir sus planteamientos, con el IPREM no se ha convocado ninguna reunión de análisis. De hecho, la única forma de conocer su importe es recurrir a lo que fijan los Presupuestos Generales del Estado. Por ello, al renunciar a presentar unos nuevos, salvo medida excepcional, el Gobierno lo mantendrá un año más en los 600 euros al mes, 7.200 anuales (en 12 pagas).

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