Miguel Borra: “O el Gobierno negocia la recuperación salarial de los funcionarios o los tendrá en la calle”

Miguel Borra (Zaragoza, 1968), presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), es actualmente uno de los líderes sindicales más veteranos. El próximo miércoles se presenta a su cuarto mandato —accedió al cargo por primera vez en noviembre de 2011— y como aval para su reelección volverá a tirar de resultados: más de 250.000 afiliados “de los que pagan”; 12.000 delegados en toda España y, sobre todo, puede presumir de haber puesto y mantenido a CSIF en el mapa sindical español. Recuerda que ya en septiembre de 2022 este sindicato logró que miles de empleados públicos de toda España protestaran en Madrid en contra de la política salarial del Gobierno de Pedro Sánchez y ahora amenaza con volverlo a hacer.

Pregunta. El nuevo ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, ya se ha reunido con usted para empezar a negociar las materias que les competen ¿qué reivindicaciones le ha hecho y qué les ha respondido el Ministro?

Respuesta. Sí, ya nos ha convocado y eso se lo agradecemos al señor Escrivá, porque su predecesora (María Jesús Montero) nunca nos recibió. Se han constituido las mesas de negociación para reanudar los temas que quedaron interrumpidos la anterior legislatura, como la jornada de 35 horas, el teletrabajo, la carrera profesional o la evaluación del desempeño, pero la negociación en sí no ha empezado ni sabemos cuándo lo hará. Dicho esto, en este momento hay una parálisis total del Gobierno para todo aquello que no sea sacar adelante la Ley de amnistía. Pero, sobre todo, no tenemos Presupuestos Generales del Estado para 2024 y, por tanto, se retrasa la oferta pública de empleo de este año y no nos han subido el sueldo a los empleados públicos en enero. Y tampoco hemos empezado a negociar el próximo acuerdo salarial.

P. Quieren negociar un nuevo pacto salarial con el Gobierno, pero CSIF no firmó el acuerdo vigente que sí respaldaron CC OO y UGT…

R. No firmamos ese acuerdo para 2022, 2023 y 2024 porque es la primera vez en la historia que se firma un pacto por parte de CC OO y UGT que nada más firmarlo los empleados públicos ya perdían poder adquisitivo. En estos dos últimos años hemos perdido un 6% de poder de compra debido a ese acuerdo, pero no solamente es que el acuerdo sea malo, es que encima no lo están cumpliendo. No nos han aplicado la exigua subida que pactaron del 2% para este año y argumentan que no hay Presupuestos, pero lo habrían podido hacer por decreto como en 2020. Además, en la Administración General del Estado tampoco han pagado la subida adicional del 0,5% por el aumento de PIB incluida en dicho acuerdo.

P. ¿Cree que a pesar de esta parálisis no se escucha protestar a los sindicatos porque CC OO y UGT sí firmaron el anterior acuerdo salarial, incluso cuando parte de este pacto se está tardando en aplicar?

R. Nosotros estamos protestando ya. Es más, como no se ponga en marcha pronto el acuerdo salarial que nos permita empezar a recuperar más del 20% de poder adquisitivo que llevamos perdido desde 2010 y como no se pongan en marcha las mesas de negociación para todos los temas que he señalado, el CSIF se va a movilizar. O el Gobierno se pone las pilas y negocia la recuperación salarial o va a tener un problema añadido a los que ya tiene y es que los empleados públicos van a estar en la calle.

P. ¿Cómo piensa plantear la recuperación de ese 20% de poder adquisitivo que han perdido los empleados públicos?

R. Esta demanda puede parecer inviable hasta que deja de serlo y en eso este Gobierno tiene experiencia. Lo primero es sentarnos a negociar, porque hay un acuerdo salarial malo que CSIF no suscribió y que se acaba este año. Tenemos por delante tres años de legislatura y lo que queremos negociar un acuerdo que arranque en 2025 y que tienen que cumplir dos cuestiones para que lo firmemos: que no podemos seguir perdiendo poder adquisitivo y que tenemos que empezar a recuperar al menos parte de lo perdido.

P. La otra gran reivindicación pendiente de los empleados públicos es su estabilidad en el empleo: casi un tercio tienen un contrato temporal. Además, el Tribunal de Justicia de la UE acaba de decirle a España que haga fijos a los empleados públicos en abuso de temporalidad ¿Cómo interpreta esta esta sentencia sobre la que el Tribunal Supremo ha pedido, a su vez, aclaraciones al TJUE?

R. Los procesos de estabilización de 2021 y 2022 han arrancado ya y hay cientos de miles de plazas que se harán fijas. Pero al margen de eso, lo que le ha dicho el TJUE es que la administración pública española lo ha hecho mal porque ha abusado hasta límites obscenos de la figura del temporal en todos los ámbitos. El Supremo pregunta ahora a la justicia europea cómo tiene que resolver eso.

Lo que hay que recordar en este punto es que el compromiso del Gobierno con Europa para seguir recibiendo fondos europeos es que la temporalidad del sector público debe reducirse al 8% y eso no se va a cumplir ni con las últimas ofertas de empleo y estabilización.

P. Esto nos lleva al problema de la falta de personal y al envejecimiento de las plantillas que van a ver de cinco a diez años cómo se jubila hasta la mitad de su personal ¿Cuántas plazas de reposición y funcionarios nuevos hacen falta?

R. Solo en la Administración General del Estado la oferta debería sacar 60.000 puestos nuevos y de reposición para este año. Pero lo primero que debería hacer el Gobierno es eliminar definitivamente los límites de la tasa de reposición que son los que han causado la precariedad actual. Más allá de eso, hemos calculado que hacen falta casi 400.000 empleados públicos para los próximos diez años, de ellos 290.000 solo en la Sanidad.

P. El ministro Escrivá ya ha anunciado que eliminará definitivamente las tasas de reposición en 2025

R, ¿Y por qué no lo hacen ya en 2024? Nosotros lo hemos reclamado para la ley de función pública de la Administración General del Estado, que actualmente se está tramitando en el Congreso y el Grupo Parlamentario Socialista nos lo ha denegado.

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