El Gobierno lanza el Consejo de la Productividad con un mandato para analizar la inteligencia artificial

“Veo lo mejor y lo apruebo, pero hago lo peor”. Con esta frase, Ovidio nos recuerda cómo las pasiones, la debilidad de la voluntad y la búsqueda del beneficio a corto hacen que las personas no siempre tomen las mejores decisiones. En pleno auge de los populismos, recuerda la facilidad con la que se puede renunciar a políticas económicas sólidas, en un contexto en el que además se verá mermada la capacidad de crecimiento por el envejecimiento de la fuerza laboral y el declive de la globalización. Así nace el Consejo de la Productividad de España, un organismo que deberá tener la vocación de Pepito Grillo, en línea con el Banco de España y la Autoridad Fiscal, para recordarle a gobiernos, políticos y ciudadanos que, más allá del cortoplacismo y la refriega política, hace falta pensar en el largo plazo y diseñar iniciativas para mejorar la productividad y la competitividad.

El Gobierno ha divulgado en audiencia pública el borrador del real decreto con el que se constituirá el Consejo de la Productividad, una institución que se origina por una recomendación europea y que ya ha sido creada en la mayoría de países del euro para hacer un diagnóstico de la evolución de la productividad y la competitividad. Llama la atención que entre los mandatos que fija el decreto tendrá el de analizar la inteligencia artificial y su impacto. Deberá estudiar políticas públicas que ayuden a maximizar sus efectos positivos a la que vez que se minimizan los negativos. En medio de la incertidumbre sobre su desarrollo y los efectos que tendrá, España se dota de una institución independiente que, entre otras misiones, tratará de examinar y dar respuesta a este fenómeno.

Cuando se agota el espacio que tiene una economía para crecer, es vital mejorar la formación, la innovación, las inversiones, la tecnología, la organización empresarial, la competencia o atajar la burocracia y las barreras legales al crecimiento empresarial. El decreto también habla de analizar los factores que afectan a los precios y calidad de los bienes y servicios. En definitiva, cómo se organizan los recursos de los que se dispone para producir más con lo mismo. A largo plazo, la productividad es el determinante de los ingresos y salarios reales. Según un estudio del Observatorio de la Productividad y Competitividad de la Fundación BBVA y el Ivie, la productividad del trabajo por hora en España ha tenido desde el año 2000 una evolución peor que la de los países europeos: mientras que en la UE ha subido un 1,05% al año, en España ha crecido un 0,77%. Y eso ha provocado que, con 42,7 euros por hora trabajada, ahora esté algo por debajo de la media de la Unión. En Estados Unidos ha avanzado al 1,4% anual.

El marco legal que establece el decreto es apropiado para desarrollar el Consejo de la Productividad en la medida en que se garantiza la independencia de los miembros que lo integrarán. Habrá una presidencia nombrada por Economía, una vicepresidencia designada por Trabajo, y los dos tendrán que ser nombramientos basados en su experiencia, competencia y capacidad de comunicación. El consejo se constituye además con cinco vocales elegidos respectivamente por los ministerios de Hacienda, Transformación digital y Ciencia, el Banco de España y el Consejo Económico y Social. Otros cinco serán escogidos por los dos presidentes y deberán ser economistas de reconocido prestigio académico. Participarán además dos consejeros, con voz pero sin voto, puestos por los sindicatos, y otros dos en las mismas condiciones por las organizaciones empresariales. Su composición será paritaria. Y el director de análisis económico del ministerio será el secretario con voz pero sin voto.

La independencia también se garantiza porque la duración de las presidencias y vocalías será de cinco años sin posibilidad de renovación para el mismo cargo. Y las decisiones se tomarán por mayoría simple. El voto de calidad del presidente dirimirá los empates y se podrán dar votos particulares. Elaborarán un informe anual y podrán emitir opiniones e informes sobre lo que consideren oportuno. Cuando se les solicite, podrán valorar políticas públicas. Dispondrán de un acceso garantizado a la información, podrán contratar trabajos de fuera y serán autónomos en la elaboración de su plan de trabajo y en la selección de ámbitos de estudio.

De todas formas, la independencia dependerá de cómo se ponga en práctica, puesto que la institución colgará de Economía y su presupuesto dependerá tanto de Economía como de Hacienda. El nuevo organismo aprovechará el apoyo logístico y técnico del Ministerio de Economía, dice el decreto. El Observatorio de la Productividad de la Fundación BBVA y el Ivie recuerda que algunos de estos consejos operan limitados por presupuestos insuficientes y que es importante el apoyo del Gobierno proporcionando los datos necesarios.

“El futuro consejo debería contemplar actuaciones contra los bajos niveles de esfuerzo inversor, situado un 17,3% por debajo de la media europea, en particular en los intangibles. Debería contribuir a reducir las brechas en habilidades de los trabajadores, incluidas las digitales, así como potenciar las tecnologías digitales en las empresas y buscar fórmulas para reducir las diferencias de productividad entre empresas líderes y rezagadas y entre regiones”, recomienda el observatorio de la Fundación BBVA y el Ivie. Y añade que debería contrarrestar las presiones que surjan contra aquellas reformas que favorezcan la productividad y alertar de los costes de no adoptarlas.

La creación del Consejo de la Competitividad “es un requisito imprescindible para recuperar la senda de convergencia real de España con el resto de la zona euro” y “ayudará a mejorar la calidad institucional”, señala Economía. Otras cuestiones llamativas que se reclaman a la nueva institución es que valore “las implicaciones distributivas” o “las rigideces del mercado laboral” en sus estudios sobre la productividad y la competitividad. Y un elemento positivo es que comparecerá en Cortes, algo que le fue vedado de inicio a la Autoridad Fiscal para dar su opinión sobre los Presupuestos.

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