Bélgica quiere rebajar la ley europea que exige a las empresas mayor respeto de derechos humanos y medioambientales

Tras varias semanas de bloqueo, los Veintisiete se disponen a aprobar, tan pronto como este viernes, la ley europea que busca obligar a las grandes empresas a velar mejor por el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de sus cadenas de suministro. El precio, no obstante, será alto: para lograr el voto favorable de Francia y conseguir así la mayoría cualificada necesaria para su aprobación, la presidencia de turno belga del Consejo de la UE propone rebajar más aún la cifra de compañías que se verán afectadas por la normativa.

En su nueva versión, que ha podido consultar EL PAÍS, la ley, pactada inicialmente durante la presidencia europea española, incluye además un guiño a los agricultores que protestan por toda Europa, al señalar que con la ley se busca “abordar las prácticas de compra nocivas y las presiones en los precios sobre los productores, especialmente los pequeños”.

Según la propuesta belga, la Directiva de Diligencia Debida sobre Sostenibilidad Corporativa (CSDDD, por sus siglas en inglés) se aplicaría solo a las empresas el doble de grandes de lo inicialmente previstas: con más de 1.000 empleados (en vez de 500, como se fijaba originalmente) y un volumen de negocios superior a 300 millones de euros (antes eran 150 millones).

El texto de compromiso, que además alarga los plazos para trasponer la normativa, también elimina, entre otros, la mención a que se aplicará la ley a empresas más pequeñas que operan en sectores especialmente sensibles a violaciones medioambientales o en materia de explotación infantil como son el textil, la minería, agricultura (incluida la pesca y la explotación forestal) o la construcción, un extremo que había sido especialmente celebrado por organizaciones defensoras de los derechos humanos. De hecho, uno de los impulsos tras la normativa era que no se volvieran a repetir tragedias como las de Rana Plaza, el complejo fabril en las afueras de Dhaka (Bangladesh) que colapsó hace una década, causando 1.130 muertos y más de 2.500 heridos y provocó un revulsivo internacional sobre las condiciones laborales sobre todo en la industria textil.

Tras las protestas del campo, el nuevo texto hace un guiño al sector: “Para abordar los desequilibrios de poder en el sector agrícola y garantizar precios justos en todos los eslabones de la cadena de suministro de alimentos y fortalecer la posición de los agricultores, los grandes procesadores y minoristas de alimentos deben adaptar sus prácticas de compra y desarrollar y usar políticas de compra que contribuyan a salarios e ingresos dignos para sus proveedores”, señala un nuevo punto. Al ir dirigida solo a las grandes empresas, la normativa, afirma, protege a los productores con “menor poder de negociación”. Los productores europeos quedarán además protegidos “de una competencia injusta y de prácticas dañinas por operadores dentro y fuera de la Unión”.

Fuentes diplomáticas defienden la nueva protesta como un “equilibrio extremadamente delicado” para conseguir un acuerdo aceptable por todos los Estados miembros y también la Eurocámara, que también debe aprobar la versión modificada. La presidencia belga han subrayado que, aunque el tema está previsto en la agenda de la reunión de embajadores del viernes, no es seguro que acabe incluido. Pero otras fuentes diplomáticas cuentan con una votación el viernes, ya que existe un riesgo de fracaso de la directiva al menos durante este mandato por lo corto de los plazos: la Eurocámara solo tiene de tiempo para dar su propio visto bueno hasta abril, fecha del último pleno antes de la disolución del hemiciclo de cara a las elecciones europeas de junio.

La CSDDD establece una serie de obligaciones para las grandes compañías respecto a impactos “actuales y potencialmente adversos” en materia de derechos humanos, especialmente en materia de explotación infantil, y medio ambiente de sus propias operaciones, pero también de sus subsidiarias y de las realizadas por sus socios empresariales, y prevé multas de hasta un valor no menor del 5% del volumen de negocios mundial neto de la empresa infractora. El texto ya había salido debilitado de las negociaciones para fijar un texto común entre Estados y Parlamento, cerradas en diciembre, en los últimos días de la presidencia española europea: para lograr el acuerdo provisional, se excluyó de la ley a los servicios financieros, como denunciaron varias ONGs.

Tras el acuerdo en trílogos, como se denomina a estas negociaciones, solo quedaba la ratificación final por parte de los Estados y la Eurocámara. Un paso que se consideraba prácticamente un trámite protocolario hasta que, el año pasado, a partir de la normativa para acabar con los motores de combustión en 2035, Alemania, cuyo gobierno de coalición mantiene graves diferencias internas en cuestiones medioambientales, empezó a intentar cambiar contenidos de leyes ya acordadas en el último momento, sentando un peligroso precedente que se ha repetido ahora: a comienzos de febrero, la presidencia belga se vio obligada a retirar la votación sobre la CSDDD porque Alemania, que por su peso es un país clave en las votaciones, advirtió de que se abstendría —lo que equivale en estos votos a un no— alegando que la directiva impondrá más cargas burocráticas a las empresas.

La oposición germana abrió las puertas a que hasta una docena de países también se echaran atrás, especialmente Italia y Francia. Sin uno de estos grandes países, no se sumaba la mayoría necesaria. París exigía, para cambiar su voto, que se aumentara aún más el tamaño de las empresas afectadas por la ley (a 5.000 asalariados), lo que, según la ONG Amigos de la Tierra, habría supuesto excluir al 80% de las compañías inicialmente previstas para su aplicación. El bloqueo se constató el 28 de febrero, cuando Bélgica reconoció que no lograba sacar adelante la directiva y anunció que se tomaba un tiempo para “considerar la situación y ver si es posible considerar las inquietudes presentadas por algunos Estados miembros, en consulta con el Parlamento Europeo”.

El acuerdo ahora alcanzado es menor a la exigencia original gala pero, aún así, supondrá una fuerte rebaja: según cálculos oficiales, la directiva original habría afectado a 16.389 empresas, mientras que la propuesta ahora cubrirá a solo 6.838 compañías, es decir, un 58% menos de lo inicialmente previsto.

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