Casi un millar de agricultores reclaman 36 millones a la industria del algodón que creó un cartel para limitar los precios

La cólera del campo tiene ejemplos muy claros que evidencian por qué los agricultores son el eslabón de la cadena más maltratado. El último es sangrante: más de 900 agricultores andaluces reclaman en la justicia unos 36 millones a la industria del algodón, que hace 20 años creó un cartel para concertar precios de mercado y pagar de menos a los productores, según dictaminó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2013 y ratificó más tarde la justicia.

“Todo el mundo nos ataca y esto es una ruina. Si una hectárea suele dar 4.500 kilos de algodón, este año he cogido 1.520 kilos, poquísimo, porque no ha llovido. Ahora no hay que poner dinero de antemano para recuperar lo que nos quitaron hace años, porque el abogado está seguro de que ganará el pleito”, explica Felipe López, con casi 10 hectáreas de algodón en Las Cabezas de San Juan (Sevilla). Este agricultor es uno del millar corto que en Andalucía -que aglutina el 99% de la producción algodonera nacional junto al 1% de Murcia- se han unido a la demanda colectiva para recuperar el capital -más intereses- que no cobraron entre 2004 y 2012 por el concierto ilegal de la industria para fijar los precios de mercado. La cifra de litigantes aumentará el próximo trimestre hasta que a finales de mayo cumpla el plazo para sumarse, porque los agricultores perjudicados fueron 6.800 repartidos a lo largo de la cuenca del Guadalquivir.

Una quincena de empresas desmotadoras -que reciben el algodón bruto y embalan las fibras de algodón procesado para la industria textil- se concertaron para fijar precios, repartirse el mercado y excluir a nuevas empresas en una “infracción única, continuada y muy grave”, según decretó la Sala de Competencia de la CNMC hace una década. La multa global por concertar precios, que llegó incluso al cuarto decimal en el importe económico de anticipo pagado en alguna campaña, solo ascendió a 900.000 euros, que además fue rebajada en 2019 por el Tribunal Supremo a 400.000 euros. “El fin era consensuar y adoptar una estrategia común, mediante acuerdos de voluntades, para controlar el mercado”, censuró el organismo de vigilancia sobre la industria algodonera, que vulneró la Ley de Defensa de la Competencia.

Teresa (nombre ficticio) posee 60 hectáreas en la vega de Jerez de la Frontera (Cádiz) y Lebrija (Sevilla), y está furiosa por el “monopolio” que contamina el campo y que considera vigente: “Todo el mundo tiene los mismos precios, céntimo arriba céntimo abajo, da igual donde te dirijas, siempre te engañan y no tienes margen de quejarte. He vendido a Indesa y Algosur [ambas compañías multadas], las dos igual de golfas. Y en el trigo igual, hace dos años me pagaron a 400 euros la tonelada de trigo, ahora a 160. ¿Crees que nos manifestamos por gusto?”, interroga.

Para recuperar su dinero, unos 10 céntimos de euros por kilo, los agricultores solo tienen que demostrar los kilos que vendieron durante esos nueve años, que fueron certificados por la Junta, y luego aportar un informe pericial para calcular el precio pagado en ausencia de cartel mediante un informe denominado contrafactual.

Con una pérdida calculada de 10 céntimos por kilo, un rendimiento medio de 3.000 kilos de algodón por hectárea y una finca media de 10 hectáreas, el dinero medio que reclame cada agricultor rondará los 40.000 euros —al ser unos 900 agricultores, el total a indemnizar alcanzaría los 36 millones— tras 11 años de intereses desde que en 2012 acabó supuestamente el amaño de precios de mercado, según cálculos del bufete Redi Abogados, que impulsa la demanda colectiva.

“La mayoría de víctimas no saben que fueron víctimas, es el problema que atañe a todos los carteles, como el de los fabricantes de automóviles o el de la leche. Esperamos llegar a los 2.000 agricultores, pero más allá será complicado porque no conocerán la demanda. El campo es un sector muy castigado y algunos agricultores tienen miedo de no poder colocar su algodón el año que viene. Además, a la gente no le gusta litigar”, resume Albert Poch, abogado de los agricultores litigantes, que cobrará un 35% del importe recuperado si la demanda prospera, sin que estos tengan que adelantar dinero de antemano.

Desde la cooperativa Coesagro, que forma parte de la multada Coalsa, su consejero delegado, Fernando Rodríguez, echa balones fuera: “De momento no tenemos ninguna reclamación sobre la mesa, solo sabemos que hay un runrún popular. Ya nos sentaremos porque estamos con el agricultor”, defiende, antes de admitir que su compañía no pidió disculpas a sus algodoneros suministradores de materia prima pese a la firmeza de la sanción, ratificada por el Supremo y la Audiencia Nacional. José Tejero, presidente de Las Marismas de Lebrija, también integrada en Coalsa, alega: “Ahora no pactamos precios, pero si el agricultor pregunta, los precios tarde o temprano se alinean”.

En los carteles descubiertos en el campo hasta ahora en España siempre son pocos compradores y muchísimos y dispersos vendedores, lo que provoca la distorsión del mercado. En el caso del algodón llueve sobre mojado porque el mismo ramillete de empresas desmotadoras fue sancionado ya en 1997 -en este caso un total de 21 compañías- por el Tribunal de Defensa de la Competencia por concertar precios. Solo 16 años después, volvieron a las andadas, según dictaminó la CNMC. “Al ser el algodón un cultivo subvencionado, las desmotadoras se aprovechan de ello y compran el producto a precio de coste de producción o incluso por debajo, dado que el suelo retributivo del agricultor lo marca el importe de la subvención”, ilustra Poch.

Los agricultores consultados se quejan de que las organizaciones agrarias son conniventes con las desmotadoras y no les apoyan para recuperar su dinero. COAG en Cádiz organizó una charla para informar, pero tras convocar una segunda, la aplazó. “Creo que habrá acuerdos extrajudiciales antes de llegar a juicio, porque si se pagan esos millones que se piden, habrá desmotadoras que deban cerrar. La gente ya sabe que la reclamación está en marcha. Eso sí, yo no reclamaré como agricultor algodonero porque me tiraría un tiro en el pie en un sector tan pequeño”, afirma José Luis Ibáñez, secretario de organización de COAG en esta provincia andaluza. Las tres organizaciones -Asaja, COAG y UPA- han alojado una reunión informativa cada una en un territorio que abarca cuatro provincias y 5.111 algodoneros según el último censo agrario de 2020, lo que no parece suficiente y hará que muchos agricultores desconozcan su derecho a reclamar.

El procedimiento sancionador de la CNMC incluyó actas de la empresa Las Marismas de Lebrija para fijar el precio de salida en la compra de algodón bruto y correos electrónicos de la antigua patronal AEDA “para consensuar y difundir los referentes a las tablas de corrección de precios”, reza su resolución. En años sin la sequía extrema actual, Andalucía produce el 17% del algodón de la Unión Europea, pero toda la producción europea solo representa el 1,5% de la producción de fibra de algodón mundial, con la industria textil deslocalizada principalmente en el sudeste asiático.

El sindicato UPA dio el primer aviso de denuncia para que la investigación de la CNMC echara a andar. Azucena González, secretaria general de UPA en Cádiz, alega que “Asaja y COAG se han desligado” del proceso, y defiende que su sindicato cedió instalaciones para una primera reunión informativa en Rota (Cádiz) el pasado verano, aunque el proceso judicial de reclamación económica excede de sus competencias. “Estas prácticas ilegales les salió a cuenta a las desmotadoras, porque la condena final del Supremo respecto al lucro obtenido fue irrisoria”, añade González. Si la producción en España de algodón bruto fue en 2010 de 38 millones de kilos, con un lucro estimado de 10 céntimos de euro por cada kilo según un informe pericial, el beneficio obtenido por las desmotadoras durante nueve años pudo alcanzar los 34 millones de euros, 85 veces el valor de la multa final impuesta por la justicia, de 400.000 euros.