Claves | Señalar a empresas que incumplan la ley de precios y las otras 17 medidas para apaciguar al campo

El ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, Luis Planas, ha puesto sus cartas sobre la mesa. Tras la reunión de este jueves con las agrupaciones agrarias profesionales (Asaja, COAG y UPA), presentó una batería de 18 iniciativas para aliviar el malestar del campo. Entre otras medidas, ha decidido elevar la Agencia de información y control alimentarios (AICA) a nivel de agencia estatal, para dotar a la organización de más recursos para un mejor control de los precios. También ha anunciado la optatividad del cuaderno digital y el veto de productos que contengan sustancias no autorizadas en la Unión Europea, así como más control en los alimentos que llegan desde terceros países. La mayoría de normativas deberán ser discutidas en Bruselas para que puedan entrar en vigor, tal y como admite el Ministerio de Agricultura en el caso de la simplificación de la Política Agraria Común (PAC). Otras medidas, que requieren desarrollos legislativos “pueden llevar meses”, añaden en el departamento. Por eso los expertos de las organizaciones agrarias dudan sobre la efectividad de algunas de las iniciativas anunciadas y piden ir un paso más allá en otras. Estas son, repartidas en siete ejes, las 18 medidas con las que el Gobierno quiere apaciguar al campo español:

Reforzar la ley de la cadena alimentaria

1. Planas ha propuesto elevar la actual Agencia de Información y control alimentarios, conocida como AICA, a nivel de agencia estatal, lo que en teoría permitirá a la reformada entidad contar con más presupuesto y más personal para vigilar pagos justos entre los eslabones de la cadena alimentaria. Especialmente a los agricultores, el tramo más frágil. Sin embargo, José Ugarrio, técnico de la organización Asaja experto en la ley de cadena alimentaria, explica que el refuerzo de personal no se traduce necesariamente en una mejora de la norma, que prohíbe pagar a los productores por debajo de los costes de producción. Defiende que el problema de fondo es más complejo y está ligado a la desigualdad de poder entre quien vende, generalmente un agricultor o ganadero, frente a una industria, grandes intermediarios o un grupo de distribución.

Ugarrio especifica que ante la gran cantidad de vendedores y el decreciente número de plataformas compradoras —sumado a que se trata de productos perecederos que no se pueden almacenar—, los agricultores carecen de margen para negociar, por lo que muchas veces aceptan el precio del distribuidor, incluso si está por debajo de los costes de producción.

2. También se pondrán al día los planes de inspección de oficio. Cualquier entidad podrá requerir ante la AICA una inspección cuando detecte un caso de malas prácticas, señala Ugarrio. Antes, el proceso tenía que ser realizado exclusivamente por un agricultor o ganadero afectado por irregularidades en un contrato en específico.

3. Planas ha anunciado igualmente la publicación del total acumulado en sanciones graves y muy graves por incumplimientos de la ley de la cadena alimentaria. Esto se traduce, según el técnico de Asaja, en que ahora se podrá conocer el nombre de la entidad o las entidades sancionadas y que, por tanto, han incurrido en malas prácticas e incumplido la normativa.

4. España también propondrá a la Comisión Europea que se tome como modelo la ley de cadena alimentaria para la actualización de la normativa sobre prácticas comerciales desleales en la región.

5. Además, el Gobierno ha propuesto como medida para reforzar la normativa de precios una mejora en la coordinación con las comunidades autónomas, con amplias competencias en materia agraria, pero también de Consumo.

Simplificación de la Política Agraria Común (PAC)

6. El Gobierno va a trasladar al Consejo de Ministros del próximo día 26 la simplificación de la normativa titulada Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM), que son 10 requisitos impuestos desde Bruselas, incluidos dentro de la Política Agraria Común (PAC), y creados con el objetivo de que las prácticas agrarias no perjudiquen al clima, medio ambiente y bienestar animal.

En concreto, se propondrá derogar temporalmente la rotación de cultivos y la norma que estipula dedicar un 4% a superficies no productivas para la campaña 2024. Además, se solicitará la posibilidad de que un cultivo secundario compute como año de rotación. También se propondrá permitir el laboreo vertical y el abonado en verde.

Ignacio López, técnico experto de la PAC y miembro de Asaja, explica que no tiene sentido que se exija que se deroguen practicas exclusivamente en cultivos de regadío, cuando el 70% del territorio está compuesto por cultivos de secano. También destaca que, en el caso de que los cambios lleguen a aprobarse, serán de carácter temporal, puesto que son derogaciones y no modificaciones generales del reglamento.

7. En lo relativo a la simplificación de los trámites de la PAC, Planas pedirá que se elimine la inclusión de una foto georreferenciada en los informes que los agricultores envían periódicamente para que se aprueben sus ayudas.

Los beneficios por ser parte del régimen simplificado, lo que se traduce en menores controles, se podrán obtener para las explotaciones que perciben hasta 5.000 euros en ayudas. De momento, para ser parte de este régimen el límite se sitúa en los 1.250 euros.

8. Se ampliará el catálogo de los ecorregímenes, la nueva figura de la PAC introducida este año, que remunera las prácticas beneficiosas para el medio ambiente. La intención de la UE con estos espacios es que la explotación de los cultivos mantenga un equilibrio con la fauna y la flora local.

9. Una de las medidas más demandadas por los agricultores ha sido la supresión del cuaderno digital. Finalmente Planas ha anunciado que dará un paso atrás en cuanto a exigir de manera obligatoria el uso de esta tecnología a los agricultores. Sin embargo, también ha adelantado que se habilitarán medidas para incentivar su puesta en práctica. Aún no se ha anunciado qué incentivos serán.

Cuestiones comerciales

10. El ministro de Agricultura se ha comprometido a defender en cualquier instancia el principio de reciprocidad en la utilización de productos fitosanitarios: si un plaguicida está prohibido en la UE, no deberá estar presente en ninguno de los alimentos importados.

11. Además, Planas anunció que España no permitirá la comercialización de cualquier producto que contenga sustancias prohibidas en la Unión Europea, siempre y cuando estos no estén regulados por el límite máximo de residuos (LMR) al que están sujetos todos los alimentos destinados al consumo humano en la UE.

12. El Gobierno pretende trasladar a la Comisión Europea la necesidad de establecer una coordinación más eficiente a los países integrantes de la unión aduanera. El principio de reciprocidad es una de las medidas más demandadas por los agricultores, pero también genera dudas su implementación. Javier Alejandre, miembro del gabinete técnico de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), considera que la coordinación entre los países comunitarios es fundamental: “De nada sirve que nos pongamos duros en el puerto de Algeciras si en Róterdam dejan que pase todo”.

13. Asimismo, España, por su cuenta, reorganizará la inspección en las fronteras para mejorar la eficacia de los controles.

Seguros agrarios

14. El Gobierno ofrece reforzar el apoyo a la contratación de seguros agrarios con una línea de ayudas por valor de 284,5 millones de euros. El ministerio ha asegurado que también realizará las aportaciones necesarias para adaptar las diferentes líneas de seguros a las inclemencias climáticas.

Se trata de subvenciones que ya existían. De hecho, bajan su cuantía en comparación con el año pasado, cuando el Ejecutivo destinó 317 millones a este tipo de ayudas. Alejandre comenta que desde el Ministerio achacan este descenso a un mero “ajuste presupuestario”. Además, el técnico de UPA reclama una mayor implicación de las comunidades autónomas a la hora de ayudar a los agricultores y que sus aportaciones en este sentido suban al 25% como mínimo: “Este es un problema compartido. En Murcia, el Gobierno regional tiene un 3% de participación en estas ayudas mientras que la Generalitat Valenciana tiene un 27%. Hay margen de subida”, defiende.

Gasóleo profesional

15. Se mantiene la reducción en el impuesto de hidrocarburos para el gasóleo de uso agrícola, con un tipo de 3,3 céntimos por litro, frente al general de 37,9 céntimos por litro.

16. Además, durante 2024 se mantendrá la vigencia de las reducciones del 35 % de la factura del gasóleo y en un 15 % de plásticos y fertilizantes en el método de estimación objetiva del IRPF, una de las medidas extraordinarias aplicadas por el Ejecutivo para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania. Esta exigencia no se había planteado al Gobierno por considerarse una directiva dependiente de la Comisión Europea, pero Alejandre achaca al eco de las protestas alemanas y francesas su inclusión en el paquete que ha ofrecido el Gobierno.

Iniciativas para el relevo generacional

17. Convocatoria de una conferencia sectorial específica para abordar la incorporación de jóvenes al campo español. Planas recordó que la PAC destina 220 millones de euros anuales en ayudas para el relevo generacional. Pero Alejandre comenta que, en realidad, este cambio de paradigma está en manos de las comunidades autónomas y reconoce que todos los actores se encuentran trabajando conjuntamente en medidas concretas que favorezcan el rejuvenecimiento del sector. Una de las acciones que propone UPA es la de incentivar el traspaso de tierras mediante la compra de las explotaciones a los propietarios en edad de jubilación y la venta a los jóvenes agricultores

Foro de ganadería extensiva

18. Por último, el Ejecutivo ha propuesto la creación de un foro de ganadería extensiva, previsto para la primera quincena de abril, el que se abordarán los principales problemas que afronta este sector, como los bajos rendimientos tras más de dos años de sequía y un complicado escenario sanitario.

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