La inmigración salva el empleo

Arrecian las voces contra los supuestos peligros asociados a la inmigración. Normalmente sin cuantificarse. Y cuando se alude a cifras se usan, como máximo, índices de delincuencia trucados. Así que es hora de debatir seriamente —con datos, como los del INE y la Seguridad Social usados en este texto— sobre la realidad económica y social de la inmigración.

Seguramente la principal aportación del flujo de inmigrantes es al empleo. Y por tanto, al crecimiento económico, que se ha basado sustancialmente en el aumento de la ocupación laboral. En los últimos seis años, desde 2018 —medio ejercicio de Mariano Rajoy, medio de Pedro Sánchez—, hasta final de 2023, la inmigración ha contribuido exponencialmente a una revolución del empleo.

Una revolución que ha catapultado a la población afiliada a la Seguridad Social por encima de los 20,8 millones de trabadores, cifra inimaginable a mitades de los años ochenta, cuando el reto era romper el tope maldito de los 12 millones.

Así, en seis años se han creado casi dos millones de nuevos empleos —desde la reforma laboral, crecientemente fijos—, concretamente 1,8 millones, a un ritmo medio, pues, de más de 300.000 empleos netos nuevos anuales.

Hay que subrayar además que uno de los años del sexenio, el 2020 —cuando la pandemia paralizó al país y al mundo—, fue negativo, pues registró la pérdida de 213.203 puestos de trabajo. Y que el primero y el último de los años considerados (2018 y 2023) registraron el segundo y tercer puesto en creación de ocupación.

Cada uno de ellos por encima del medio millón: el primer puesto correspondió a 2021, con cerca de 800.000, por el rebote del coronavirus. Es de especial interés 2023, por cuanto marca una inercia positiva cuando se otea una desaceleración pronunciada del PIB y del empleo.

Pues bien, casi un tercio (un 26,8%) de los 1,8 millones de empleos creados, corresponde a inmigrados (675.927).

Para hacernos una idea de hacia dónde va el futuro de esta tendencia, nada mejor que examinar su velocidad, recurriendo a un pasado aún más largo: desde 2014 hasta hoy, la población laboral de origen extranjero ha crecido un 76%.

Y su incremento desde 2018 alcanzó un total del 33,4%, o sea un ritmo medio anual cercano al 5,6%, frente al 7,6% promedio del período de once años 2014-2023, lo que indica un crecimiento sostenido.

Más significativo aún resulta comparar que en el sexenio desde 2018, ese 33,4% de mayor número de inmigrantes ocupados triplica el incremento del conjunto de todos los afiliados a la Seguridad Social (20,83 millones en 2023 sobre los 19,02 millones de 2018). Así, se ha llegado a que el componente inmigrante suponga el 13% de la población laboral.

En 2023, aproximadamente un tercio de ese componente provino del resto de la Unión Europea; y otros dos tercios, de otros países. Los que más aportan son Rumanía y Marruecos, cada uno con más de 300.000 personas. Y se abre paso Ucrania, con 66.235.

Parece destacable que la cuantía de estos fenómenos laborales, comprimidos en un plazo relativamente corto, no haya suscitado reacciones sociales de inquietud o rechazo de cierta envergadura. Van asociados a otro más global: la población inmigrante en España ha crecido 1,5 millones desde 2018, hasta 6,5 millones del total de 48 millones. El 97,48% de su aumento en 2023 correspondió al flujo migratorio. En Cataluña se ha pasado de los publicitados seis millones de 1987 a ocho millones, precisamente en 2023, por la misma razón.

Y el caso es que se necesitará aún mucho más esa aportación, si se pretende que la economía funcione —y siga mejorando— en muchos sectores y actividades.

El ministro José Luis Escrivá reiteró en numerosas ocasiones cuando era titular de Seguridad Social que este país necesitaba millones y millones de inmigrantes para cubrir la brecha entre trabajadores y pensionistas: de estos últimos se contabilizan muy pocos de origen extranjero.

Y un reciente estudio de la Fundación BBVA con el Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (Esenciales, 07, noviembre 2023) estima que para 2050 harán falta 6,4 millones de afiliados si se pretende alcanzar el déficit cero en el sistema de pensiones contributivas.

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